viernes, 5 de febrero de 2016

Suspenden obras de Hidroituango por graves daños al Río Cauca e incumplimiento a las obligaciones de la Licencia Ambiental

Suspenden obras de Hidroituango por graves daños al Río Cauca e incumplimiento a las obligaciones de la Licencia Ambiental


El Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Ríos Vivos ha denunciado múltiples impactos socioambientales generados por las represas en Colombia, la veracidad de estas denuncias se constatan una vez mas en el informe técnico de Corantioquia y en la resolución 0027 de 2016 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  ANLA donde se suspende preventivamente la construcción de la vía que conduce de puerto Valdivia a la represa Hidroituango; por meses Empresas Públicas Medellín EPM venía vertiendo sedimentos al Río Cauca incumpliendo lo dispuesto en la licencia ambiental, hecho que ha puesto en riesgo la sobrevivencia de miles de pescadores y barequeros ubicados cuenca debajo del muro en construcción y la sedimentación de la mojana y ciénagas.

Las agresiones al Río Cauca han sido acumulativas, pues es necesario también que la ANLA tenga en cuenta los efectos de la represa Salvajina construida en la década de los 80 y de los dragones de la minería de oro que hoy se encuentran dragando los lechos de pescadores y barequeros en el Bajo Cauca.

¿Cómo surge esta resolución?

Desde el inicio de Hidroituango se han presentado múltiples protestas de la población cañonera del Río Cauca por los daños sociales y ambientales que esta megaobra ha ocasionado. Una de las primeras insistencias fue la necesidad de que la ANLA adelantara visitas de verificación con las comunidades afectadas pues son ellas las únicas capacitadas para hablar de los impactos y daños a sus proyectos de vida y entorno local, esta exigencia ha sido permanente pues en Hidroituango y otros proyectos lo que se evidencia es que usualmente las visitas de seguimiento  se llevan a cabo con las empresas, en ningún caso se notifica a las organizaciones de afectados de la presencia de la autoridad ambiental en la zona.

El Movimiento Ríos Vivos en Antioquia ha participado en la Mesa de Interlocución y Acuerdos - MIA desde el año 2013 y en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular desde el 2014 hasta la fecha, y desde estos espacio no ha cesado de exigir la reparación integral por los daños ocasionados por Hidroituango y la suspensión de las obras como principio de precaución para garantizar el derecho a un ambiente sano, hasta tanto no se pruebe que Hidroituango no esta matando el segundo río en importancia para Colombia.  

No obstante, la ANLA se había negado a entablar un diálogo serio con el Movimiento Ríos Vivos en dos ocasiones durante los años 2014 y 2015 cuando los afectados se desplazaron hasta Bogotá buscando que se atendieran los graves daños que las represas están causando a las fuentes hídricas en Colombia; posteriormente durante los foros públicos de Toledo y Valdivia en el marco de Cumbre Agraria Antioquia se solicitó su presencia y no asistió. Fue necesaria entonces una movilización de las comunidades afectadas del Norte antioqueño y Bajo Cauca para sostener una reunión en la Gobernación de Antioquia con el Sr. Juan Sebastián Arenas Coordinador del Grupo de Energía de la ANLA el 16 de septiembre de 2015 y concretar una visita a la zona de afectación con los afectados por el proyecto. 

A esta visita se unió CORANTIOQUIA a través de su territorial Tahamíes quienes en octubre asistieron al Foro de Toledo adelantado por Ríos Vivos y la Cumbre Agraria. Después; finalmente la visita se llevó a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre de 2015 lo cual fue pertinente pues se tenían noticias entonces de las contrataciones de dragas por parte de EPM que borrarían la evidencia de los daños y por tanto la posibilidad de actuar con diligencia para proteger el ecosistema, situación que ya ha sucedido en otros frente de la obra donde la injusticia ambiental conlleva a que las comunidades ribereñas asuman los pasivos sociales y ambientales de la obra, al tiempo que sufren la estigmatización de los promotores del proyecto.

Es de anotar que estas y otras denuncias ambientales ya se habían realizado en el mecanismo de Quejas establecido por EPM y nunca han sido atendidas; en el caso puntual de la los vertimientos de toneladas de material de excavación al Río Cauca en la construcción de la vía de Hidroituango también fue de conocimiento del entonces Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, sin ninguna actuación pertinente en favor de la protección de la segunda cuenca más importante del país.

¿Qué reflexiones surgen de esta resolución? 

La sanción emitida por la ANLA si bien es importante y necesaria no es suficiente. La resolución toma en cuenta las evidencias de la visita de verificación concerniente al área del Bajo Cauca pero aún es necesario que la Autoridad se pronuncie sobre la otra parte del recorrido adelantado durante la visita, desde el Puente Pescadero hacia arriba a las playas Sardinas y Guayacán de Ituango en donde constataron las críticas condiciones de los barequeros y pescadores que han sido desalojados por la fuerza pública de otras playas y que están amenazados de nuevos desalojos por la continuidad de las obras. Es necesario que la ANLA se pronuncie sobre la problemática social generada por los censos insuficientes que ha adelantado EPM, y que tienen sesgos por la precaria caracterización sociocultural y económica de la población cañonera; al respecto la Corte Constitucional ya ha aportado elementos de jurisprudencia que la ANLA debe considerar (Sentencia T-135, Sentencia T-652, Sentencia T-194 de 1999).

En términos de los daños a la Cuenca Hidrográfica la sanción también es insuficiente, pues la Cuenca del Río Cauca es un ecosistema integral y como se arrojaron al Río toneladas de desechos de la obra, estos corrieron aguas abajo sedimentando las ciénagas y poniendo en riesgo la sobrevivencia de la fauna acuática, de aves y de miles de pescadores aguas abajo según lo denunciaron durante la visita afectados del municipio de Caucasia. Estos efectos sobre la cuenca son complementarios a los impactos causados por la construcción de la represa La Salvajina aguas arriba, por ello es urgente adelantar otra visita con el Movimiento Ríos Vivos para dar atención a los problemas de sedimentación del río que afecta gravemente a la región y a todo el pueblo colombiano.

Otros impactos ocasionados por Hidroituango

Frente al calentamiento global que agobia a Colombia y al planeta los bosques secos tropicales juegan un papel fundamental en la regulación del agua, no obstante Hidroituango inundará 4.500 hectáreas e impactará otras 26.060 hectáreas de uno de los bosques secos tropicales mejor conservados de Colombia en donde pervivían guacamayas verdes endémicas de la zona, tigrillos, innumerables variedades de serpientes, peces, osos perezosos y mamíferos en vía de extinción; al respecto Corantioquia constató durante la visita que el tramo de construcción de la vía carece de personal capacitado para la captura y reubicación de estas especies, además las continuas modificaciones a la Licencia Ambiental del proyecto -hoy van nueve-, han ampliado la zona de afectación y por lo tanto los impactos, sin que los comunidades directamente afectadas hayan sido informadas o socializadas ni incluidas en el censo de la empresa; incluso en el curso de estas modificaciones se han solicitado concesiones de agua de las cuales han hecho uso ancestral los barequeros y barequeras, arrieros, pescadores y campesinos que han interactuado por siglos con el río. 

Frente a estas situación que adolece toda Colombia debe actuar con celeridad la ANLA y el Ministerio de Ambiente, y tener en cuenta el informe Técnico de Corantioquia160TH-1512-20620 de la visita de verificación en la que se resalta que:

  • Las medidas implementadas para minimizar la generación de polvo que actualmente se desarrollan en zona de obras y en vías del proyecto no son totalmente eficientes pues es notoria la emisión de material particulado.
  • Iniciar en el menor tiempo posible la ejecución de los diferentes proyectos alternativos para los pescadores de la cuenca media y baja del río Cauca, y la zona de Pescadero-Ituango con el objeto de mejorar las economías familiares.
  • EPM deberá dar claridad a las comunidades sobre la delimitación y demarcación del área de utilidad pública del proyecto ya que las comunidades desconocen esos puntos y debido al tiempo definido ilimitado que ello tiene.
  • Dar atención al tema de salud de la población.
  • EPM deberá revisar los programas relacionados a los impactos identificados como es, de los cambios de las actividades económicas y productivas de las comunidades asentadas en el área de influencia dado que no puede convertirse en un problema que tengan que soportar las mismas comunidades sin el apoyo de entidades públicas y sin que existan medidas  efectivas para ello. 


ALERTAS frente a las medidas sancionatorias de la ANLA.

Para las comunidades afectas por Hidroituango y otros megaproyectos en Colombia sigue siendo objeto de preocupación que frente a las medidas sancionatorias y reparatorias se designe a las mismas empresas a automedir sus niveles de contaminación frente a temas como los olores, el material particulado, impactos socioeconómicos entre otros; incluso los Estudios de Impacto Ambiental son sesgados al ser pagados por las mismas empresas promotoras y lamentamos que la primera fuente de verificación de la autoridad ambiental en varios casos haya sido la información suministrada por las empresas; es por ellos que resaltamos la metodologías de participación directa de los afectados durante las visitas para garantizar un papel imparcial de la Autoridad y pertinencia en las actuaciones para preservar los bienes comunes de todo el pueblo colombiano. Ha quedado en evidencia que el autocontrol en términos de delitos ambientales no sirve para nada, no evita ni contiene los graves daños al ambiente. 

Frente a la resolución El Movimiento Ríos Vivos exige:

  1. Como denunciantes somos sujeto procesal de esta medida y no podemos ser excluidos como se pretende al no ser informados debidamente de esta resolución. Exigimos se nos tenga en cuenta para el seguimiento al cumplimiento de los requisitos antes de levantar la suspensión.
  2. Como afectados por Hidroituango nuestras denuncias deben ser atendidas con prevalencia,  no deben ser excluidas ni minimizadas como ha ocurrido en anteriores ocasiones dado que nuestras pretensiones son de carácter colectivo y en la defensa de bienes comunes y públicos como son la cultura cañonera, la pesca, el barequeo ancestral y artesanal, la calidad de las aguas y las cuencas de los ríos en general.
  3. Exigimos que con celeridad y en el tiempo que lo dispone la ley colombiana, la ANLA se pronuncie frente a los hallazgos del resto del recorrido realizado con la ANLA y el informe técnico enviado por Corantioquia a esta institución, más aún cuando ha sido comisionada para verificar el cumplimiento de la resolución 0027. Teniendo en cuenta las nuevas pruebas de daños aportadas por Ríos Vivos y debidamente radicadas ante la ANLA.
  4. Es urgente el pronunciamiento de la ANLA en relación a los nuevos desalojos forzosos sin reparación a los barequeros y pescadores entre otros aspectos denunciados como la migración de especies, las enfermedades por el polvo que genera la obra, etc.
  5. Visitas más frecuentes y concertadas con el Movimiento tanto para el seguimiento a este auto como para el Plan de Manejo Ambiental y la licencia en general.
  6. Mejoren los canales de comunicación y notificación.
  7. Exigimos a EPM garantizar la participación comunitaria como dicta la resolución 0027 y a garantizar el derecho de participación directamente al Movimiento Ríos Vivos como organización de afectados del Norte, Occidente y Bajo Cauca en este proceso.
  8. Exigimos se inicie el proceso sancionatorio respectivo por incumplimiento a las medidas que la ANLA estableció en el Auto 2161 de 2015 ya que como denunciantes y beneficiarios de algunas de estas medidas podemos afirmar y probar, como se hizo en terreno durante la visita, que no se han cumplido. 

Qué sigue para las comunidades afectadas

Las y los afectados agrupados en Ríos Vivos Antioquia han sido estigmatizados de manera permanente tanto por autoridades locales, como regionales. Después de implementarse la de cisión de la ANLA tanto el Movimiento en su cuenta de Twitter @RiosVivosCol como Isabel Cristina Zuleta una de las voceras del Movimiento en su cuenta @ISAZULETA mensajes de perfiles falsos y otros con serios señalamientos que ponen en riesgo la vida de las personas afectadas por Hidroituango articuladas al Movimiento. Exigimos a las autoridades investiguen estos hechos y se sancione a los culpables, además a la Unidad Nacional de Protección y Ministerio del Interior brinden las garantías y protección a los integrantes de Ríos Vivos 

Para mayor información escriba a riosvivosantioquia@gmail.com

Aguas ara la vida, no para la muerte!










 

miércoles, 27 de enero de 2016

Tres veredas confinadas y en alerta de desplazamiento forzado por acciones paramilitares. Municipio Briceño, Antioquia

Tres veredas confinadas y en alerta de  desplazamiento forzado por acciones paramilitares. Municipio Briceño, Antioquia 

27 de enero de 2015

El municipio de Briceño esta partido en dos, la población ha quedado en medio de la disputa territorial armada y vive una constante zozobra que se ha agudizado en los últimos meses con los crecientes asesinatos y sinsabores del desminado en la vereda Orejón. Las veredas han sido señaladas de ser paramilitares o de ser guerrilleras y para las comunidades el casco urbano esta tomado por los paramilitares desde hace mucho tiempo, lo que ha hecho que los habitantes de las veredas estigmatizadas de ser guerrilleras tengan temor de dirigirse al pueblo y los de las veredas estigmatizadas de ser paramilitares no se acerquen a las demás. Por otra parte, nadie sabe quien eligió el municipio de Briceño y la vereda Orejón para ser el piloto del desminado en Colombia, nadie sabe las razones, lo que es cierto es que los terrenos desminados son, en su mayoría, propiedad de Empresas Públicas de Medellin –Grupo EPM para Hidroituango y de Continental GOLD LTD para la segunda mina más grande del departamento después de Buriticá; al respecto el General Colón insiste en que fueron las “comunidades” las que eligieron pero desconocemos quien es la comunidad nacional y regional que lo hizo. El desminado ha avanzado con una intervención social desordenada, casi nula, sin resultados y que sólo han generado espectativas, desconociendo no sólo a las organizaciones que hacemos presencia en el territorio desde hace años sino a las autoridades locales Alcaldía y Concejo Municipal. Contrario a lo esperado a generado mayor estigmatización a la población y con ello aumentado el riesgo y los problemas de orden público por su inadecuado manejo del cual hacemos responsable al General Colon como figura pública que ha asumido el tema por parte del Gobierno, así como a la Cancillería colombiana y APN Ayuda Popular Noruega.  

Tres veredas y diferentes familias de las zonas aledañas a Orejón están en situación de confinamiento, las comunidades han dejado de usar el transporte público y el pueblo se observa vacío hasta el día domingo. Evitan salir por miedo a ser asesinados, uno de los paramilitares conocidos del pueblo difundió el terrorífico mensaje de que asesinarían a todos los de La América, es decir la vereda de donde eran los tres hermanos Moreno asesinados en los últimos meses; otras veredas cercanas sienten el mismo temor, El Pescado, La Molina y familias de diferentes zonas. Muchos de los campesinos no duermen en sus casas por miedo a incursiones paramilitares y se preparan para un desplazamiento masivo cercano a las 400 personas de no resolverse la angustia que están viviendo. Ya empiezan a escasear los víveres para algunas familias y otras han salido por peligrosos terrenos que no han sido descontaminados de minas antipersonales, en absoluto sigilo ingresan al pueblo evitando ser vistos y reconocidos como de estas veredas. 

En las veredas señaladas como paramilitares crece el temor al observar la presencia de cada vez más numerosa de ejercitos fuertemente armados. El pasado 10 de enero hombres con armas cortas y largas y cargados de municiones del Clan Usuga (Urabeños) citaron a toda la población aledaña a una reunión en el caserío del corregimiento de Las Auras en la que les expresaron que no debían temerles a ellos sino a la guerrilla y explicaron que asesinaron a los hermanos Moreno por ser colaboradores de la guerrilla de las FARC E.P. y que por esta razón eran un peligro para todos.

Los asesinatos han ocurrido en circunstancias poco claras, en zonas cercanas y en los mismos sitios de los hechos ha habido presencia de la fuerza pública, los campesinos hayan ilógico observar a paramilitares a poca distancia de la fuerza pública ya sea en la zona rural claramente identificados con camuflados y armados, y a escasos minutos de la presencia del Ejército Nacional o en la zona urbana vestidos de civil pero ampliamente conocidos por los habitantes y la Policía, así como en las esquinas en donde se concentran y las labores de extorsión y narcotráfico que realizan. El primer asesinato de los hermanos Moreno ocurrió el día sábado 10 de octubre de 2015 en el sector El Cementerio de la cabecera municipal cuando un sujeto armado disparó a Alberto Moreno Jaramillo, el asesinato fue atribuido a Alias Minuta integrante del Clan Usuga. Poco después el 31 de diciembre de 2015 en la vereda Morrón sujetos armados tocaron la puerta del señor Henry y le dispararon en varias ocasiones. A los dos días siguientes el 2 de enero de 2016 Víctor Moreno Jaramillo reconocido campesino de la región recibió una llamada de un sujeto conocido con el Alias de Maison, quien manifestó ser el comandante del Clan Usura que opera en la zona, citándolo a las afueras del pueblo en el corregimiento de Las Auras, al parecer estuvo siendo interrogado por largo tiempo y después lo obligaron a llamar a su hermano Roberto Alirio Moreno Jaramillo a quien le da los detalles de la grave situación y le dice que tiene que llevarle seis millones de pesos, en su búsqueda desesperada por conseguir prestado el dinero alcanzo a informar de esta situación a varias personas y se dirigió a su entrega, poco después se supo que ambos fueron asesinados.

Desde la anterior denuncia del Movimiento Ríos Vivos http://debatehidroituango.blogspot.com.co/2015/08/reten-paramilitar-en-briceno-antioquia.html en el mes de agosto de 2015 advertimos de esta situación y el Ejército manifestó haber tomado medidas para tener mayor presencia en zonas en donde se conoce de las acciones paramilitares como las vías que conducen hacia Orejon, el corregimiento de Las Auras y el Casco Urbano, entre otros. Lo insólito es que el Movimiento preguntó al Ejercito por las razones por las cuales no estaba en esos lugares el día de los asesinatos y este informó que la tropa, por instrucción de un alto mando militar, había sido trasladada de allí poco antes de los hechos, es decir, no se encontraba en la zona. Es por lo anterior que hacemos responsable al Estado Colombiano de cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el municipio de Briceño por acción o por omisión:

Las erradas actuaciones tanto de la institucionalidad prejuzgando los hechos sin el necesario proceso investigativo al señalar a los hermanos Moreno como narcotraficantes y con ello justificar su muerte, de la guerrilla de las FARC  EP realizando pronunciamientos y con ello reforzando y aumentando la estigmatización y por lo tanto el riesgo para estas comunidades, así como de organizaciones de la sociedad civil como el Movimiento social y político Marcha Patriótica y su recién creada asociación de campesinos ASCABRI quienes en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad física promueven movilizaciones  en el casco urbano que profundizaron la delicada situación que vive el municipio.

Hacemos un llamado para que todos los actores, instituciones, Fuerza Pública, organizaciones sociales, incluso las FARC EP y delegados del proceso de la Habana se abstengan de dar declaraciones o realizar acciones que aumenten el riesgo de la población toda vez que lo prioritario es la vida e integridad física de las comunidades de este municipio que tanto ha sufrido con el conflicto social y armado. La acción sin daño es lo que debe orientar la intervención en Briceño que posibilite un acercamiento a la justicia social y ambiental como primer paso para la paz 

Los concejales y funcionarios de la administración municipal se ven sometidos a un gran riesgo y se les dificulta sus funciones en un ambiente como estos, poco o nada pueden hacer, ante esta situación están sometidos a presiones de manera permanente e incluso a amenazas y asesinatos, la confianza en la Fuerza Pública esta resquebrajada desde los hechos del 2011 cuando después de un concejo de seguridad fue asesinado por los paramilitares el administrados del hospital por haberlos denunciado en presencia de la Fuerza Pública y posteriormente desplazados los periodistas locales. El Movimiento Ríos Vivos ha insistido ante la Defensoría del Pueblo directamente con el vicedefensor Esiquio Manuel Sanchez y el Director del Sistema de Alertas Tempranas SAT en Bogotá Jorge Enrrieque Calero Chacon el 30 de julio de 2015, sobre la necesidad de emitir una Alerta Temprana, que aunque no tiene nada de temprana, sería un paso importante en la protección, prevención y atención de violación de derechos humanos y DIH para las comunidades Briceñitas. La respuesta que se ha sentido en terreno por parte de las instituciones que coordinan el desminado en Orejón, General Colon Cancillería y APN ha sido aumentar sus viajes en helicóptero para evitar el tránsito por la zona, pues las vías en dirección hacia las zonas cercanas y la vereda Orejón son el terror para los campesinos.






miércoles, 20 de enero de 2016

Desaparición de opositora a represas en Brasil


Ni un minuto de silencio, sino toda una vida de luchas
Nota del Movimiento de Afectados por Represas, MAB, en el caso de la desaparición de Nilce Magalhães Souza, el liderazgo del MAB en Rondonia.




Sin justicia, no hay caso cerrado!
Hasta este momento, las investigaciones que vienen a cabo la policía civil no son tan claras, por el contrario presentan numerosas lagunas jurídicas en las indagaciones; situación que se agrava debido a declaraciones erróneas ampliamente difundidas en medios de comunicación, lo que  acaba por debilitar a la familia. Esperamos que los hechos de esta desaparición sean debidamente esclarecidos, que se determinen los responsables, así como el paradero de Nilce lo más pronto posible respetando la forma  jurídica adecuada.
Nilce de Souza Magalhães, más conocido como 'Nicinha', madre de tres hijos, abuela de siete nietos, pescadora y militante del MAB, Movimiento de Afectados por Represas, en Rondonia, ha luchado en defensa de la vida, el río y el bosque, ella era una mujer rivereña del río Madeira, en donde luchó para jamás salir.
Ella "desapareció" el 7 de enero de 2016, después de haber sido visto por última vez en la tienda de lona donde vivía con su marido, Nei, en un campamento con otras familias de los pescadores afectados por la Jirau represa hidroeléctrica, en el lugar llamado "Velha Mutum Paraná ", en el kilómetro 871 de la carretera federal BR 364, en dirección a Porto Velho-Rio Branco.
Nicinha fue vista  la última vez, por una compañera del campamento, cuando estaba cocinando y lavando ropa en su choza, a las 12:00 horas del 7 de enero. Algún tiempo después, la misma vecina sintió un olor a quemado y se fue a la choza de Nicinha; la comida se estaba quemando, la lavadora trabajando y Nilce ya no estaba en el lugar. 

Las búsquedas por parte de la policía civil comenzaron hasta el 13 de enero, casi una semana después de su desaparición,  solamente fue encontrada, por el equipo de bomberos, una pequeña cadena que ella siempre llevaba al cuello, la cadena estaba rota en el suelo, lo que puede indicar que se la llevaron a la fuerza, además, los documentos personales y la cámara también desaparecieron de la residencia, que contenía materiales de denuncias.
Nicinha es conocida en la región por la lucha en el MAB en defensa de las personas afectadas, denunciando violaciones de derechos humanos cometidas por el consorcio responsable por la planta de Jirau - Energía Sustentable de Brasil (ESBR); hija de caucheros que vinieron de la ciudad de Xapuri, (en Acre) para Abunã (en Rondonia), donde vivían hacia más de cincuenta años siendo en los últimos años afectados por Jirau.
En los primeros años de la construcción, el trabajo de los pescadores comenzó a ser seriamente comprometido, haciendo la vida muy difícil para ellos, en 2014 la comunidad también fue golpeada por una gran inundación potenciada por el embalse de la planta que inundó las casas de las familias ribereñas, destruyendo los cultivos, materiales de trabajo, entre otras pertenencias. Los diversos daños causados por la hidroeléctrica obligaron Nicinha a trasladarse, junto con otros pescadores, a "Velha Mutum Paraná" - donde carecen de acceso a agua potable y electricidad - para tratar de seguir sobreviviendo del extractivismo.
En la orilla del río Madeira y BR 364, es donde una vez vivió la comunidad de Mutum Paraná  (que fue completamente desalojada para el llenado del embalse de la Hidroeléctrica de Jirau) y es considerada propiedad privada, de manera que los ribereños son tratados como invasores. Nilce hizo varias denuncias en los últimos años, participando en las audiencias y eventos públicos señalando los graves impactos a la actividad pesquera en el río Madeira, así como el incumplimiento de las condiciones de la licencia de la empresa que requiere el consorcio reparar el nivel socioeconómico de las familias de pescadores afectados. El consorcio responsable de la represa hidroeléctrica de Jirau está formado por las empresas: GDF Suez-Tractebel de capital Francés, con 40%, Mitsui de procedencia Japonesa con el 20% y el grupo Eletrobrás con un 40%, Eletrosul y Chesf través de cada uno con el 20% de las acciones.
Suez-Tractebel es considerada una de las empresas más violenta del mundo y en Brasil para el tratamiento de las poblaciones afectadas y el medio ambiente. En 2010 Suez ganó el premio a la peor empresa del mundo por los Premios Ojo Público por la participación en la construcción de la represa hidroeléctrica de Jirau en el río Madeira, el mayor afluente del río Amazonas. El gobierno francés controla el 36% de las acciones transnacionales GDF Suez-Tractebel. Las empresas públicas de grupo Estado Eletrobrás pertenecen al gobierno de Brasil, así como al principal financiador de la obra que es el banco público BNDES.
Además de los graves impactos causados ​​por la represa en Brasil, ésta también afecta al territorio Boliviano, situación que ha sido ignorada en los estudios de impacto  socio-ambiental, siento objeto de acción en la OEA (Organización de Estados Americanos). Mientras en el plano de Brasilero, una serie de acciones civiles y numerosas restricciones ambientales son incumplidas.
Nilce hizo varias denuncias en los últimos años, la participación en las audiencias y eventos públicos, señaló los graves impactos a la actividad pesquera en el río Madeira, así como el incumplimiento de las condiciones de la licencia de la empresa que requieren el consorcio para reparar la situación socioeconómica de las familias de pescadores afectados.
Las denuncias llevaron a dos investigaciones civiles públicas que se están llevando a cabo por los fiscales federales y el fiscal de distrito en la no aplicación del Programa de Apoyo a la actividad de pesca y otra de carácter penal, a causa de la manipulación de datos en el seguimiento de los informes de actividades de pesca con el fin de no revelar dichos impactos.
También denunció la existencia de varias áreas de bosques inundados por el embalse de la presa, donde varias especies de árboles nativos han muerto, incluidos los esenciales para la extracción como castaños. Además de la presencia de bosques enterrados ilegalmente, que contaminan el agua y generan la emisión de gases de efecto invernadero.
Nicinha luchaba por el derecho de las familias afectadas por la inundación en Abunã, ella es un liderazgo conocido en la región en la defensa de los derechos humanos. Incluso después de la mesa de negociaciones con el gobierno federal, en diciembre de 2015, en el que Nicinha asistió, que el resultado ha sido una comisión gubernamental amplia para llevar a cabo una encuesta en la región para investigar las denuncias de violaciones de la empresa.
Nicinha lucha por los derechos de las familias afectadas por la  inundación de Abunã, es una lideresa reconocida en la región por sus labores en defensa de los derechos humanos, incluso fue después de su participación en una reunión con la hidroeléctrica de Jirau y el gobierno federal en diciembre de 2015, en Brasilia, cuando fue decidido la creación de un comité de agencias federales (como IBAMA y el Ministerio Publico) para realizar, a principios de este año, una encuesta para investigar las denuncias de violaciones de la empresa.
La criminalización de los movimientos sociales es una mancha en la historia del proceso democrático de Brasil, muchos líderes sociales han sido deslegitimados, perseguidos  y asesinado, el estado de Rondônia tiene una extensa historia de este tipo de prácticas.
A nivel nacional e internacional necesitamos solidaridad para buscar justicia para la realización de los derechos humanos.
Sin justicia, no hay caso cerrado !Agua para la vida, no para la muerte!

MAB Coordinación / Rondônia

martes, 24 de noviembre de 2015

Ejército Nacional y vigilancia privada de Empresas Públicas de Medellín agreden a integrantes del Movimiento Ríos Vivos

 Ejército Nacional y vigilancia privada de Empresas Públicas de Medellín agreden a integrantes del Movimiento Ríos Vivos

Noviembre 23 de 2015

Dichas agresiones ocurrieron en el marco de la visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la zona de influencia de Hidroituango y luego del debate de control político del senador Iván Cepeda donde hace públicos los contratos de EPM con el Ejército Nacional y la Policía Nacional por 55.274 millones de pesos y de las denuncias realizadas por el Movimiento Ríos Vivos sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la vigilancia privada. 

Dichas denuncias han hecho énfasis sobre la situación de Orejón y los ataques del batallón Bajes a las comunidades de la vereda Buena Vista Briceño, especialmente contra niños que son sujetos de especial protección. Esta situación fue ratificada el 11 de noviembre en las instalaciones de la Cuarta Brigada en donde se informó que ya se había procedido a identificar a los posibles responsables de los hechos ocurridos en el sector Taque del municipio de Toledo. 

El mismo día los integrantes de Ríos Vivos del bajo Cauca antiqueño acompañaron a la ANLA en el recorrido por el río Cauca donde se evidenció el vertimiento de grandes cantidades de desechos al río, la devastación de las montañas y los intentos de EPM por ocultar las evidencias de los daños ambientales. A las siete de la noche del 11 de noviembre, se presentó un fuerte enfrentamiento entre las FARC-EP y el Ejército Nacional dejando en medio del fuego cruzado a las comunidades de la vereda Buena Vista del municipio de Briceño. Al día siguiente, 12 de noviembre, el Ejército Nacional impidió la movilidad de la comunidad por los caminos de herradura, sin embargo, era prioritario para las familias poder trasladarse hasta el Valle de Toledo para denunciar ante la ANLA los impactos de Hidroituango.

  La ANLA les esperaba en la reja que EPM interpuso en la vía que comunica los municipios de Toledo y Briceño -la cual ha impedido por varios años la libre movilidad de los habitantes del sector-, por lo que el señor Sergio Alexander Chavarría tomó la decisión de desplazarse hasta dicho lugar transitando por cafetales y potreros pues esta oportunidad era única para llevar la voz de su comunidad ante la autoridad ambiental. 

El jueves 12 de noviembre, mientras se realizaba el recorrido de verificación de impactos y recolección de quejas concertado con la ANLA por los sitios de obra hasta el corregimiento del Aro, Ituango, el jefe de vigilancia privada de la empresa SERACIS llamado Álvaro y cuyo apodo es “El Zorro”, intentó impedir el paso al señor Fabio Muñoz de la vereda Orejón, Briceño. En el ingreso a uno de los túneles retrocedió intencionalmente con la camioneta de placas IUA 801 de Itagüí atentando contra la vida del Sr. Muñoz, este episodio le generó lesiones en ambas piernas. 

El recorrido de la ANLA culminó el 13 de noviembre en diálogo con familias barequeras presentes en las playas Guayacán, Sardinas y otras aguas arriba del Puente Pescadero, que derivan su sustento del río y que se encuentran amenazadas por nuevos desalojos forzosos a causa de Hidroituango. 

 Cuatro días más tarde, el 17 de noviembre, alrededor de las 8:30 a.m. se tuvo noticias que el Ejército Nacional batallón de artillería número 4 Bajes, estaba efectuando varias capturas de pobladores de la vereda Buena Vista, Briceño, por lo que los defensores de derechos humanos y ambientales, integrantes del Movimiento Ríos Vivos, Gregorio Chavarría y Sergio Alexander Chavarría decidieron desplazarse hasta el lugar para garantizar el respeto a los derechos de los capturados. De este modo, cerca de 30 personas de la comunidad decidieron acompañar a los integrantes del Movimiento y decidieron caminar hasta Taque donde el Ejercito tenia a los capturados; de manera irregular y violando el Derecho Internacional Humanitario, en el momento en el que se acercaba la comunidad el Ejercito empezó a disparar indiscriminadamente, generando caos y preocupación en la comunidad.  Cuando cesó el ataque la comunidad decidió terminar de acercarse y preguntar por los capturados, en ese momento un cabo del batallón insultó, empujó y maltrató con su fusil al Sr. Sergio Alexander Chavarría, luego lo amenazó con ser el próximo capturado y dijo a la comunidad presente que él ya había matado a 25 y podía continuar. La comunidad quedó sitiada por el Ejército en este lugar y durante las agresiones.  

Esta situación constata, la actuación violatoria de Derechos Humanos del Batallón Bajes en el desarrollo del millonario contrato de seguridad con la empresa constructora de Hidroituango EPM denunciado por el senador Iván Cepeda en el debate de control político de la comisión segunda del Senado el día 3 de noviembre de 2015. 

Preocupa a los integrantes del Movimiento Social que en menos de una semana se hayan presentado dos ataques contra sus integrantes al tiempo que la Unidad Nacional de Protección desmonta las medidas de seguridad de sus líderes.


Por los anteriores hechos exigimos:

  1. Se investigue y sancione a los responsables de estos hechos por parte de todas las autoridades competentes.
  2. Se investigue y sancione a la empresa SERACIS por parte de la Superintendencia de Vigilancia Privada. 
  3. Se eviten nuevas vulneraciones a las comunidades por parte del Batallón Bajes.
  4. Se brinde especial atención y protección de los derechos de las comunidades afectadas por Hidroituango, por parte de la Defensoría del Pueblo.
  5. Que la fiscalía general de la nación inicié el proceso investigativo respectivo por intento de homicidio contra el vigilante de la empresa SERACIS. 
  6. Se esclarezca la situación jurídica y se aclare las razones de las amenazas de judicialización en contra del Sr. Sergio Alexander Chavarría. 



lunes, 26 de octubre de 2015

Expedición sentipensante por el cañón del río Cauca

   Expedición sentipensante por el cañón del río Cauca
Noviembre 14 y 15 de 2015
 
Quien nombra, llama. Y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo, mientras no muera la palabra que, llamando, llameando, lo trae. Eduardo Galeano.
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Invitación especial para conferencistas de la CLACSO presentes en el congreso de Medellín y otros académic@s y activistas para visitar la zona de impacto de Hidroituango y conocer de viva voz los  testimonios de comunidades afectadas por la construcción de la represa en Antioquia.

Descargue la convocatoria en formato PDF: Expedición Sentipensante Cañón del río Cauca


Hidroituango es el megaproyecto hidroeléctrico más grande que se construye en Colombia, pretende generar 2.400 MW. Inició su construcción en el año 2009 y está en un porcentaje de ejecución del 30% aproximadamente. El muro que obstaculizará el río cauca tendrá una altura de 225 metros, el cual creará un embalse cuya extensión alcanzará 79 kilómetros a lo largo de Cañón del Río Cauca. 

El Patrón Mono como lo llaman los barequeros al Río Cauca es el segundo río en importancia de Colombia, su recorrido atraviesa varios departamentos y sostiene la economía, cultura y tradición de decenas de municipios. La obstaculización del río con Hidroituango afectará 26 mil hectáreas según dice la empresa constructora EPM, no obstante, a esta cifra se debe agregar todos los predios aguas abajo de la obra que se verán afectados con el manejo artificial del cauce del río y la ruptura de las cadenas biológicas. Por otra parte, esta obra afectará a doce municipios de norte, occidente y bajo Cauca del departamento de Antioquia, que han sido golpeados por la violencia sociopolítica: en estos municipios se han ejecutado 49 masacres, entre ellas, la masacre del Aro en Ituango, por la cual el estado Colombiano fue sentenciado. Cerca del 60% de la población en esta zona es víctima del conflicto armado y está siendo revictimizada por Hidroituango. 

Otro de los grandes impactos de la obra es el aumento de la militarización en una zona de alta conflictividad armada; el proyecto está construyendo tres bases militares y proyecta construir más en la zona, tiene múltiples convenios de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia y ha contratado dos empresas de vigilancia privada. La presencia de estos actores se ha traducido en violaciones expresadas en agresiones y amenazas a los opositores y manifestantes que expresan sus quejas y rechazo hacia la obra. 

Por otra parte, las comunidades han registrado un sinnúmero de impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que no son reconocidos por parte de las EPM ni por el gobierno departamental y nacional basados en el “saber científico” de los profesionales que trabajan para la empresa y los funcionarios públicos de la gobernación. La experiencia y la vivencia son permanentemente subvaloradas en los debates y en las denuncias aduciendo en mayor medida que en su mayoría es población analfabeta; no obstante, el saber científico que sustenta la viabilidad económica de Hidroituango dista de las realidades de las comunidades que asumen los pasivos sociales, económicos, culturales y políticos de la megarepresa.

Vale la pena resaltar que con el represamiento del Cauca, las culturas más afectadas son las que han dependido ancestralmente del río, como es el caso de las comunidades cañoneras que realizan el barequeo, por lo que el Movimiento Ríos Vivos y Académicos de Universidad de Antioquia buscaron su protección y la defensa de los derechos culturales apelando al Ministerio de Cultura pero este se ha negado a proteger esta manifestación cultural inmaterial argumentado, entre otros, que la Cultura no es un derecho fundamental y que por ser comunidades analfabetas no tienen la posibilidad de autoreconocer sus formas de vida. 

¿Quienes promueven la obstaculización del Río Cauca?

Los principales accionistas de Hidroituango son la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellin (EPM) que a su vez es ejecutora. EPM durante los últimos años se ha convertido en un grupo empresarial, Grupo EPM, el cual es una trasnacional de origen público con presencia en distintos países de Latinoamérica y Europa, que al actuar bajo la lógica del lucro y la acumulación ha incurrido en la violación de derechos como resultado de sus emprendimientos empresariales; en Colombia estas violaciones e irregularidades no son evidentes dada la connivencia de las instituciones del Estado y los vacíos de la legislación colombiana en materia de derechos y de la falta de garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado frente a los megaproyecto.

Entre otras empresas que se benefician y promueven la construcción de Hidroituango se encuentran, la brasilera Camargo Correa, las colombianas Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H S.A., Integral, Ingetec-Sedic, la sueca Scania, el consorcio colombo chileno Ferrovial Agroman Chile-Sainc Ingenieros Constructores y la firma colombiana Arquitectos e Ingenieros Asociados (AIA), entre otros.
 
 
Objetivo y metodología de la Expedición Sentipensante

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia invita a la comunidad académica y a defensores de la vida a visitar algunas de las comunidades que resisten para conservar su forma de vida y subsistencia en la zona y que se encuentra amenazada por desalojos forzosos, o a las que se les ha violado recurrentemente el derecho al trabajo y libre movilidad. Cabe anotar que ya han sido desplazadas forzosamente más de 500 familias por el proyecto, con el uso de la fuerza armada y en nombre del desarrollo. 

Agenda
El recorrido para sentir y pensar el cañón del río cauca se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre. Se hará estaciones en lugares estratégicos de la afectación y de interlocución con las comunidades.

La expedición partirá desde Medellín muy temprano el 14 de noviembre, se visitarán las playas del río Cauca para conocer la labor del barequeo y sostener una conversación directa con los afectados, este día se pernoctará en el municipio de Ituango. Al día siguiente observaremos las restricciones a la movilidad que la empresa ha dispuesto en el territorio así como otros impactos generados por la obra y se retornará por la noche a Medellín.
 
Resultado esperados
Al término de la gira se espera que quienes realicen el recorrido puedan, a partir de conocer las realidades de la zona, ayudar a visibilizar el contexto, las irregularidades y los conflictos. Los y las invitamos a escribir desde el sentir, el conocimiento y la experiencia, para que de este recorrido se construya un informe conjunto para entregarlo al Estado Colombiano.

Bajo confirmación previa los convocantes buscarán apoyo para garantizar la logística (transporte, alimentación y hospedaje) durante todo el recorrido. Para confirmar su participación envíe sus datos a riosvivosantioquia@gmail.com o con Isabel Cristina Zuleta al cel:3217347264 para cualquier duda 
                                                 
 
Movimiento Ríos Vivos Antioquia
 
¡Ríos Libres / Pueblos Vivos!


www.debatehidroituango.blogspot.com   //   www.defensaterritorios.wordpress.com

domingo, 25 de octubre de 2015

En America es un riesgo defender el ambiente y la naturaleza

En America es un riesgo defender el ambiente y la naturaleza




 https://www.youtube.com/watch?v=k5qQwQj_R4E

Según ‪#CIDH‬ es claro que en las Américas existe un patrón de riesgo para los defensor@s del ambiente que denuncias violaciones en el contexto de proyectos extractivos e Hidroeléctricos.

Brasil, Colombia, Mexico, Peru, Guatemala, Honduras, Nación Mapuche (Chile) defensores ambientales que se oponen a los proyectos de deforestación, metalurgia y su contaminación, hidroeléctricas, proyectos eólicos, megaminería, vías que destruyen territorios ancestrales. Oposición que ha significado el asesinato, tortura, judicialización, persecución, estigmatización, secuestro, desaparición, amenazas, violaciones y múltiples tipos de violencia en contra de los defensor@s de la naturaleza, principalmente perpetrados por agentes de seguridad privada de las empresas dueñas o cuntrurtocas del proyecto, fuerzas militares del estado (con mayor énfasis en casos en los que es una empresa pública) y funcionarios de las propias empresas. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1061129870586071.1073741898.110222549010146&type=1&l=c69d78ed4c

Los defensores exigieron garantías para ejercer el derecho a defender la naturaleza.
El Movimiento en defensa de los territorios y afectados por Represas Ríos Vivos Colombia participó el 19 de octubre de 2015 en la Audiencia de las Américas titulada “Situación de derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América” realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La audiencia destacó los riesgos que corremos las organizaciones y personas que nos atrevemos a defender nuestro territorios, la tierra, las aguas, el derecho a un ambiente sano, enfrentándonos de manera pacifica a los intereses de las empresas que con sus proyectos minero- energéticos principalmente destruyen la naturaleza.

sábado, 3 de octubre de 2015

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia rechaza la injusticia cometida contra Carlos Morales Defensor de Derechos Humanos y la organización CAHUCOPANA


El Movimiento Ríos Vivos Antioquia rechaza la injusticia cometida contra 
Carlos Morales Defensor de Derechos Humanos y la organización  CAHUCOPANA

Medellín 3 de octubre de 2015

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia en busca de la construcción de la paz en cada uno de los territorios de Antioquia y Colombia manifiesta su desacuerdo con campañas de estigmatización y desprestigio, en este caso contra del defensor de Derechos Humanos y líder comunitario Carlos Morales y la organización CAHUCOPANA. Exigimos a las autoridades competentes respetar el debido proceso y mas aún, teniendo en cuenta que Carlos Morales ha sido víctima de intento de agresión personal en múltiples ocasiones, su familia a sido perseguida por la labor de liderazgo que desde muy temprana edad ha realizado.

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia exalta las contribuciones del compañero Carlos Morales a la construcción de escenarios de unidad como AGROMINERA y la Cumbre Agraria en Antioquia, las expresiones de solidaridad como persona y desde su organización CAHUCOPANA con nuestro proceso de defensa del territorio. Su labor como defensor ha sido fundamental en el contexto del nordeste antioqueño, territorio agobiado por los conflictos económicos, sociales y armados que han puesto en riesgo su vida y la de su familia. Carlos Morales en medio de este contexto se ha esforzado desde la perspectiva de los derechos humanos por devolver la esperanza y la confianza a las comunidades rurales.

En medio de esta situación exigimos que el esfuerzo de Estado colombiano se oriente a garantizar la labor de los defensores de derechos humanos rurales en lugar de la persecución, estigmatización y judicialización.