COMUNICADO – MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DDHH A BURITICÁ, ANTIOQUIA Diciembre 15 de 2013



COMUNICADO – MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DDHH A BURITICÁ, ANTIOQUIA
Diciembre 15 de 2013

La misión ad-hoc de verificación de la situación de derechos humanos a Buriticá, Antioquia, en visita del 15 de diciembre de 2013, encontró graves irregularidades y la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas y policiales que atentan en forma indiscriminada contra las garantías fundamentales de los habitantes de la localidad, a raíz de los desalojos forzados que vienen realizándose en la zona.
Entre los hechos más graves verificados mediante videos, fotografías, audios y documentos, se tienen:
El decreto No. 089 de octubre 19 de 2013 está basado en un artículo de la Ley de Atención y Prevención de Desastres que no le confiere al alcalde municipal facultades para declarar la calamidad pública.
El municipio vive un estado de sitio de facto y se encuentra bloqueado por parte de la Policía Nacional, que restringe la entrada y salida de la población civil hacia y desde la localidad, en clara violación a la Constitución Política colombiana.
Desde hace al menos tres semanas, la Alcaldía de Buriticá se encuentra clausurada y es custodiada por personal del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).
Pese a que desde el pasado 4 de diciembre, el Juez Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia falló una tutela en contra del alcalde municipal, Carlos Varela, por la vulneración de los derechos de petición y al debido proceso de los mineros desalojados, éste no ha acatado la orden judicial y, además, no despacha desde la localidad.
El Puesto de Mando Unificado en el cual operan diferentes instituciones del departamento se encuentra en el sector de Pinguro y no está abierto al público para la recepción de denuncias, ni ningún tipo de documento.
Helicópteros de la empresa Helicargo hacen sobrevuelos nocturnos en la localidad invitando a los mineros a “desmovilizarse”. No obstante, el comandante operativo de la Policía de Antioquia, coronel Ramiro Riveros, quien se encuentra dirigiendo los operativos en Buriticá, afirmó a la misión que tales helicópteros son de la Fuerza Aérea e informan sobre los desalojos.
La población es víctima de empadronamientos y registros similares a los realizados en las zonas de consolidación que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
Los desalojos han ocasionado graves afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libre circulación, a la asociación, a la libertad personal, a la vivienda digna, al mínimo vital, al debido proceso, al interés superior del niño, y a la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan, entre otros. Por ello, se interpondrán ante las autoridades las acciones jurídicas necesarias para lograr la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
Hasta el momento, 1.600 personas han resultado afectadas por los desalojos, que han generado desplazamientos forzados y en medio de los cuales la Policía Nacional ha hurtado bienes y muebles enseres, así como oro y dinero en efectivo de los mineros.
Fueron documentadas agresiones físicas contra la población y se recibieron denuncias de detenciones arbitrarias. La Misión verificó una detención arbitraria durante su permanencia en la zona y tiene en su poder videos que prueban golpizas contra varios habitantes de Buriticá.
Varias personas testimoniaron cómo al menos 2 muertos más a los reportados oficialmente el día 21 de noviembre fueron transportados en tanquetas de la Policía hacia lugares desconocidos.
También se denunció la muerte de una niña, que la Misión no está en condiciones de verificar en forma independiente.
Durante la primera semana, se impidió el acceso a la zona del personal médico tanto privado como público y los insumos para el Hospital San Antonio de Buriticá.
La Misión verificó la grave afectación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de los adultos según el artículo 44 de la Constitución.


Movimiento Ríos Vivos Antioquia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia
Equipo Nizkor / Radio Nizkor
Central Unitaria de Trabajadores CUT-DDHH
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá
Cahucopana
Corporación Jurídica Libertad
Corporación para el Desarrollo Social (Corpades)
Organización SumaPaz
Equipos Cristianos de Acción por la Paz


I N F O R M E SITUACIÓN DE DDHH EN ZONA AFECTADA POR HIDROITUANGO



 DESCARGAR INFORME

"La construcción del megaproyecto Hidroituango de propiedad del Departamento de Antioquia como principal accionista y de EPM como segundo accionista mayoritario y ejecutor del proyecto ha venido generando una serie de violaciones a los derechos humanos de manera directa e indirecta, al mismo tiempo la construcción de la obra necesaria para la extracción de la energía se ha visto afectada por los ataques que ha recibido de la insurgencia y beneficiada por la zozobra, el miedo y los desplazamientos  forzados que produce la agudización del conflicto armado que dificultan la organización social de los afectados y afectadas para exigir procesos de reparación, mitigación, restitución o compensación por los daños y vulneraciones ocasionadas, así como se ve reducida la posibilidad de ejercer oposición al megaproyecto."



https://www.youtube.com/watch?v=yArxVJjfa20

https://www.youtube.com/watch?v=Pyy_l_GiYIE

https://www.youtube.com/watch?v=OtEHJy9WE0Y

https://www.youtube.com/watch?v=PyA9JZo1ing

https://www.youtube.com/watch?v=9EsWJ3sI-Vg

https://www.youtube.com/watch?v=B35anS1SGVE

https://www.youtube.com/watch?v=ai2GbeF51a0

https://www.youtube.com/watch?v=yDp-naViX2E

https://www.youtube.com/watch?v=taB8CxVGbZ8

https://www.youtube.com/watch?v=JfL1dhSE4ms

http://youtu.be/yArxVJjfa20
http://youtu.be/Pyy_l_GiYIE
http://youtu.be/OtEHJy9WE0Y
http://youtu.be/PyA9JZo1ing
http://youtu.be/9EsWJ3sI-Vg
http://youtu.be/B35anS1SGVE
http://youtu.be/ai2GbeF51a0
http://youtu.be/yDp-naViX2E
http://youtu.be/taB8CxVGbZ8
http://youtu.be/JfL1dhSE4ms





Desalojos en Buritica Antiqouia

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/buritica.html


Nuevo desalojo de Defensa Civil y Policía Nacional en Buriticá (Antioquia)


Decenas de campesinos y mineros habitantes del municipio antioqueño de Buriticá están siendo expulsados a la fuerza en un nuevo operativo realizado en el sector de San Antonio por efectivos de la Defensa Civil y la Policía Nacional. El balance inicial es de un minero herido en una pierda por una bala de goma disparada a quemarropa por miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) .
De acuerdo con la información transmitida por la Asociación Castilla de Oro, con base en Buriticá, a Radio Nizkor, en este momento, siendo las 13:00 h. (UTC/GMT -5) del 11 de diciembre de 2013, y amparados en un decreto de calamidad pública (emitido por el alcalde del municipio, Carlos Mario Varela Ramírez), los afectados están siendo transportados en camiones hacia el sector conocido como Tiguro, en las afueras de la localidad, donde se encuentra instalado un puesto de mando del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia. Los desalojados, en su mayoría mineros provenientes de otros municipios de la región, son dejados a la intemperie y no se les permite el reingreso.
Hasta el momento el reporte desde Buriticá indica que 15 ranchos más han sido destruidos, mientras los mineros huyen por la montaña para evitar ser subidos a los camiones que les llevan hacia la salida de Buriticá. Según la información obtenida, el alcalde habría decretado toque de queda a partir de las 14:00 horas. Los testigos informan que el ESMAD grita consignas de provocación como: "mineros segovianos, vengan y nos damos".
Es de recordar que según las denuncias recibidas el pasado 22 de noviembre de 2013, en una intervención similar de la fuerza púca 2 mineros murieron, 17 resultaron heridos, 6 están desaparecidos y 10 fueron detenidos. (ver http://radionizkor.org/colombia/#colburitica) y que desde esa fecha más de mil ranchos han sido destruidos.
El domingo 8 de diciembre de 2013, durante una asamblea popular realizada pese a la obstrucción por parte de las autoridades policiales, los habitantes de Buriticá denunciaron que se encuentran en un estado de excepción de facto, pues se les restringe incluso la movilidad y a aquellas personas cuyos documentos de identidad han sido expedidos fuera del municipio se les exige un certificado policial para circular en la localidad.
Asimismo fueron denunciados robos y extorsiones por parte de la Policía, golpizas contra mujeres por parte del ESMAD, amenazas a los líderes de los mineros, así como políticas discriminatorias contra los mineros de fuera del municipio.
La canadiense Continental Gold descubrió una veta de oro en el año 2007 y desde entonces se viene presentando una tensión entre los mineros artesanales y la multinacional. La declaratoria de calamidad pública se dio después del derrumbe en una de las bocaminas artesanales el pasado 18 de octubre de 2013.
Es de anotar que el decreto de calamidad pública Nro. 089 de 19 de octubre 2013, cuya vigencia ese establece hasta el próximo 19 de diciembre de 2013, se basa en el artículo 56 de la ley 1523 de 2012, de Atención y Prevención de Desastres (ver: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1523_2012_pr001.html#56) que sólo faculta al Presidente de la República para la declaratoria de desastre nacional. El artículo 57 de la misma, en cambio, permite a los alcaldes declarar la calamidad pública.
No obstante lo anterior, los desalojos forzados como los que se están ejecutando en este momento en Buriticá, los cuales constituyen un evidente abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.
Adicionalmente, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el desalojo forzoso, ya sea por vía de expropiación o por medios ilegales, afecta de sobremanera no sólo la calidad de vida de los habitantes, sino otros derechos en conexidad con ésta, tales como el mínimo vital y la dignidad humana, la salud física y psíquica, los derechos de menores de edad, entre otros. Existe un riesgo cierto de que estos desalojos se traduzcan en desplazamiento interno.
En efecto, esta organización ha constatado que: "las personas desalojadas no sólo pierden su hogar y su vecindario, en los que suelen haber invertido una buena parte de sus ingresos a lo largo de los años, sino que también se ven obligadas frecuentemente a abandonar sus efectos personales porque normalmente no se les avisa que las excavadoras o los equipos de demolición van a destruir sus asentamientos. Los desalojados también pierden las relaciones mutuas, a menudo complejas, que sirven de red de protección o supervivencia ante el costo de las enfermedades, la pérdida de ingresos o el desempleo, y que permiten compartir muchas tareas. Suelen perder una o más fuentes de sustento ya que tienen que abandonar el lugar en que tenían un empleo o su fuente de ingresos.
"El costo humano del desalojo forzoso es sin duda considerable y puede entrañar una amplia gama de repercusiones negativas adicionales para la vida y el sustento de los afectados, entre las que cabe mencionar las siguientes: la multiplicación de la pobreza particular y colectiva, incluida la falta de vivienda y el desarrollo de nuevos barrios de tugurios; los traumas físicos, psíquicos y emocionales; un futuro incierto; las dificultades de orden médico y la aparición de enfermedades; los gastos de transporte mucho más elevados; la pérdida del sustento y de las tierras tradicionales; el empeoramiento de las condiciones de vivienda; las lesiones físicas o la muerte por actos de violencia arbitraria; la necesidad de retirar a los niños de las escuelas; la detención o prisión de quienes se oponen al desalojo; la pérdida de la confianza de las víctimas en el ordenamiento jurídico y el régimen político; el descenso del número de viviendas para personas de renta baja; la segregación racial; la pérdida de lugares de importancia cultural; la confiscación de efectos personales y bienes particulares; el aumento considerable del costo de la vivienda; la falta de otras posibilidades de alojamiento; la tipificación como delito de las opciones de vivienda basadas en el esfuerzo propio; el incremento del aislamiento social, y la tirantez con las personas que ya residen en los lugares de reasentamiento."
Texto completo del Folleto Informativo No. 25 "Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos" en: http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs25_sp.htm#back3

Radio Nizkor
11dic13, 21:11 h. UTC/GMT +1 hour

Asesinato a otro miembro del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia




Asesinato a otro miembro del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia

Mientras el Gobierno Nacional incumple compromiso adquirido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de avanzar en la protección de defensores de derechos ambientales

El pasado 31 de octubre El Movimiento Ríos Vivos expuso en Washington la gravedad de las amenazas y violaciones a los derechos humanos que hemos tenido que sufrir por la labor de exigencia de derechos que realizamos. En este escenario el gobierno colombiano adquirió el compromiso de adelantar un encuentro el día 21 de noviembre con diversas organizaciones implementar medidas de protección específicas para defensores de derechos ambientales.  El gobierno incumplió la cita y hoy lamentamos un nuevo asesinato. 
En medio del dolor y la angustia de ver las playas del Cañón del Río Cauca destruidas por retroexcavadoras que con la complicidad y por empresas del Estado Colombiano han ingresado y destruido lo que por siglos ha sido el trabajo ancestral de barequeras y barequeros,  las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos por segunda vez en menos de tres meses perdemos a uno de los nuestros que, como todos, asumimos con dignidad y valentía el atrevernos  a decir NO a la construcción de la represa más grande de país –HIDROITUANGO-
Robinson David Mazo un joven de 22 años, empeñado en aprender por sus propios medios mecánica, transportador en las protestas, encargado de solucionar asuntos diversos y preocupado por lo que ocurría a su alrededor,  recibió siete impactos de bala  el día 30 de noviembre a las diez de la mañana aproximadamente, a las afueras del municipio de Toledo norte de Antioquia en el sitio conocido como La Matanza, después del hecho los habitantes de la zona observaron una camioneta y dos motos subir del sitio. Con gran temor se encuentra su madre y hermana con quienes vivía.
Robinson participó de las protestas en el año 2012 en contra de los atropellos de Hidroituango, al igual que lo hizo en marzo de 2013, también salió de la zona por temor a las amenazas proferidas por la fuerza pública y  las capturas masivas ocurridas en el corregimiento El Valle municipio de Toledo el 16 de marzo.  Llego a Medellín el 20 de marzo y compartió con las más de 300 personas desplazadas por cerca cuatro meses, cuando por la difícil situación económica que atravesaba y por el hecho de ser responsable de la manutención de su madre y hermana, se vio obligado a regresar a pesar del riesgo, como lo tuvieron que hacer SIN GARANTIAS y aún sin protección el resto de las familias el 25 de octubre de 2013 fecha desde la cual hemos insistido en la URGENCIA de establecer por parte del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, medidas colectivas para las y los integrantes del Movimiento, no obstante la respuesta recibida por parte de esta entidad fue el no poder realizar nada al respecto por no contar con funcionarios contratados para Antioquia.
Exigimos:

1.      Verdad, Justicia y Reparación para los asesinatos de Nelson Giraldo y Robinson David Mazo. La investigación sobre el asesinato de Nelson Giraldo aún se encuentra en la fiscalía de Ituango y el Movimiento y la familia desconocemos los avances de la misma.
2.      Solicitamos que por la gravedad de los casos las investigaciones sean trasladadas a fiscalías especializadas y se saquen del departamento por la alta incidencia política y económica que tienen los dueños de Hidroituango.
3.      Requerimos con carácter urgente que se implementen medidas de protección colectivas para todos y cada uno de los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, tal y como había sido solicitado desde el año 2012.

4.      El cumplimiento de los acuerdos mínimos relacionados con la alimentación suficiente y digna para la población que retorno al Cañón del Cauca, situación en la que faltando a su palabra la Gobernación de Antioquia quien incumplió, rechazamos los paupérrimos mercados que entrega el DAPAR y exigimos respeto en la entrega de las ayudas humanitarias.