Comunidades Afectadas por Hidroituango hacen propuestas a Gobernación de Antioquia y EPM para avanzar en la solución de las problemáticas de la comunidades

COMUNICADO DE PRENSA # 4

AGOSTO 31 DE 2012

Comunidades Afectadas por Hidroituango hacen propuestas a Gobernación de Antioquia y EPM para avanzar en la solución de las problemáticas de la comunidades

Hoy viernes 31 de agosto se adelanta en la localidad del Valle de Toledo una marcha pacífica en el lugar de las obras de la represa Hidroituango. Esta marcha se adelanta en el marco la gran movilización social del norte de Antioquia de afectados por la represa que ha logrado convocar a más de 700 personas.

Esta marcha se adelanta tras una Asamblea de los manifestantes en la resolvieron instar a la Gobernación y Empresa a tener en cuenta una nueva propuesta de las comunidades para la solución de sus problemáticas pues se llegó a la conclusión que hay ausencia de garantías para iniciar el proceso de negoción de las múltiples problemáticas que ha generado el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, puesto que fue rechazada de manera tajante la propuesta realizada en la reunión del pasado 29 de agosto con relación a la suspensión del proyecto.

En una carta dirigida a Santiago Londoño y Empresa EPM, se resaltó la voluntad de diálogo de las partes; pero se hizo la injerencia de la gran preocupación que generó las declaraciones que dio el Señor Juvenal Espinal, subgerente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, a los medios regionales de comunicación, quien después de la reunión manifestó que las mesas que se instalarían serian para dar claridad a las comunidades sobre el proyecto; por tanto, la comunidad en Asamblea declara que su movilización es por la vulneración de sus derechos y formas de vida, y por las irregularidades con que avanza el proyecto al no cumplir con los presupuestos estipulados en la licencia ambiental, incluso ante esta situación es que proponemos la suspensión preventiva de la licencia ambiental del proyecto Hidroituango.

Se propone lo siguiente:

Como garantías:

a)    Las obras sean suspendidas de manera parcial, a partir de El Valle de Toledo hacia abajo en dirección a Ituango. ó,

b)    Liberar el Río Cauca y sus playas, tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, para que el derecho al trabajo vulnerado se repare en parte mientras avanzan las negociaciones.  Esto implicaría el respeto por la vida e integridad física de los habitantes que ingresen al río a desarrollar diferentes actividades mientras se continúen con las obras. “Trabajando y negociando vamos avanzando”

Para el proceso de negociación:

1.       Se instale una ÚNICA MESA de diálogo para tratar todos los cuestionamientos y exigencias ambientales, sociales, culturales y económicas con relación a la Represa Hidroituango.

2.       Que en esta mesa asista la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que informe a la comunidad las acciones planteadas en la licencia ambiental para mitigar daños ambientales, sociales, económicos y culturales; y para que escuchen las inquietudes y cuestionamientos de los líderes y lideresas.

3.       Que a esta mesa asita el Ministro de Medio ambiente dado que se trata del mayor proyecto Hidroeléctrico de Colombia con afectaciones a ecosistemas estratégicos y a zonas de vida de alta sensibilidad.

4.       Que a esta mesa asista el Ministro del Interior dado el conflicto armado en la zona, que como lo denuncian los afectados, se ha agudizado por la construcción  de la represa Hidroituango poniendo en riesgo la integridad de miles de pobladores en la zona.

5.       Solicitamos que en esta reunión EPM Ituango informe públicamente al Ministerio y las comunidades presentes todo lo relacionado con el cumplimiento del artículo 15 del decreto 2820 del 5 de agosto del 2010, el cual dispone: “Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso, así como lo dispuesto en los términos de referencia HE-TER-1-01, para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras”.

6.       Para el desarrollo de este espacio requerimos la presencia del Delegado para Derechos Colectivos de la Defensoría del Pueblo Nacional; así mismo, la presencia de la Procuraduría Agraria y Ambiental y  de la Contraloría General de la Nación.

7.       Para ello, encomendamos la gestión de la Gobernación de Antioquia para que adelante las labores necesarias tendientes a garantizar la presencia de la directora de la ANLA, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Agraria y Ambiental, de la Contraloría, Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministro del Interior para la fecha estipulada como inicio de la mesa de diálogo que se espera, según lo acordado sea entre el próximo viernes 07 o sábado 08 de septiembre.

8.       La participación de los representantes de cada una de las comunidades deberá ser garantizada económicamente por la empresa constructora del proyecto, así como los gastos generados por todo el proceso de negociación para las comunidades.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Ríos Libres, Pueblos Vivos!

http://defensaterritorios.wordpress.com, http://debatehidroituango.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/R%C3%ADos-Vivos-Colombia/259507754126383

La pacha mama y el río Magdalena se oponen a la construcción del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Marzo 05 de 2012

 El río que intentó ser desviado el pasado 03 de marzo resultó ser un fracaso, al constatar el día de hoy que el río ha crecido y ha continuado su curso normal. Hoy vence el plazo para realizar la desviación dado por Emgesa y el Magdalena habló en favor de los afectados.
Antes esta grata noticia, pero indignados por las recientes declaraciones del gobierno nacional respaldando el megaproyecto, el Movimiento Ríos Vivos declara a la opinión pública nacional e internacional que:
 El apoyo incondicional del gobierno nacional del presidente Santos a la empresa Emgesa y su proyecto hidroeléctrico El Quimbo, evidencia un continuismo con las políticas y las prácticas del pasado que han priorizado la confianza inversionista y los intereses económicos frente al bienestar del pueblo colombiano, incluso violando los principios constitucionales y la ley colombiana. El presidente Santos, como el de Uribe Vélez, continúa con la estigmatización de las luchas sociales. En las pasadas declaraciones de prensa, Santos manifestó que las movilizaciones pacíficas de Asoquimbo y organizaciones solidarias estaban infiltradas por la guerrilla. Estos señalamientos se hacen a sabiendas que ello implicará graves riesgos para la seguridad y la vida de los líderes sociales y de los grupos de ciudadanos colombianos que masivamente han respaldado a Asoquimbo. Declaramos que será responsabilidad del jefe del Estado las posibles reacciones que puedan tener estas declaraciones.
El intento de desviación fue realizado de manera irregular. De hecho la empresa Emgesa ha incumplido los requerimientos de la licencia ambiental como bien lo ha denunciado Asoquimbo. Antes de desviar el rio se deberían haber restituido las tierras y modos de vida de los campesinos y campesinos, más de 1200 personas han quedado por fuera del censo, deberían haber construido una estación de monitoreo de aguas arriba y abajo del túnel de desviación y, el desvío no contó con la autorización por parte de Cormagdalena.
 La actual política minero energética propuesta desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez e impulsada por Santos, despojará a los pueblos campesinos, indígenas y negros de sus territorios, mientras a nombre del desarrollo y el progreso se privilegian los interés de grupos económicos nacionales e internacionales. Esta política minero - energética ha invisibilizado los conflictos sociales y ambientales y desconocido las consecuencias del abandono de la vocación agrícola de importantes regiones del país, lo cual amenaza la soberanía alimentaria y energética como lo evidenció el Panel Nacional Itinerante sobre Política Minero energética que el Movimiento realizó en los territorios durante todo el 2011.
 Denunciamos la connivencia entre la policía nacional y la Empresa Privada EMGESA para restringir el uso del derecho constitucional a la protesta y la libre movilidad por la zona. La imparcialidad no es un principio que haya respetado la fuerza pública, por ejemplo, miembros de la fuerza policial sin identificarse y tapando su apellido, empujaron a miembros defensores de derechos humanos y les prohibieron la circulación por una vía pública hacia el lugar de la concentración el día sábado 03 de marzo y en diversas ocasiones se observó al jefe de seguridad de la EMGESA dando órdenes al ESMAD, policía y ejército.
 La energía hidroeléctrica no es ni renovable, ni limpia, ni alternativa. Millones de personas han sido desplazadas por la construcción de hidroeléctricas, la dinámica de importantes ríos alrededor del mundo han sido drásticamente transformadas por las represas y la riqueza íctica de muchos ríos se ha perdida con los embalses, como bien lo reconoció la propia Comisión Mundial de Represas. Más aún, la descomposición de la materia orgánica inundada por los embalses produce gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más agresivos. Las represas vulneran formas tradicionales de vida, despojan a los campesinos de sus tierras, violan los derechos humanos. Las empresas incumplen los acuerdos establecidos por ley y con las comunidades, como en Colombia ha sucedido con los proyectos de Salvajina, Urrá y Anchicayá. Por esto y por muchas otras cosas más, decimos: la energía de las represas, no es energía limpia!
 Es necesario profundizar un debate público en torno a la política minero - energética y se oriente hacia la transformación de la matriz energética. Aunque en el país se han hecho importantes debates sobre la política minera, la energética sigue siendo desconocida e invisibilizada. La realidad es que el país no sólo está fragmentado en bloques mineros entregados a las transnacionales sino que también las empresas petroleras continúan ampliando la frontera petrolera hacia lugares como los mares profundos, las selvas y las zonas alto andinas. Hoy los bloques mineros se traslapan con los petroleros. El panorama se complica aún más con la entrega de gran parte de
nuestros ríos y quebradas a empresas nacionales e internacionales para proyectos hidroeléctricos. La disputa de recursos energéticos y mineros por parte de los países industrializados y de economías emergentes profundiza nuestra dependencia.
 El gran desarrollo minero que aspira el gobierno no es posible sin grandes cantidades de agua y energía, mientras los impactos sociales y ambientales son irreversibles para la reproducción del ciclo del agua, y afectan gravemente la producción de alimentos. Pero además, la producción de energía que se planifica y proyecta en la actualidad no es para satisfacer las necesidades de los y las colombianos sino para la exportación y garantizar la producción extractivista del actual modelo.
 Por último, agradecemos las innumerables manifestaciones de solidaridad con el pueblo del Huila y con Asoquimbo. Las marchas y plantones realizados el 2 y 3 de marzo, en Medellín, Cali, Bogotá, Neiva, La Plata, Garzón y la acción urgente de la Red Latinoamérica de Afectados por Represas – REDLAR, firmada por más de 3.400 personas y dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, la Vicepresidencia de la República y la Contraloría General de la República solicitando la suspensión de desvío del rio y rechazo a la Represa El Quimbo, evidencia el descontento nacional e internacional por este tipo de megaproyectos que favorecen a ciertos grupos económicos nacionales e internacionales. Es falso que la oposición al proyecto sea de un puñado de personas.
Ante lo anterior hacemos un llamado a quienes diseñan la política minero-energética y la comunidad en general para que:
 Se abra un amplio debate nacional para definir y conceptualizar sobre la condición de afectado o afectada por estos proyectos minero y energéticos. Se requiere un marco legal especial que garantice la protección de sus derechos; la definición de afectados a través de los censos socio económicos deben ser realizados por entidades autónomas y no por las propias empresas, que se convierten en juez y parte en estos procesos, así como tampoco lo pueden seguir siendo en la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental.
 Se continúe con los debates, los foros, las movilizaciones sobre la política minero - energética del país y construir desde allí alternativas. Creemos a diferencia del presidente Santos y sus ministros, que la construcción del país es colectiva, también lo es su defensa, por eso agradecemos las muestras solidarias de estudiantes, sindicalistas, campesinos, pescadores, ambientalistas, hombres y mujeres, niños y adultos. No podemos ser ciegos, ni cómplices frente a estos proyectos puesto que sus impactos traspasan las
fronteras departamentales y nacionales, las represas atentan contra el bienestar general y por eso las rechazamos en defensa de la vida y de nuestras culturas.
 Se continúe en la construcción de visiones alternativas al desarrollismo el cual solo propicia el despojo de las comunidades y la imposición de formas de vida ajenas a la identidad del pueblo colombiano.
Por último, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para:
 Movilizarse el 06 de marzo en solidaridad con las víctimas por crímenes de Estado quienes se manifiestan por la tierra y contra el despojo, nosotros también somos víctimas del Estado pues éste ha permitido que se nos desplace y despoje de nuestros territorios mediante la construcción de represas y trasvases.
 Sumarse a las movilizaciones del próximo 14 de marzo, XV día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, por el Agua y por la Vida. Este día convocamos a realizar en sus localidades un homenaje al Río Magdalena o desplazarse hasta el Huila, a las 9 a.m. para acompañar la movilización social por la defensa del territorio.
En Medellín, Bogotá, Lorica, Santander e Ituango también se adelantarán acciones específicas de movilización y resistencia.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!

MOVIMIENTO COLOMBIANO RIOS VIVOS

ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO:
¡4 AÑOS DE RESISTENCIA PACÍFICA Y DESOBEDIENCIA CIVIL!

http://defensaterritorios.wordpress.com

Comunicado Movimiento Ríos Vivos

A acciones pacíficas, represión

El Movimiento colombiano Ríos Vivos, en Defensa de los Territorios y Contra las Represas, que aglutina miles de defensores de la vida y afectados por las represas, manifiesta su indignación por la brutal acción de desalojo ordenada por el alcalde de Paicol, señor Norberto Palomino Ríos sobre las familias de pescadores que se encontraban en el río, formadas por niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos. Estas personas reclamaban pacíficamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que suspendiera las obras de la construcción de la Hidroeléctrica del Quimbo por los continuos incumplimientos con la licencia ambiental por parte de las transnacionales Emgesa y Enel, dueñas del proyecto.

Asoquimbo demandó al alcalde de Paicol suspender la diligencia de desalojo por errores en la notificación del predio. Sin embargo, este funcionario no quiso oír los argumentos legales irrespetando el debido proceso. De ese modo, cerca de las 9 de la mañana, cientos de miembros del Ejército, del Esmad y de la Policía Nacional iniciaron un operativo sobre los pescadores y sus familias en la franja de 30 metros de uso público, que se encontraban en su hábitat natural defendiendo el territorio. Las acciones pacíficas de Asoquimbo han sido respondidas con violencia por parte de un gobierno que prioriza los intereses de las empresas transnacionales antes que proteger los derechos del pueblo colombiano.

La acción de desalojo se realizó sin presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja. A las 10:30 de la mañana fue retirado en ambulancia el sr. Luis Carlos Trujillo afectado por la Hidroeléctrica, una de las tres personas heridas, de acuerdo a las denuncias de la gente.

Una comisión constituida por periodistas nacionales e internacionales, delegados y delegadas del Movimiento Ríos Vivos, el Observatorio Internacional de Paz, Censat Agua Viva, Radio Mundo Real y Contagio Radio que llegaron desde la madrugada del día de hoy para acompañar a los afectados, no pudieron entrar a la zona donde se encontraban los pescadores, porque el Ejército Nacional y el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, Esmad, han impedido la libre movilización desde el día de ayer en la vía Neiva - La Plata, en el punto del cruce cerca al Puente del Paso del Colegio, frente a donde se adelantan las obras.

El Movimiento Ríos Vivos demanda al gobierno nacional respetar los derechos de las poblaciones afectadas, a los entes de control, iniciar una investigación al alcalde de Paicol por presunto prevaricato, dadas las irregularidades en el desalojo; al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, reconsiderar su negativa a la solicitud de Audiencia Pública Ambiental solicitada por Asoquimbo; al ministro del Interior dar seguimiento a los puntos consignados en el acta de preacuerdo establecida con Asoquimbo durante la semana pasada y que responda frente al amparo policivo interpuesto en este ministerio el jueves 9 de febrero.

El Movimiento Ríos Vivos llama al pueblo colombiano y a la opinión nacional e internacional a acompañar la justa resistencia de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, ASOQUIMBO, y a respaldad la Campaña por la Defensa Territorio del Gran río Magdalena (Yuma).

¡RÍOS PARA LA VIDA

NO PARA LA MUERTE!

Bogotá, Colombia, 14 de febrero de 2012

Corantioquia incumplió la cita

Corantioquia incumplió la cita prevista para el 24 de noviembre de 2011, la funcionaria encargada Ana Cristina Agudelo expresó no poder asistir a la zona porque no había funcionarios de EPM disponibles para hacer el acompañamiento.  La nueva fecha establecida para esta verificación fue el 1ro de diciembre de 2011.

El mismo día 24  de noviembre, las maquinas de la empresa constructora sobre pasaron la barrera natural, pasto y palos, usada  por los mineros para demarcar la zona establecida en el compromiso realizado por el Consorcio Pescadero I , en el cual se puntualizó que las obras no sobrepasaría  el kilometro 4 + 800, hasta tanto no se les resolvieran las condiciones de peligro y necesidad del agua del área a la población minera.  Aproximadamente 200 metros avanzo la maquinaria a las 9:25 de la mañana, hasta pasado el medio día estuvo cerca a los mineros, en este lapso de tiempo el helicóptero de EPM sobrevoló en varias ocasiones la zona.  El líder minero pregunto a los maquinistas y estos expresaron que sólo recibían ordenes, el líder minero preocupado por la situación, decidió buscar al ingeniero al mando y expresarle la necesidad de firmar un acta en la que se constatara que la población minera no estaba reteniendo ningún tipo de maquinaria, ni realizando acción alguna al respecto, sólo al cuidado de las aguas.  El ingeniero no acepto la realización del acta y tampoco respondió a las preguntas realizadas.

Ante la insistencia de la población minera por conocer los nombres y apellidos de los funcionarios y trabajadores de la obra, estos han expresado que por razones de seguridad no los van a comunicar, desde la primera entrega de documentación el mismo personero de Briceño expresó esta situación, lo que dificulta realizar las denuncias puntuales.

El día 25 de noviembre entre las 8 y las 9 de la noche reiniciaron trabajos en la vía sustitutiva que conducirá de Medellín a Ituango, dañando la quebrada El San Juan de la Costeñita y poniendo en grave riesgo a la población minera por los muchos desprendimientos de roca que están ocasionando.

ASOMITUANGO

Mujer y proyectos minero energéticos

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANAS DE AMÉRICA LATINA

 

En la ciudad de Bogotá, durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2011, nos reunimos en el Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería mujeres colombianas campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas y jóvenes provenientes de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Caldas, Nariño, Meta, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Cesar, Guajira, Cundinamarca, Valle del Cauca y delegadas internacionales de organizaciones de Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina.

 

Nosotras, hijas de la Madre Tierra y constructoras de nuestros territorios, constatamos después de compartir y analizar las afectaciones que producen las políticas minero-energéticas en el continente, particularmente en Colombia, donde hoy nos reunimos, lo siguiente:

 

1. El modelo extractivista y de explotación de la naturaleza desconoce a las comunidades, pueblos y organizaciones que por centenares de años han preservado todo lo que en ella se encuentra. Un modelo inmerso en la lógica capitalista y patriarcal de impacto global, que en aras de la acumulación económica mercantiliza la vida, la Madre Tierra y nuestro patrimonio natural y cultural.

2. La agresiva presencia de los megaproyectos minero energéticos y empresas trasnacionales, además de transformar la economía política del continente, impone formas, sentidos de vida, proyectos políticos, culturales e ideológicos a nombre del desarrollo y el progreso.

3. Para imponer estos megaproyectos se crean condiciones ideales mediante el despojo, con el que a la vez que se privatizan ríos y caminos, se vulneran y desconocen los derechos sociales, económicos y cultuales de los pueblos.

4. Para despojar de sus tierras y territorios a las etnias (negritudes e indígenas), a las comunidades campesinas y urbanas a lo largo y ancho del país, en Colombia, se ha utilizado la guerra como estrategia.

5. Junto a lo anterior, se intensifican la criminalización y la estigmatización de la organización social y de la protesta popular. La mirada negativa y prejuiciosa que estas conductas ocasionan inciden en el impedimento del acceso a la justicia y en la desarticulación de las organizaciones de mujeres y demás sectores populares. En ese ambiente, las empresas cooptan a líderes y lideresas sociales con estrategias, programas y discursos que prometen mejorar sus vidas.

6. Sumado a lo anterior, la legislación del despojo implementada en los últimos gobiernos ha legitimado los efectos de la guerra y afianzado la impunidad histórica particularmente en Colombia, de modo que se favorece la entrega de nuestro patrimonio natural y cultural.

 

El Encuentro también permitió hacer visibles las afectaciones específicas para las mujeres de la imposición de megaproyectos minero energéticos en nuestros territorios:

 

• La actividad minero energética en las zonas se entrelaza con la exacerbación de las violencias de género y del conflicto social y armado en el país. Eso vulnera la dignidad, vida y cuerpos de las niñas y mujeres. Son múltiples los antecedentes de violencias generalizadas, de agresión física y sexual, de amenazas y estigmatizaciones.

• La megaminería se acompaña de bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres.

• La salud de las mujeres y las niñas recibe también fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acentúan las enfermedades de transmisión sexual (ETS), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva, de las fumigaciones y de la alta presencia de personas foraneas en los territorios. Además, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, cáncer y embarazos de adolescentes, entre otras problemáticas de la salud.

• Con dolor e indignación afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de trabajadores de la industria minero energética, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres, así como la estigmatización de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades económicas.

• La gran minería transforma el uso tradicional de la Madre Tierra, por lo tanto destruye la economía campesina, las formas de consumo y los hábitos alimenticios. Para adquirir los productos que antes se cultivaban en las regiones campesinas, ahora mineras, hay que comprarlos y para ello el continente se fue acondicionando a la importación masiva de alimentos que en la actualidad, en el caso colombiano, asciende a más de 12 millones de toneladas al año.

• A nombre del progreso, se modifica la actividad productiva tradicional y los territorios se convierten en todo el país en zonas mineras y de producción energética donde las empresas minero energéticas contratan a la población en forma temporal; de esa manera, los habitantes pierten la autonomía productiva y en especialmente en el caso de las mujeres se restringen sus labores a actividades históricamente marginales en la economía.

• Se violenta la identidad cultural y espiritual de los territorios de pueblos originarios y de las comunidades campesinas, lo que rompe el tejido social, los lazos familiares, organizativos y comunitarios. La conflictividad en las comunidades se incrementa con su desintegración, hay mayores conflictos entre vecinos y vecinas y se entraba la unidad para actuar y defender el territorio.

 

En este Encuentro, las mujeres latinoamericanas ratificamos:

 

• Nuestro derecho a la vida, a la organización social, la movilización y la denuncia contra los megaproyectos minero energéticos que pongan en riesgo nuestra vida y la de nuestros territorios. Y en tanto la guerra es un impedimento para ejercer estos derechos exigimos y trabajaremos por una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia.

• La urgencia de avanzar en la comprensión del impacto de los megaproyectos minero energéticos en la vida de las niñas y mujeres para aclarar nuestro papel en la resistencia y defensa de nuestros territorios.

• La necesidad de visibilizar y posicionar en la agenda de nuestras organizaciones sociales y populares los impactos negativos sociales, económicos, ambientales y culturales de estos megaproyectos en la vida de las niñas y mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes y urbanas.

• La exigencia de incluir las afectaciones en las políticas públicas y en especial las políticas públicas de mujeres, para que se genere una real protección de los derechos humanos de las mujeres.

• La necesidad de investigar, documentar, hacer seguimiento y divulgar con enfoque de género cada uno de los casos que se están presentando en Colombia y el continente.

• Avanzar en la formación e información de las comunidades afectadas y las comunidades en general, de modo que eso permita implementar estrategias para la defensa de nuestros derechos.

• Recuperar el sentido de la relación de las mujeres con la Madre Tierra, el territorio, el agua, las semillas y la producción, en tanto eso ratifica su función social en la lógica comunitaria no mercantilista y afirma nuestra identidad cultural.

• Visibilizar y denunciar la grave situación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres en contextos de los megaproyectos minero energéticos.

• Impulsar las consultas populares adelantadas con autonomía de las comunidades y organizaciones. En este sentido, rechazamos las consultas contempladas en las normatividades nacionales e internacional, hasta tanto no se garantice la formación político organizativa de las comunidades y para las comunidades. Esta formación es la que garantiza una adecuada toma de decisiones colectivas e incluyentes de las mujeres, decisiones acordes con las particularidades de las comunidades y basadas en una verdadera consulta libre, previa e informada.

 

Como hijas de la Madre Tierra, hermanas en el dolor y la indignación entrelazamos nuestros esfuerzos y procesos organizativos para articularnos en la defensa de nuestras tierras, territorios, cultura y soberanía alimentaria y territorial.

Bogotá, 12 de octubre de 2011

 

Acción Ecológica - Ecuador 

Acipuc - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia

Afrosiso, Cauca

Asociación Biabuma - Antioquia, Colombia

Asociación Agropecuaria de Caramanta, Antioquia, Colombia

Asociación Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia

Asociación de Distribuidores de El Salvador, ADES - El Salvador

Asociación de Mujeres Artesanas de Cerrito, Asomuarce, Santander, Colombia

Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, Antioquia Colombia

Asociación de Vendedoras de Pescado de La Playa, Betulia, Santander, Colombia

Ceiba - Amigos de la Tierra Guatemala

Cima - Coordinador Nacional Agrario, Nariño, Colombia

Cinturón Occidental Ambiental, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear, Colombia.
Comité Cívico Pro Defensa de Marmato, Caldas, Antioquia

Comité en Defensa del Páramo de Santurban, Santander, Colombia

Conciencia Campesina, Colombia

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, Chocó, Colombia

Consejo Comunitario de La Toma, Cauca, Colombia

Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Colombia

Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, Colombia

Corporación CEAM, Colombia

Ecotierra, Tolima, Colombia

Feminas Nomadas, Guajira, Colombia

Fundación Mujer y Vida, Colombia

Fuerza de Mujeres Wayuu, Guajira, Colombia

Fundación Synergia

Fundaexpresión, Santander, Colombia

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides - Perú

Iniciativa de Mujeres por la Paz, Colombia  

Marcha de Mujeres Campesinas, Colombia

Proceso de Comunidades Negras, Colombia

Red Juvenil Territorio Sur, Bogotá, Colombia 

Red de Mujeres y organizaciones del Meta, Colombia

Red Latinoamericana de mujeres defensoras de los derechos sociales y ambientales y contra la minería

 

 

Comunación a la Procuraduria por parte ASOMITUANGO

San Andrés de Cuerquia, 14 de abril de 2011

Doctora

FANY ENRIQUEZ

Procuradora regional agraria y ambiental para Antioquia.

Medellín

Cordial saludo.

Asunto: El Ejercito Nacional amenaza a los mineros del rio Cauca. Riesgos y peligros para la comunidad minera y no cumplimiento funciones de personeros municipales y alcaldes.

El día sábado 19 marzo en las horas de la mañana, los mineros y mineras ubicados en el sector conocido como “Plan de Icura” preocupados por los peligros que representa para nuestras vidas y nuestro trabajo la construcción de la vía sustitutiva que conducirá al municipio de Ituango, decidimos desplazarnos a la zona de las obras, ubicadas en la parte superior de la playa que habitamos en este momento.  Cuando se tomó esta decisión, los vigilantes asentados en la playa informaron vía telefónica (se desconoce a quien) sobre esta situación.

El primer grupo de mineros y mineras, logramos pasar por la garrucha (cable que comunica ambos lados del rio San Andrés cerca a su desembocadura en el rio Cauca) los demás mineros y mineras que quisieron salir  se encontraron con el Ejercito y el cable estaba suelto.  Un soldado les preguntó para donde iban  y le contestaron que para El Valle, unos se arriesgaron a pasar el rio, y los demás se devolvieron. 

Cuando el primer grupo vemos los peligros que representa la construcción de la vía, como deslizamiento de rocas y de tierra, nos comunicamos con el personero de Briceño, informando el peligro de las obras este respondió: “es mejor que salgan que plata se consigue pero la vida no” esto fue alrededor de las 10:30 a.m. Además solicitó que nos dirigiéramos hasta Briceño, cosa imposible sin ser planeada porque está a tres días de camino del sector.

Parte del segundo grupo que paso el rio y otros mineros se encuentran en la vía con el Ejercito y lo primero que les preguntan es “¿para donde van que van a hacer? ¿ustedes son los que vienen para el paro?” Ellos responden “no, simplemente venimos a ver los trabajos de la obra y los peligros que estamos corriendo”, El teniente les dijo “si van a hacer un paro, si toca les repartimos balín”. Creemos se que pertenecen al Batallón de artillería número 4, El bajes.

Al día siguiente, domingo 20 de marzo, el Ejército visita las playas del Plan de Icura, preguntan por la líder, piden que se reúna a las personas y dicen: “¿Ustedes sabían que esto es propiedad privada? Pero créanme que esta represa se hace porque se hace por encima de los grupo que haya, para eso estamos un batallón entero”. El teniente Patarroyo y sus hombres hacen un listado con nombres completos, número de cedula y una foto, con el fin, así lo dijeron, de compararlos con el censo realizado por el proyecto.  También se comprometieron a convocar a una reunión para una negociación con EPM y de informar cuando se realizaría.

Ante las amenazas, dos compañeros se dirigieron a algunos medios de comunicación a realizar esta denuncia y llevaron consigo un listado de aproximadamente 90 personas que estuvieron presentes en el momento en que el Ejercito Nacional realiza esta acción (Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=QiJu0q-uYqE&feature=player_embedded) “el ejército no nos deja protestar, ni paros ni protestas,  nada de eso, nos dicen que nos tenemos que salir a las buenas o a las malas” 

El día miércoles en las horas de la mañana se nos informó que la reunión se realizaría al día siguiente en las instalaciones de los campamentos ubicados en el sector El Saladero, a 10 minutos del corregimiento de Toledo, El Valle. Antes de iniciarse la reunión se presentan varias discusiones entre los mineros y mineras asistentes y el Ejercito, por el gran número de asistentes, en un primer momento el Ejercito solicita que sean cinco los representantes de la comunidad minera, con el argumento de que el espacio era reducido y que los funcionarios de EPM eran 12, cuando ya se había concertado previamente que fueran 20 y así los había elegido la comunidad, finalmente se acepta la presencia de las personas elegidas y a los demás se les exige esperar en El Valle.

En la reunión la comunidad minera expresó el peligro por la construcción de las vías, además de preguntas relacionadas con el por qué el Sisben definía si se era minero o no,  o el lugar de nacimiento, por qué la presencia de vigilantes en la zona, el por qué nos han cortado en varias veces la garrucha.  Entre las respuestas dadas recordamos que EPM dijo que era un predio privado y que la zona fue declarada de utilidad pública. También que era inaudito creer que todos los que estábamos en esa playa eran mineros “el que crea que tiene derecho que lo compruebe” como se comprueba es como casi que levantar un registro de nacimiento, el papel del sisben, el presidente de la JAC, que los comerciantes lo conozcan, carta de vecindad”

Una amiga del municipio de Ituango, a la que se le había pedido ayuda para registrar la reunión, hacer grabaciones y tomar fotografías, le fueron borradas las fotos por el propio coronel, con el argumento de que si necesitaban fotos se las debían solicitar a EPM, fu además maltratada y señalada como “sospechosa” e “infiltrada” por estar participando en esta reunión. No obstante, los vigilantes de la zona y demás personas de EPM si tomaron fotos todo el tiempo en la reunión.

Además, en la reunión muestran fotos antiguas del sector de Tenche en donde no se veían ranchos. Uno de los mineros, Saúl solicitó que le mostraran las fotos de su sector y por esta razón se dio por terminada la reunión, diciendo que había sido grosera esta petición.

Al salir de la reunión el Coronel le dijo a la líder: “usted es muy mentirosa porque ninguna de las fotos que se tomaron allá son de mineros”. El registro hecho por el Ejercito no había concordado con el registro que había hecho la empresa “la propuesta que traían ellos era darles empleo en la represa Magdalena yo creía que usted venia organizada”.

Por otro lado, cada vez más nos sentimos acorralados, amenazadas y sin opciones para defender nuestros derechos. Los vigilantes de la empresa VISE están dedicados a vigilarnos, cuando trabajamos, cuando no, nos hacen videos, nos toman fotos, nos cuentan y a los ranchos. No son  una vigilancia de los predios, como dice el proyecto. Un vigilante dijo “el que es minero permanece todo el tiempo” los vigilantes tienen que reportar todo, quien sale quien entra, el problema es que ni lo hacen bien porque no van sino hasta la quebrada de chirí no recorren sino los ranchos del Plan de Icura y los demás mineros y mineras no están quedando en sus listados.  Para nosotros es muy difícil esta situación porque nos sentimos como en una cárcel, antes una de las mayores ventajas de nuestro trabajo era que no teníamos que rendirle cuentas a nadie, ahora ni los fines de semana podemos salir.

Desde hace algún tiempo para acá la actitud de la Personera del municipio de San Andrés de Cuerquia, ha cambiado, cuando llegó la resolución del alcalde de Briceño con la orden de desalojo para algunos mineros, con su ayuda se presentó ante Hidroituango un derecho de petición preguntando por esta situación, aún no hay respuesta. Pero nos hemos acercado a comunicarle diferentes inquietudes  y dice que no tiene nada que ver con los problemas que genera la hidroeléctrica.

Lo mismo pasa con el personero de Briceño, ya indicó que todo lo relacionado con el tema minero se trataría con la inspectora de policía. Así es como unos le pasan la pelota a otros y nosotros quedamos enredados. Igual está pasando con los alcaldes: El de Briceño dice que no tiene que ver porque la gente es de San Andres de Cuerquia, el de San Andrés dice que le corresponde porque  los terrenos son de Briceño.

El primero de abril del presente año, en la reunión a la que asistimos en el municipio de Ituango, con EPM nos dijeron que el proyecto estaba teniendo reuniones con los alcaldes y con los personeros, en ese momento entendimos porque antes había acceso a los personeros y alcaldes y ya no.

El mismo proyecto ha generado fuertes enfrentamientos y amenazas entre los mineros por señalar quiénes son y quienes no son mineros, el proyecto estimuló esta situación al empezar a preguntarle a algunos quienes no eran mineros, especialmente a los censados.  Por esto ya no es posible que las propias comunidades establezcamos quienes son o no mineros, porque ya es un peligro para nosotros, el proyecto no debe seguir estimulando esta situación que ya está generando muchos problemas, debe crear otro mecanismo para comprobar si somos o no mineros, métodos que no pongan en riesgo nuestra vida. Además porque pensamos que es el proyecto, quien nos quiere  quitar el trabajo, el que debe comprobar que no somos mineros o mineras, no nosotros.

Se anexan toda la documentación requerida a Hidroituango.

Agradeciendo su atención

Comunación a la Procuraduria por parte de ASOMITUANGO

Medellín, 11 de abril de 2011

Señores:

Procuraduría Nacional

Procuraduría Regional de Antioquia

 

Nómadas del rio Cuca

Los mineros y mineras del rio Cauca hemos habitado o visitado sus riberas desde que nos conocemos, provenimos de familias mineras que nos han transmitido como hijos e hijas, los conocimientos necesarios para la extracción de oro de aluvión. 

Somos varios los tipos de mineros y mineras (determinados por el tiempo que destinan a la actividad económica) en el sector de construcción de la hidroeléctrica Pescadero  Ituango: ocasionales, tradicionales-permanentes, permanentes y temporales, los primeros somos aquellos que bajamos por temporadas al rio, generalmente a una o dos playas, y que en el resto del tiempo somos agricultores, entre otras actividades económicas; provenimos de muchos lugares, veredas, corregimientos y cabeceras municipales que tienen riberas del rio Cauca principalmente, aunque también de otros municipios. Los segundos, tradicionales-permanentes, hemos crecido en las riberas del rio, aprendido de nuestros padres o abuelos, esta actividad económica  y permanecemos en el rio la mayor parte del tiempo. Los terceros, permanentes, aprendimos a ser mineros y mineras por amigos y familiares, ya no desde niños sino generalmente en la juventud, también permanecemos la mayor parte del tiempo en las diferentes playas del rio Cauca, de playa en playa buscamos los mejores lugares para extraer oro; y los últimos –temporales- llamados “aventureros” vienen de diferentes partes del país, incluso de otros países, buscando los mejores sitios para el barequeo, se quedan por temporadas en los diferentes ríos. De estos tipos de mineros y mineras de ríos sólo los ocasionales no son nómadas.

La trashumancia no es un hecho novedoso o desconocido sobre la minería de aluvión o el barequeo, sin embargo esto no hace parte de la descripción y mucho menos del análisis que sobre esta actividad económica observa la resolución número 18 2114 de noviembre 5 de 2010 por la cual se aprueba adicionar a el Manual de Precios Unitarios,[1] así como no ha sido tenido en cuenta por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, en sus diferentes actividades, imponiéndonos criterios como el sedentarismo que difieren de nuestra forma de vida.  Prueba de ello es la manera como se realizó el Censo minero, sólo en algunas  playas, puntos de encuentro[2] y en la vía que conduce de Medellín al municipio de Ituango, por lo expresado por algunos funcionarios del proyecto no es comprensible por que encuentran en las mismas playas a personas distintas o cada vez hay más personas en las mismas playas[3].  Los vigilantes contratados por el proyecto registran de manera permanente las playas, controlan su ingreso con listas de las personas que supuestamente son las que han estado en ellas, nadie de otro sector[4], que no haya estado cuando los vigilantes llegaron, puede ingresar, incluso a muchos se les ha amenazado con no permitirles el ingreso si salen, poniendo en riesgo su subsistencia, de la misma manera hombres del Ejercito Nacional han cortado en diferentes momentos la garrucha o cable que permite el paso de un lado al otro del rio San Andrés.  Por otro lado sus ranchos han sido contados y marcados para que no lleguen a las playas nadie más. 

Nuestra condición cultural de nómadas ha sido atropellada por el Proyecto hidroélectrico Pescadero – Ituango al generar una compensación económica temporal a 149 personas de la margen izquierda del rio Cauca, por la interrupción de su actividad económica.  Como todos los mineros y mientras teníamos acceso a las diferentes playas, al prohibirse la entrada a una de las playas todos salimos afectados, muchos de los que estuvieron en este sector también censados, desconocen la manera como fueron elegidas estas personas.  No bastando con esto a los mineros y mineras, que por razón de nuestra condición de errantes, llegaron a esta playa  fueron desalojados por la fuerza pública, otra prueba del desconocimiento que tiene el proyecto sobre la movilidad minera en esta zona, pues no tiene sentido desalojar, además intimidar a unas personas que en ese momento estaban pero que después se irían para otra playa.  Lo que ocurrió es que muchas de las personas desalojadas no volvieron al rio por sentir miedo para seguir ejerciendo su actividad económica.

Por lo tanto, solicitamos se nos respete nuestra condición cultural de nómadas y se actúe en consecuencia: se realice un nuevo estudio riguroso y sobre todo real sobre la manera como adelantamos nuestra actividad económica, en el que sea amplia nuestra participación y que sirva de base para un nuevo Manual de Precios Unitarios para este sector económico y los demás que se ven afectados; se realice un nuevo censo con esta perspectiva cultural que incluya a los diferentes tipos de mineros y sus diferentes maneras de agruparse, incluso los ocasionales, valore la manera como el conflicto político armado de la zona a afectado a la población minera; se restituyan los derechos a los desalojados, se evalúen las compensaciones económicas realizadas hasta el momento y se den a todos los mineros del rio, por haber reducido nuestras posibilidades de extracción de oro, por tanto afectar nuestra actividad económica. Se nos permita la libre movilidad y habitabilidad de todas las riberas del rio hasta tanto no se negocie con todos los mineros, para no afectar desigualmente a la población minera. Se prohíba la estigmatización, señalamiento y amenazas que se divulgan por los medios de comunicación para con la población minera.  Se suspenda todo proceso de desalojo en curso hasta tanto no se tenga el estudio con el enfoque indicado y el nuevo censo.

La afectación del proyecto debe considerar también la extracción de oro de ríos como el San Andrés, que por causa de la ampliación de la vía y los peligros que esto representa, no permite que ejerzamos nuestra actividad económica.

Se adjuntan copias de algunas de las solitudes hechas al proyecto, sobre todo la prueba del poco o nulo acceso a la justicia que se tiene en el sector, la tutela por el debido proceso rechazada, en primera y segunda instancia pos los jueces del municipio de Ituango, ante el desalojo realizado en el sector de Tenche, prueba de que el debido proceso no se cumplió en este primer desalojo, es el proceso –distinto- que se adelanta en el municipio de Briceño. Además, cartas, derechos de petición y escritos dirigidos a Hidroituango o simplemente publicados en el blog: http://debatehidroituango.blogspot.com, en este blog se pueden encontrar fotos que dan cuenta de algunos de estos hechos.

Cualquier comunicación por favor dirigirla a las personerías de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Ituango y Briceño Antioquia y  al correo electrónico: debatehidroituango@gmail.com

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[1] La descripción que se presenta en esta resolución sobre la minería es pobre, esta llena de errores de forma y de fondo, de contradicciones. Ver documento anexo, sobre el manual de precios unitarios componente socioeconómico.

[2] Ver respuesta al derecho de petición con radicado E-0001049, al respecto se señala que el municipio de registro del Sisben no puede ser un medio probatorio de la no condición de minero o minera en el sector, puesto que al no tener residencia fija, nos registramos en donde vivan familiares, que es precisamente a donde vamos en caso de enfermedad.

[3] Esto lo explicamos por tres razones, no sin desconocer que hay personas que no son mineras y que incluso están censadas y reciben compensación económica, la primera: al cerrar o prohibir la entrada a algunas playas el espacio para el trabajo se reduce, la búsqueda de agua y sectores seguros hace que algunas de las playas se encuentren hacinadas.  Segundo: los mineros ocasionales ante la eminencia de no poder volver a extraer oro en poco tiempo y ante la posibilidad de no ser compensados por esta perdida, han decidido quedarse de manera permanente en las playas.   Tercero: La mayoría de la población minera de este sector ha sido desplazada por la violencia alguna vez en su vida, muchos no habían regresado hasta ahora, al ver el incremento de fuerza pública.

[4] Rechazamos los conflictos y enfrentamientos que el proyecto esta motivando entre los pobladores de la zona, entre nombres de vigilancia contratados de la misma zona, por lo tanto conocedores de los mineros y mineras del rio y entre la población minera por ser inducida a señalar a quienes no lo son, esto lo ha estimulado el proyecto y ha generado amenazas y problemas entre la población, exigimos se busquen otras estrategias para comprobar la veracidad de la condición de mineros, por vías que no pongan en riesgo nuestras vidas.