No ha sido suficiente con la historia de confrontaciones en los municipios de la zona de incidencia del proycto hidroelectrico ni con los procesos de desalojo y repoblamiento que se han dado a partir de estos; la guerra entre liberales y conservadores y el marco de exclusión política impuestos; las disputas por los territorios entre diferentes actores armados al margen de la ley y entre el Estado y las guerrillas; hasta las historias de peleas entre grandes familias por muchos conocidas y hasta consideradas como tradicionales.
Ahora, el proyecto hidroeléctrico Ituango, genera y motiva nuevas confrontaciones entre los habitantes de la zona, debido en gran parte a la ausencia de información, a la poca claridad en las políticas y criterios para negociar con los distintos sectores económicos (propietarios de tierras, mineros, transportadores, etc.). En el caso de los mineros, por ejemplo, se viene desarrollando una campaña de estigmatización de los no censados, los señalamientos públicos en torno a la ilegalidad y el financiamiento por parte de estos a grupos subversivos no se han hecho esperar, así como tampoco sus repercusiones en la zona. A los censados o “carnetizados” los han utilizado los funcionarios para “delatar” a quienes no sean mineros, bajo pretexto de que este acto garantiza la compensación económica, de hecho la población minera se encuentra dividida y en algunos casos enfrentada, fruto de la falta de respeto por parte de Hidroituango al desencadenar estas confrontaciones y evadir reconocer, indemnizar y compensar a todos los tipos de mineros del rio Cauca. En un juego desmedido, el contacto permanente de los funcionario de Hidroituango con los “censados” ha generado cierta complicidad latente, que permea a los restantes grupos excluidos, esta “confianza” les permite a los “censados” señalar cual si fueran jueces, el comportamiento de los demás mineros, incluso conociéndoles desde siempre, para congratularse con los funcionarios.
No bastando con esta situación ya peligrosa para los afectados por el proyecto, Hidroituango contrata jóvenes de la zona para prestar el servicio de vigilancia privada, y según los mismos vigilantes, tienen la orden de no permitir el ingreso a algunas de las playas, así como de registrar minuciosamente la permanencia o no de mineros y mineras en la zona, deben saber quién entra, cuando entra, porque razones, incluso saben que llegado el momento, como ya ha sucedido, deben desalojar a los mineros y mineras de las playas “cuando llegue la hora”, como parte del objetivo de su trabajo. Estos hechos ya han generado enfrentamientos entre vigilantes y población minera, uno de los vigilantes nacido en la zona, renunció porque no podía creer lo que le estaban haciendo a personas que conocía de toda la vida.
El errado manejo social se evidencia en cada paso que ha dado el proyecto, la falta de escrúpulos está llegando a límites insospechados, al ser capaz de manipular las necesidades de campesinos, mineros y jóvenes de la zona y enfrentarlos por una indemnización o salario que no compensa en nada las consecuencias de la guerra que han vivido, donde han sido víctimas de los grupos subversivos, de la más cruel arremetida paramilitar que logró desplazar y desalojar en la década del 90 a todos los pobladores que habitaban en la ribera del río Cauca, desde Santa Fe de Antioquia hasta Puerto Valdivia, a través de asesinatos selectivos, masacres (El Aro), bloqueos económicos, entre otras acciones, que permitieron que hoy los sobrevivientes y los que han retornado no estén preparados para defender sus derechos frente a un proyecto que viene prometiendo desarrollo, empleo y dinero a los habitantes de los municipios de la zona de influencia del proyecto.
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