Mujer y proyectos minero energéticos

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS DE AMÉRICA LATINA
 
En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.
 
Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:
 
  1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.
  1. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.
  1. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.
  1. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.
  1. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejuiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.
  1. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.
 
El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:
 
  • La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.
  • La megaminería se acompaña de bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.
  • La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva, de las fumigaciones y de la alta presencia de personas foraneas en los territorios. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.
  • Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de trabajadores de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.
  • La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.
  • A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras y de producción energética donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.
  • Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.
 
En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:
 
  • Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.
  • La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.
  • La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.
  • La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.
  • La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.
  • Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.
  • Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.
  • Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.
  • Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.
 
Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.
Bogotá, 12 de octubre de 2011
 
Acción Ecológica - Ecuador 
Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Afrosiso, Cauca
Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia
Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia
Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia
Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador
Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia
Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia
Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala
Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia
Cinturón Occidental Ambiental, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear, Colombia.
Comité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia
Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia
Conciencia Campesina, Colombia
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia
Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia
Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia
Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia
Corporación CEAM, Colombia
Ecotierra, Tolima, Colombia
Feminas Nomadas, Guajira, Colombia
Fundación Mujer y Vida, Colombia
Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia
Fundación Synergia
Fundaexpresión, Santander, Colombia
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú
Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia  
Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia
Proceso de Comunidades Negras, Colombia
Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia 
Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia
Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería
 
 

            EL DESPOJO COMO PROGRESO


            Pescadero Ituango, más conocido como Hidroituango es el nombre del proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia, cuya construcción se inició en 2010 y entrará en funcionamiento según las previsiones de la empresa constructora en el 2018.

            La presa y la casa de máquinas del proyecto Hidroituango estarán ubicadas al occidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, a unos 171 kilómetros de la capital de este departamento, Medellín, en tierras de los municipios de Briceño, Ituango y Toledo. La presa estará construida en enrocado con núcleo de tierra, tendrá una altura de 220 metros y creará un embalse de 70 kilómetros de largo, que contendrá hasta 2.720 millones de metros cúbicos de agua. La casa de máquinas tendrá instaladas 8 turbinas, capaces de generar 2.400 MW, lo que la convertirá en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia, y en el segundo mas grande de Latinoamerica precedida de a Represa Hidroeléctrica de Itaipú ,con una potencia instalada de 14000 MW estando localizada en un emprendimiento binacional entre Brasil y Paraguay.

            La construcción de la represa demanda la necesidad de crear vías de acceso hacia el sitio de las obras, las cuales iniciaron a finales del año 2009 con la construcción de una variante de 1,5 kilómetros que atravesará el casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia; además de ello, se construirá una vía de cerca de 50 kilómetros que conectará el corregimiento "El Valle" del municipio de Toledo con Puerto Valdivia, lo que permitirá la llegada de maquinaria proveniente de los puertos de la costa atlántica con más facilidad. La construcción de estas vías , asi como del proyecto general, es vendida a la población según la lógica del progreso y el desarrollo tecnológico y económico neoliberal en la que exclusivamente se analiza el coste-beneficio económico del proyecto y los beneficios que supuestamente esto conlleva para la población, sin realizar un análisis multicriterial que devele los consiguientes efectos en la alteración del clima; como el aumento de la humedad relativa, incremento de precipitaciones...,  en la alteración y perdida de biodiversidad debido a la inundación y posterior estancamiento de aguas, así como efectos socio-económicos como desplazamiento forzado de la población que interfiera en el proyecto por habitar en las zonas que este proyecto inundará , la destrucción de los oficios dependientes del cauce natural del rio Cauca y sus afluentes, como son la pesca y la minería artesanal, la pérdida de la valorización o plusvalía de las propiedades aledañas a las zonas de inundación...entre otros factores geológicos, geopolíticos y de privatización del agua, es decir, de la vida, que llevan a concluir que para un proyecto de esta envergadura el criterio de comparabilidad es muy débil al basarse exclusivamente en términos económicos, incentivados por las famosas locomotoras que marchan a sus anchas por toda Colombia cometiendo crímenes sociales y medio ambientales en pro del progreso.

            En total, se estima el costo de la construcción del proyecto en unos 3000 millones de doláres.

            El proyecto hidroeléctrico Hidroituango fue ideado en la década de 1960 y 1970, iniciándose su actividad en 2010.

            Desde hace más de 50 años, Antioquia tiene el sueño de generar energía en las aguas del cauca,
Fue en la Gobernación de Alvaro Uribe cuando se formalizó la empresa Hidroeléctrica Pescadero Ituango. En este tiempo a  EPM no le interesó el proyecto, por considerarlo inviable.

            En 2002, se volvió sobre el tema pues la empresa que gesto el proyecto IDEA (Instituto para el desarrollo de Antioquia) estaba escasa de recursos. De nuevo, los técnicos de EPM despreciaron el proyecto, debido a que Colombia ya estaba abastecida energeticamente  y certificaron por escrito a la Junta Directiva que Pescadero Ituango no era viable.

            Fue en 2008 con el Gobernador Ramos y el Gerente del IDEA Álvaro Vásquez(actual candidato a la gobernación de Antioquia) cuando volvieron a revivirse las expectativas de la hidroeléctrica Pescadero Ituango sacando a subasta el megaproyecto  al existir cierto interés de empresas transnacionales brasileñas para el suministro de energía destinada a la explotación de aluminio. Este interés transnacional reanimo a EPM para la posible exportación de energía 'limpia' a Centroamerica y así conseguir su afán de expansión y su consolidación como empresa transnacional aprovechando también la coyuntura de patriotismo y sentimiento de pertenencia entre la cultura paisa y esta empresa 'pública'.

            Bueno, y ¿qué ganaron el IDEA y EPM al hacerse cargo de este proyecto y no subastar al mejor postor extranjero?

            Sin duda alguna IDEA gano la capitalización de un proyecto que se venia gestando hace mas de 50 años y un lavado de imagen hacia la ciudadanía que criticaba esa perdida de liquidez debida a la inversión en el proyecto, inicialmente catalogado de inviable por los técnicos de EPM.

            Y EPM, siendo beneficiaria de una norma tributaria que le da disminución de impuestos sobre los activos productivos en los que invierta (ley 111 de 2006) y calculando que el valor inicial de Pesacadero Ituango es de .3.500 millones de dólares, EPM se ahorraría en impuestos en 10 años, cerca de 350 millones de dólares. Esta exención de impuestos le sirve solo a EPM y no a cualquier otra empresa extranjera.

            Finalmente, el pasado 30 de marzo en el auditorio del IDEA se cumplió el acto oficial en el cual EPM, a través de EPM Ituango S.A., cuyo gerente es Alvaro Vasquez, mediante contrato BOOMT (build, operate, own, maintain and transfer), asume la responsabilidad de construir, operar, poseer, mantener y transferir la Central Hidroeléctrica Ituango por los próximos 50 años.

            Este contrato ha sido catalogado por diversas personas pertenecientes al ámbito energético y de la gobernación  como una toma hostil de las acciones por parte de EPM, en las que el IDEA acorralo a EPM para la firma del contrato, aunque desde un punto de vista mas critico es mas bien una estrategia de expansión de EPM para la exportación de energía a Centroamerica, debido sobre todo al hecho significativo de que las centrales hidroeléctricas tienen un periodo de vida de entre 30 y 40 años y no tiene ningún sentido ni técnico ni económico el que se produzca una transferencia de la misma una vez pasado este ciclo de vida, es decir a los 50 años acordados en la firma del contrato. Lo que si es seguro es que en este contrato se ha especulado con un bien común,privatizando el agua y repartiéndola en acciones para los intereses de unas pocas personas, sin importar la vida de otras muchas.

            Según promotores de EPM Ituango S.A.  el proyecto generará  10000 empleos directos y unos 6000 indirectos en los municipios de la zona afectada por la construcción de la represa, que son los siguientes: Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal. Sin embargo, nuevamente, esta empresa no contabiliza los impactos negativos que causará en la población, como son los impactos laborales, ambientales y psicosociales, así como la forma excluyente y poco participativa en la que se ha gestado la propuesta del proyecto. Se estima que el desplazamiento de la población que ha generado y generará el proyecto es de unas 10000 personas, hecho que contribuirá a destruir la base productiva agrícola de la zona, contribuyendo al desarraigo cultural y a la perdida de identidad rompiendo lazos comunitarios y con el entorno. Además otras experiencias similares del país demuestran que pese a la gran producción de energía eléctrica de la central, esta se dedica exclusivamente a la exportación ,no asegurándose la energía eléctrica a las comunidades aledañas y también se ha comprobado que la construcción de estos megaproyectos en zonas rurales generan prostitución y aumento del consumo y tráfico de estupefacientes, así como alcoholismo y sus  consiguientes problemáticas sociales, hechos que según la población están  empezando a brotar.

            Otro de los argumentos utilizados por la empresa para la construcción del megaproyecto es que mediante  su realización se impulsara el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen los predios que se van a inundar y por consiguiente a toda la región de Ituango, porque según comentaron los habitantes de estos predios, varios representantes de EPM Ituango S.A.  aseguraron que este territorio representa un rastrojero, donde no existe ningún tipo de cuidado por el río, un lugar desértico donde no vive nadie ni el terreno es bueno para el cultivo. Contra estas afirmaciones la población afirma que el hecho de que no existan grandes extensiones de cultivos es debido a que los grandes terratenientes monopolizan la propiedad y para ellos es mas rentable vender esas tierras al mejor postor que cultivarlas, además de que entre el Estado y los grupos armados subversivos existe una disputa histórica por ese territorio que tiene como consecuencia inmediata la perdida de las comunidades a sus derechos, a la vida, a la tierra y al territorio, a producir, al río que provee alimento, transporte y empleo, ya que existe un sector minero importante que extrae minerales del río Cauca mediante técnicas mineras tradicionales y sustentables, y a un ambiente sano.

            Sólo en el municipio de Ituango la producción agrícola se  ha reducido en un 70%, de 25.000 habitantes, más de 16.000 han sido desplazados en los últimos años,el incremento en el costo de vida por causa de la generación de expectativas derivadas de la represa ha sido del 40% y el porcentaje de las necesidades básicas insatisfechas es del 76%. Como se puede observar el desarrollo comunitario no aparece por más que EPM Ituango S.A. se empeñe en justificarlo y privatice el río para su supuesta 'preservación'.

            En una publicación de la revista 'La Voz de Hidroituango' aparece que las personas afectadas por el proyecto a causa de realizar sus actividades en las zonas que se inundaran son 1430, este último censo fue tomado en Febrero de 2010 cuando muchos campesinos /as, ganaderos /as, mineros /as... no se encontraban presentes en su residencia debido a la continua movilidad que requiere su trabajo. Muchos mineros comentaron que la empresa que realizo el censo no visitó todas las playas. De esta forma la empresa aprovecha dicho movimiento de las personas afectadas para realizar un censo sesgado de la población para así reducir los costes asociados a las compras de predios y posteriores subsidios debidos al desplazamiento de sus tierras y trabajos. También han existido casos en los que mediante el subsidio, o algún extra,  se coacciona a una parte de la población para que acuse a sus vecinos como foráneos a las comunidades que solo acuden a estas para ser beneficiarios de la retribución económica que conlleva la compra de predios y el desplazamiento de las zonas que posteriormente se inundaran, o directamente para que los inculpen como colaboradores de grupos armados al margen de la ley.

            Los antecedentes en materia de Derechos Humanos en la zona de Ituango son desoladores. Desde finales de los 70 Ituango ha sido un territorio estratégico para los grupos armados y con la construcción de la presa los enfrentamientos se han intensificado.

Entre 1996 y 1997, los paramilitares controlaron el municipio provocando cuientos de asesinatos, desplazamientos forzados, hurtos en pequeños comercios, robos de cabeza de ganado y otras violaciones de los Derechos Humanos.Tras la masacre de El Aro, a finales de 1997, la Fiscalia produjo un informe en el que se aletaba de esta situación. Según el documento fueron ejecutadas 150 personas en frente de la iglesia de Santa Bárbara. Durante el periodo de control paramilitar se calcula que fueron más de 350 personas asesinadas en toda la región.

            En 1998 murio asesinado Jesús María Valle Jaramillo, concejal de Ituango y defensor de los Derechos Humanos tras comenzar una campaña de  denuncia al grupo paramilitar Autodefensas de Córdoba y Urabá.

            En el año 2002 volvieron a ingresar en este municipio las autodefensas realizando una autentica masacre.Violaron a mujeres, asesinaron a 15 campesinos y provocaron el desplazamiento de 190 personas. Desde ese momento los enfrentamientos entre el Ejército, los paramilitares y las FARC se volvieron más continuos.

            Tal es la situación de Ituango, que en 2007, trás un atentado que dejó a más de 50 personas heridas y 7 muertas el SAT (Sistema de Alertas Tempranas) recomendó al CIAT (Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas) mantener las medidas de seguridad y reforzar las acciones preventivas y de protección a la población civil.

            Ante este contexto historico es alarmante el hecho de que entre los municipios Ituango y Briceño se han desalojado casi 200 mineros y mineras artesanales, y a la mayoría de los propietarios de predios se les ha comprado hasta por una tercera parte del valor real su tierra. Para estos desalojos se contó incluso con la colaboración del alcalde de Briceño, que fue el  firmante del desalojo ante un coronel del Ejército, posicionándose en contra de los intereses de sus propios conciudadanos que querían conservar el territorio.

            Como muestra del rechazo popular que el megaproyecto genera en la poblacion, el 14 de Marzo de 2011 entre 4000 y 5000 personas de los municipios de Ituango, San Andres de Cuerquia, Briceño y Toledo realizaron una marcha para expresar las inconformidades de los diferentes sectores de población  afectados así como los impactos sociales, ambientales y económicos acontecidos en los inicios del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

            La situación de conflicto es latente en los territorios afectados por la construcción de la represa debido a la acusación de pertenencia y /o colaboración con el frente 18 de las FARC de gran parte de la población a través de un blog (http://colombialibresiempre.blogspot.com/) aparecido a mediados de Junio de este año en el que aparecen alrededor de 1900  personas que habitan en zonas cercanas al proyecto. En este blog aparecen los nombres, documentos de identificacion y demas datos personales de las personas acusadas. Ante este panorama se ha recurrido al derecho de petición a la Fiscalía General por parte de 405 personas de la que solo 205 han obtenido respuesta. Asimismo se han enviado 32 comunicaciones al gobernador por parte de 32 sectores organizados del municipio  pidiendo las correspondientes explicaciones sobre este hecho sin obtener respuesta alguna.

            Esta situación, sumada a la presencia histórica de grupos insurgentes, ha llevado a una fuerte militarización de la zona por parte del estado colombiano a través de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, acciones de sobra  conocido por la población ante una construcción de estas características, fomentando de esta forma el miedo para que forzosamente se abandone la tierra, como ya lo han hecho 5 millones de personas desplazadas en los últimos 45 años, y dejen paso a la lógica del progreso neoliberal en los que importa mas la seguridad y la acumulación del capital que el propio bienestar de la población y la conservación de la biodiversidad. En palabras textuales del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en su última visita a Ituango, el 1 de Septiembre del presente año, 'Vamos a cuidar la represa' obviando de esta forma toda la problemática social y medioambiental que conlleva esta afirmación.

            Se torna mas difícil, si cabe, el contexto que sufre la población ante el inicio de presencia de grupos contrainsurgentes (paramilitares) en zonas cercanas a Briceño que agudizarían la intensificación de la represión, junto con un mas que probable derramamiento de sangre de población civil, vulnerando así el Derecho Internacional Humanitario en zonas de conflicto, que traen consigo la presencia de grupos armados y enfrentados entre si.

            Además de las acciones emprendidas 'legalmente' como son las denuncias a la fiscalía, la acusación de pertenencia y/o colaboración con la guerrila a través del blog, la falta de reconocimiento de las actividades laborales y de propiedad de la tierra a través del censo sesgado por parte de la empresa y su rotunda negación a actualizar dicho censo,etc. hay que sumar acciones intimidatorias como son el derribo de ranchos mineros por no encontrarse presentes sus habitantes en un determinado momento, el corte de las garruchas que permiten atravesar el río a la población que habita las diferentes veredas, o la mas violenta de todas las acciones llevadas a cabo hasta el momento como fue el bombardeo por parte del ejercito de la zona conocida como 'el Bombillo' el pasado 12 de Septiembre, del cual, afortunadamente, no hay que lamentar ninguna víctima.

            Sumado al conflicto de la construcción de la represa por parte de EPM Ituango S.A.  ,hay incluir la operación en el Valle, corregimiento de Toledo , de otra gran transnacional como es la cementera ARGOS S.A.  La empresa cementera ARGOS S.A., perteneciente al Sindicato Antioqueño es el cuarto productor de cemento de América Latina y el primer productor de cemento en Colombia. ARGOS S.A. es un grupo empresarial que agrupa a 32 empresas colombianas y 51 empresas extranjeras, que se dedican, entre otras, a la producción de carbón, petróleo, forestales y ganadería, además de tener empresas de energía. Tiene una zona franca propia en las afueras de Cartagena y ha hecho inversiones en otros mercados, incluyendo en 2010 inversiones en megaproyectos como la expansión del Canal de Panamá, las Vías para la Competitividad, la Ruta del Sol y la expansión de la Refinería de Cartagena.

            Esta empresa ha tenido varios vínculos directos e indirectos con el paramilitarismo y ha sido beneficiario de esta estrategia en diferentes partes del país. Este vínculo recrudece la situación que se vive en el Norte Antioqueño, así como la influencia de las actividades productivas de la cementera en el corregimiento de El Valle, perteneciente al municipio de Toledo, donde ha existido un drástico descenso en las cosechas de cacao, aguacate, maíz, frijol... a causa de las canteras y el polvo que estas generan.

            Es particularmente llamativa la situación de esta zona que ha sufrido entre sus habitantes las promesas del progreso que se generarían con la actividad de esta cementera, provocándose un aumento de la población en la zona en busca de trabajo. Sin embargo en este corregimiento no existe ni tan siquiera una red de alcantarillado, situación que parece no tener solución por el momento.

            Como se puede observar la represa de Ituango es sólo uno de los problemas que sufre esta zona rica en recursos naturales, ya que también se concesionaron más de 40.000 hectáreas a empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold y Cerromatoso para la explotación de minerales preciosos a cielo abierto. Los predios fueron comprados por valores de mediados del siglo pasado $50 m2,  $150.000 Ha, bajo la amenaza de la expropiación. También se proyecta la implementación de una zona franca, que significa, cero impuestos, cero regulaciones y empleos de mala calidad.

            Para establecer sinergias y conocer las diferentes formas de resistencias entre los diferentes conflictos derivados de la política minero energética en Colombia se organizo en Ituango el Panel Nacional Itinerante el pasado  9,10 y 11 de Septiembre que aglutinó a numerosas organizaciones sociales que propenden por la defensa de los derechos humanos y las apuestas por el conocimiento como punto de partida para interpretar y e intervenir sobre las realidades afectan a las comunidades en las que se desarrollan estas megaconstrucciones.

            Este panel contó con la participación de expertos nacionales en política minero energética, de la población afectada directamente por la  construcción de la represa de Hidroituango y de las delegaciones de cinco departamentos invitados: Comunidades Afectadas por la represa Alto de Anchicayá (Valle del Cauca) ONUIRA, por la represa Urrá, Córdoba. ASPROCIG, por la Represa de Hidrosogamoso, Santander. Movimiento social por la defensa del río Sogamoso, por la Represa El Quimbo, Huila. ASOQUIMBO, por la desviación del Río Guarinó y Manso, Caldas. Comité Cívico por la Defensa del Río Guarinó.

            Mediante este tipo de encuentros se establecen redes para fortalecer y visibilizar la resistencia en el ámbito nacional e internacional a los conflictos que padece la población inmersa directamente en los diferentes planes de desarrollo que fomentan la competitividad y el libre mercado incentivando de esta forma las actividades extractivas que especulan con los recursos, la desaparición de las economías locales en pro de la economía global, la liberalización de los mercados que privatizan las formas tradicionales de subsistencia y finalmente el desarraigo cultural y comunitario para la búsqueda de una uniformidad globalizada y globalizadora.




Juan Carlos Fernández-Caballero García-Miguel

Colaborador de OMAL en Colombia

El apagón pasa factura a municipios del norte antioqueño

Ganaderos y comerciantes fueron los más perjudicados con la suspensión de la energía eléctrica.

Aunque a los cinco municipios del norte antioqueño, que tenían problemas con el suministro eléctrico por los atentados a tres torres de energía, se les restableció el servicio el pasado miércoles, las consecuencias del apagón que duró tres semanas apenas empiezan a sentirse. 
En San José da la Montaña,cuya mayor fuente de ingresos es la producción lechera, los campesinos en muchas ocasiones tuvieron que botar el líquido, pues al no refrigerarlo se dañaba. Y eso se verá reflejado en el cheque de pago que reciban este fin de semana los productores.
"Si la leche no se enfría coge bacterias y la pagan más barata", explica Jesús María Zapata, un campesino que vive en la vereda El Caribe, a 40 minutos del casco urbano de San José. 
Zapata dice que a un vecino suyo, al que ya le pagaron, le redujeron 80 pesos por cada litro de leche. Y si eso se multiplica por los 400 litros que produce todos los días, las perdidas son considerables.
"Esas son las únicas regalías que le van a dar a San José por hidroituango, dejarlo más de 15 días sin luz", expresa molesto Javier Alcides Chavarria, alcalde de San José, quien cree que los continuos ataques a las torres de energía son consecuencia del proyecto hidroeléctrico. 
Otro preocupado por los repetidos atentados es Isaac Arboleda, alcalde de Toledo. Allí tuvieron que decretar durante dos semanas toque de queda, y el servicio de energía racionado no daba ni para la prestación de servicios en el hospital o en el banco. 
Situación similar padecieron en Peque, Ituango y San Andrés de Cuerquia. En éste último los más afectados fueron los comerciantes quienes no tuvieron cómo refrigerar los productos fríos.
El atentado dejó sin energía cerca de 74 mil instalaciones en cinco municipios. En junio otro ataque afectó la red en esa misma zona.
Inseguridad y falta de acceso dificultó el restablecimiento

Aunque los ataques contra las tres torres de energía fueron el 16 de septiembre, en el sector Ochalí del municipio de Yarumal, solo esta semana se pudieron garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los técnicos de EPM restablecieran el servicio en la zona.
Como consecuencia de los ataques estaban sin servicio cerca de 74 mil instalaciones.
Víctor Casas
Para EL TIEMPO

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/norte-antioqueno_10526165-4 

DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los líderes, lideresas, campesinos, campesinas, comerciantes y organizaciones sociales del Municipio de Ituango, denunciamos a nivel nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en nuestro territorio:

1.    El principal impacto de la construcción de la represa Pescadero Ituango ha sido la agudización del conflicto armado en la zona, en la disputa por un territorio en el que todos los grupos armados legales e ilegales con sus distintos intereses, se les ha olvido que en medio están las comunidades, los enfrentamientos entre la fuerza pública y la insurgencia prácticamente todas las semanas, bombardeos, aumento de accidentes e incidentes por minas antipersonal y por consiguiente las hectáreas sembradas de estos artefactos lo que dificulta la movilidad de la población y pone en riesgo la producción agropecuaria, voladura de torres de energía eléctrica (5 municipios de la zona de influencia estuvieron tres semanas sin energía entre septiembre y octubre de 2011), con graves afectaciones para el comercio y la población en general, quema de buses de transporte público, vehículos y maquinaria del proyecto, aumento de la delincuencia común y casas de vicio en los municipios de la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico.

2.    El blog http://colombialibresiempre.blogspot.com/   publicado en el pasado mes de junio de 2011 en internet en el que se expusieron listados con datos personales de más de 2000 pobladores de la región los cuales son señalados (as) de tener algún nexo con el grupo armado  FARC-EP, entre los que se cuentan entre otros, líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Ituango, directivos de las Juntas de Acción Comunal, mujeres de la Asociación  de Mujeres Ideales, integrantes de la Asociación de Comerciantes de Ituango y el representante legal de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Ituango. De igual forma en este blog aparece publicada la base de datos de los campesinos que fueron desplazados de sus territorios en el año 2009, además de las bases de datos de funcionarios y funcionarias vinculados con entidades estatales.

Al respecto en el mes de Julio, 405 pobladores de Ituango que aparecían en esta lista enviaron derechos de petición a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, donde solicitaban se les comunicara si en contra de alguno de ellos había un proceso de investigación, la respuesta fue dada por la fiscal 8 especializada de Unidad Nacional contra los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, a tan sólo 205 derechos de petición, se desconoce que ha ocurrido con el resto, además fue la misma para todos, desplazados (as) lideres, funcionarios (as) y demás grupos afectados por este hecho.

Llama la atención que no se haga ninguna referencia por parte de la Fiscalía Seccional de Antioquia a quien se dirigió el derecho de petición no a una unidad especializada en particular, al Blog en el que de manera ilegal se publicó información que está sólo en manos del Estado (base de datos de población desplazada de 2009, y las  bases de  de datos y nóminas de instituciones del estado, solicitadas en ese año por funcionarios del Das y el CTI). Además del absoluto silencio con relación a la publicación de informes de inteligencia en donde se leen actuaciones presuntamente irregulares de estos organismos.

Pese a que 32 grupos poblacionales entre habitantes de diferentes sectores del municipio y  organizaciones sociales, en el mes de julio solicitaron por medio escrito al gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos el restablecimiento de los derechos vulnerados descolgando la información que se presentaba en el blog, además de las investigaciones necesarias y hasta tanto no se esclarecieran  los hechos se brindara seguridad para las personas afectadas y las actividades que adelantan, esta petición no ha sido respondida a ninguno de los grupos y por el contrario, 3 meses después este portal sigue funcionando.

Este tipo de hechos afecta gravemente la labor de defensa de los derechos humanos, pues ponen en grave riesgo la vida de los líderes, liderezas, campesinos, campesinas y organizaciones sociales que en la actualidad se están organizando para defender el derecho al territorio, ya que en el Municipio se viene desarrollando el proyecto Hidroeléctrico Pescadero- Ituango.

3.       Se denuncia que en la actualidad ocho (8) comerciantes de Ituango vienen siendo judicializados, por “concurso para delinquir y rebelión”, los cuales se encuentran con detención domiciliaria como medida de aseguramiento. En el escrito de acusación del Fiscal 29 especializado de Medellín se señala que: “la gran influencia que el frente 18 de las FARC tiene en la región de Ituango y sus alrededores ha hecho que mucha gente de dichas poblaciones se les integre o les colabore para el mantenimiento de sus actividades las que incluyen ataques a la fuerza pública bajo la modalidad de atentados terroristas con minas antipersonal y explosivos con tecnología que han incorporado de otros grupos terroristas en el mundo y que aquí operan  con celulares que son de fácil manejo por el campesinado, al igual que prácticamente el 100% de la población campesina se haya dedicada al negocio del tráfico y de estupefacientes de forma directa o transportando los insumos que se requiere para ello en toda la cadena de producción que va desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización y vigilancia del producto final”.

Este tipo de generalizaciones irresponsables basadas en hipótesis por parte de funcionarios del Estado para toda la comunidad ituanguina la exponen a graves riesgos, además de vulnerarse nuevamente como en el caso del blog, los derechos a la HONRA Y BUEN NOMBRE (art. 21 CN), DIGNIDAD HUMANA (art.1 CN) y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (art. 29 CN). No es posible con estos señalamientos  expresar la necesidad de organización social que se requiere para enfrentar los efectos del proyecto hidroeléctrico, ni para nada relacionado con el Estado, mucho menos veedurías ciudadanas (En Ituango sólo ha habido una veeduría ciudadana y sus integrantes tuvieron que huir del municipio por amenazas a su vida) puesto que esto significaría asumir una posición contraria al Estado y por tanto reforzar dichos señalamientos en una sociedad polarizada.

Estos hechos afectan la vida personal y laboral de todos los implicados ya que por ejemplo para los comerciantes se les suprime la posibilidad de acceder a créditos, contratos, proyectos y otros donde se pide “no estar involucrados con grupos al margen de la ley, ni tener antecedentes penales”, por otro lado limita el desplazamiento por todo el territorio de la región dada la polarización en algunas zonas, donde cargar con el estigma de ser de Ituango es prácticamente cargar la lapida encima. Es de anotar que la corrupción y negligencia de los organismos de investigación señala y acusa sin pruebas contundentes a los comerciantes con el único propósito de mostrar resultados a cualquier costo provocando con esto la congestión judicial, el desgaste de los ciudadanos y los jueces en procesos que se mantienen por la intervención de altos funcionarios en medios de comunicación. La desconfianza en la fuerza pública y los organismos de control son producto de las acciones corruptas y mal intencionadas de las mismos y no por la real simpatía con grupos armados al margen de la ley, en el blog antes mencionado se publican informes de los organismos de investigación que dan cuenta de esto, además, a pesar del incremento en el número de agentes de la policía, del ejército y la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio de Ituango los robos y daños a establecimientos comerciales y viviendas no disminuyen, la creación de frentes de seguridad de forma fraudulenta por parte de la policía, la cual recolecta información de los comerciantes con el fin de “actualizar la base de datos de la policía” y luego aparecen como miembros del “frente de seguridad del municipio de Ituango” involucrando la población civil con el conflicto armado.

4.    En el caso de los pequeños mineros y mineras artesanales del rio Cauca, no ha sido distinto, denunciamos el censo minero por sus claros vicios, realizado sólo en las playas y lugares de fácil acceso y sin tener en cuenta la condición cultural de trashumancia y las múltiples formas de ser minero o minera, denunciamos la manera como han sido desalojados violando sus derechos, a su forma de vida, a su empleo, al buen trato, a la compensación económica establecida en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.  Han sido engañados y engañadas en múltiples ocasiones por la empresas que ha estado a cargo del proyecto y las autoridades locales han estado del lado de estas empresas, incluso jueces, personeros e inspectores de policía expresan abiertamente su afinidad con el proyecto.  En el primero de los desalojos realizado el día 16 de diciembre del año 2010 en las playas del sector conocido como Tenche Ituango, mediante orden de desalojo proferida por el inspector de policía del municipio de Ituango, 19 ranchos fueron destruidos por la fuerza pública y con gases lacrimógenos y a empujones fueron despojados de su trabajo y forma de vida a 22 personas y sus familias, este fue el primer paso en la historia de abusos que las comunidad minera viene padeciendo a raíz de la construcción del proyecto hidroeléctrico por parte de las empresas constructoras.  Los mineros y mineras han salido engañados de las playas en las que laboraban, con la promesa de ser incluidos con posterioridad en el censo y para permitir las obras, otros firmaron contratos de reconocimiento de medida transitoria por cese de actividad económica con la promesa de ser indemnizados en tres meses, situación que hasta hoy más de un año después sigue sin solución. El principal argumento del proyecto es que en las playas hoy ocupadas, no había población minera en otro momento, olvidando e imponiendo lógicas culturales distintas a las propias de la zona y de esta actividad económica ejercida en algunos casos de manera permanente y trashumante, y en otros, intermitente, combinada con actividades como la agricultura.

En el municipio de Briceño, a partir del 25 de enero de 2011, fueron notificados alrededor de 150 mineros del sector conocido como Capitán, mediante resolución de la alcandía municipal.  En los considerandos de dicha resolución se usa una declaración juramentada de un minero censado, cuyos extractos se tergiversan al sacarse de contexto. La comunidad minera interpuso un recurso de reposición el cual también falló en su contra y fueron desalojados el 1ro de junio de 2011, la orden la emitió el Alcalde de ese municipio, señor Libardo Muñoz, quien conoce a la mayoría de los desalojados, pues son nativos y residentes de esa localidad y su decisión, según le ha expresado a algunos, se debió a la fuerte presión ejercida por el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El día 18 de agosto de 2011, fueron notificados alrededor de otros 120 mineros y mineras ubicados en el sector conocido como Plan de Icura, la última de la playas del municipio de Briceño en la que el barequeo como forma de vida y de trabajo se viene ejerciendo, en la entrega del documento se expresó por parte del personero de Briceño que debido a que había guerrilla en la zona no iban a dar los nombres de los funcionarios que lo acompañaban de la empresa EPM ni de las demás autoridades, situación que aunada a las amenazas recibidas por parte del ejercito para no realizar movilizaciones o protestas con relación a la represa, realizadas en este sector el 19 de mayo de 2011, se torna preocupante por el alto riesgo de falsos positivos a los que se ve sometida la comunidad minera. Además afirmó el personero que él no tenía nada que ver con los mineros y mineras de los demás municipios como Toledo y San Andrés de Cuerquia.  Ante esto la comunidad minera se dirigió a la personería de San Andrés y la personera no los atendió argumentando que no había nada que hacer, en repetidas ocasiones la personera de este municipio se ha negado a atender las denuncias y a dar asesoría a esta población.

Esta situación es más grave aún si se tienen en cuenta los múltiples incumplimientos a acuerdos realizados con la consorcios y la empresa constructora ante los peligros que corren por la construcción de la vía sustitutiva que va hacia Ituango, precisamente en la parte alta de esta playa, movimiento de tierra y roca y la contaminación del agua para el consumo de la población minera, han sido los principales atropellos, el día 21 de Junio de 2011 ante la encargada de gestión social y el ingeniero residente del consorcio Pescadero I, además del coordinador ambiental y un ingeniero de la interventoría al proyecto, se presentaron los mineros y mineras de este sector a exponer estos riesgos y afectaciones y el acuerdo fue no continuar con la obra hasta tanto no se solucione la situación, las obras fueron reanudadas el día 8 de septiembre, al realizar el reclamo correspondiente a la empresa, la respuesta fue que el asunto ya se había negociado con los 5 mineros censados que estaban en la zona y en reunión citada por el área social de EPM con el funcionario Carlos Zuluaga se les dijo que no tenían derecho porque en el 2008 ese sector estaba vacío y que además no corrían ningún riesgo con la construcción de la vía.

La mayoría de los mineros y mineras ocasionales  de las veredas enviaron su documentación a la empresa constructora del proyecto y a las personería de Briceño como indicaron funcionarios del Proyecto para ser incluidos en el citado censo, la respuesta fue que mediante investigaciones realizadas por la empresa EPM Ituango, fundamentalmente basadas el cruce de bases de datos, se había determinado que no tenían ningún tipo de derecho, aún cuando aparezcan registrados en las bases de datos del municipio o tengan propiedades en la zona con 30 años de antigüedad. Sólo 17 de las 83 familias de la vereda Chirí del municipio de Briceño fueron incluidas en el Censo, argumentando que las familias que mezclaban el agro con la minería, o los mineros ocasionales que sólo ejercen la minería en las mejores épocas del rio o para casos específicos como temporada escolar, no tenían ningún derecho. 

Ahora, después de asistir el Panel Itinerante sobre política minero energética y sus conflictos en Colombia  convocado por el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas –Ríos Vivos- y apoyado por diversas universidades y organizaciones locales, nacionales e internacionales, se les amenaza con la exclusión del censo y por tanto pérdida de derechos como afectados, supuestamente “por asistir a eventos en contra de la represa”, esto ocurrió el día miércoles 14 de septiembre en reunión realizada en el municipio de Ituango a cargo de Jesús Ávila, Administrador de Empresas y María Nolis Vélez, Trabajadora Social, representantes del Operador social de la obra en ejecución por parte de Empresas Públicas de Medellín. En clara violación a los derechos de asociación, libre expresión, formación y abordajes desde diferentes perspectivas de la realidad que nos aqueja.


Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos:

1.       Se esclarezca todo lo relacionado con el blog en el que se señalan a miles de personas y organizaciones sociales de base de tener nexos con las FARC, como y quienes filtraron información de manejo exclusivo de Estado, quien y porque se publico esta información.
2.       Se descuelgue dicho blog de manera inmediata de la red de internet.
3.       Que la fiscalía 29 especializada se retracte públicamente en lo referido a sus señalamientos en contra del 100% de la población Ituanguina, por supuestos nexos con el narcotráfico.
4.       Que la empresa EPM aclare porque limita los derechos de asociación y amenaza a la población minera con la pérdida de sus derechos económicos consagrados en la legislación y licencia ambiental.
5.       Seguimiento especial a EPM Ituango y las demás empresas constructoras de megaproyectos en el país sobre sus estrategias para impedir, desarticular, deslegitimar la protesta social en contra de estos proyectos.
6.       A las instancias nacionales revisar todos los procesos jurídicos referidos a la construcción de la represa, puesto que hay serios indicios de parcialidad por parte de la justicia local y departamental a favor del proyecto.  Además de revisar con especial cuidado las violaciones al debido proceso y los vicios en los mecanismos mediante los cuales EPM Ituango viene obteniendo amparos policivos para desalojar mineros y mineras de las riberas del río Cauca, asentados en las playas del río Cauca, que según el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978, son de bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, por lo tanto son bienes de naturaleza pública.
7.       Fiscales nombrados en propiedad y con permanente presencia en cada uno de los municipios de la zona de incidencia del proyecto, no por encargo y con el personal necesario para atender las denuncias de la ciudadanía y agilizar los procesos que la afectan.
8.       Se exija a los agentes del ministerio público con presencia en la zona, especialmente a personeros y personeras municipales cumplir con su misión constitucional (proteger los derechos humanos, defender los intereses colectivos en especial el ambiente etc. art. 277 CN), además de iniciar investigación por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales al personero de Briceño y personeras de Ituango y San Andrés de Cuerquia, municipios del norte antioqueño.
9.       Se anexe este comunicado al expediente número 2233 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.

Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas –Ríos Vivos
CENSAT AGUA VIVA - Amigos de la Tierra Colombia.
Corporación Jurídica Libertad
Corporación de Cristianos y Cristianas por la justicia y la paz,
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos,
 CONTRACORRIENTE,
Corporación Gustavo Marulanda, 
 Fundación Sumapaz,
 Instituto Popular de Capacitación
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- nodo Antioquia
Centros de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca
Asociación de Pequeños Mineros Afectados por Hidroituango ASOMITUANGO
Asociación de Comerciantes del Municipio de Ituango ASCOMI
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango AMII
Diputado Jorge Gómez