COMUNICADO
– MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DDHH A BURITICÁ, ANTIOQUIA
Diciembre 15 de 2013
Diciembre 15 de 2013
La misión ad-hoc de verificación de la situación de derechos humanos a Buriticá, Antioquia, en visita del 15 de diciembre de 2013, encontró graves irregularidades y la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas y policiales que atentan en forma indiscriminada contra las garantías fundamentales de los habitantes de la localidad, a raíz de los desalojos forzados que vienen realizándose en la zona.
Entre los hechos más graves verificados mediante videos, fotografías,
audios y documentos, se tienen:
El decreto No. 089 de octubre 19 de 2013 está basado en un artículo de la
Ley de Atención y Prevención de Desastres que no le confiere al alcalde
municipal facultades para declarar la calamidad pública.
El municipio vive un estado de sitio de facto y se encuentra bloqueado
por parte de la Policía Nacional, que restringe la entrada y salida de la
población civil hacia y desde la localidad, en clara violación a la
Constitución Política colombiana.
Desde hace al menos tres semanas, la Alcaldía de Buriticá se encuentra
clausurada y es custodiada por personal del Escuadrón Móvil Anti Disturbios
(ESMAD).
Pese a que desde el pasado 4 de diciembre, el Juez Promiscuo del Circuito
de Santa Fe de Antioquia falló una tutela en contra del alcalde municipal,
Carlos Varela, por la vulneración de los derechos de petición y al debido
proceso de los mineros desalojados, éste no ha acatado la orden judicial y,
además, no despacha desde la localidad.
El Puesto de Mando Unificado en el cual operan diferentes instituciones
del departamento se encuentra en el sector de Pinguro y no está abierto al
público para la recepción de denuncias, ni ningún tipo de documento.
Helicópteros de la empresa Helicargo hacen sobrevuelos nocturnos en la
localidad invitando a los mineros a “desmovilizarse”. No obstante, el
comandante operativo de la Policía de Antioquia, coronel Ramiro Riveros, quien
se encuentra dirigiendo los operativos en Buriticá, afirmó a la misión que
tales helicópteros son de la Fuerza Aérea e informan sobre los desalojos.
La población es víctima de empadronamientos y registros similares a los
realizados en las zonas de consolidación que fueron declaradas inexequibles por
la Corte Constitucional.
Los desalojos han ocasionado graves afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libre circulación, a la asociación, a la libertad personal, a la vivienda digna, al mínimo vital, al debido proceso, al interés superior del niño, y a la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan, entre otros. Por ello, se interpondrán ante las autoridades las acciones jurídicas necesarias para lograr la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
Los desalojos han ocasionado graves afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libre circulación, a la asociación, a la libertad personal, a la vivienda digna, al mínimo vital, al debido proceso, al interés superior del niño, y a la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan, entre otros. Por ello, se interpondrán ante las autoridades las acciones jurídicas necesarias para lograr la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
Hasta el momento, 1.600 personas han resultado afectadas por los
desalojos, que han generado desplazamientos forzados y en medio de los cuales
la Policía Nacional ha hurtado bienes y muebles enseres, así como oro y dinero
en efectivo de los mineros.
Fueron documentadas agresiones físicas contra la población y se recibieron denuncias de detenciones arbitrarias. La Misión verificó una detención arbitraria durante su permanencia en la zona y tiene en su poder videos que prueban golpizas contra varios habitantes de Buriticá.
Fueron documentadas agresiones físicas contra la población y se recibieron denuncias de detenciones arbitrarias. La Misión verificó una detención arbitraria durante su permanencia en la zona y tiene en su poder videos que prueban golpizas contra varios habitantes de Buriticá.
Varias personas testimoniaron cómo al menos 2 muertos más a los
reportados oficialmente el día 21 de noviembre fueron transportados en
tanquetas de la Policía hacia lugares desconocidos.
También se denunció la muerte de una niña, que la Misión no está en
condiciones de verificar en forma independiente.
Durante la primera semana, se impidió el acceso a la zona del personal
médico tanto privado como público y los insumos para el Hospital San Antonio de
Buriticá.
La Misión verificó la grave afectación de los derechos fundamentales de
niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de
los adultos según el artículo 44 de la Constitución.
Movimiento Ríos Vivos Antioquia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia
Equipo Nizkor / Radio Nizkor
Central Unitaria de Trabajadores CUT-DDHH
Central Unitaria de Trabajadores CUT-DDHH
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá
Cahucopana
Corporación Jurídica Libertad
Corporación para el Desarrollo Social (Corpades)
Cahucopana
Corporación Jurídica Libertad
Corporación para el Desarrollo Social (Corpades)
Organización SumaPaz
Equipos Cristianos de Acción por la Paz
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