Académicos discuten respecto al manejo que Sergio Fajardo viene dando al conflicto socioambiental que ha generado la construcción de la hidroeléctrica HIDROITUANGO
Señor
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia
Respetado señor Gobernador:
El pasado 14 de marzo la periodista María Teresa Ronderos dedicó su columna del diario El Espectador a reseñar el libro Adiós Río, escrito por César Rodríguez Garavito y Natalia Orduz Salinas, investigadores del centro de estudios DeJusticia, en el que se narran los pormenores de la lucha política y jurídica emprendida por la comunidad embera que fue afectada por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, al sur del departamento de Córdoba en limites con Antioquia[1].
Como bien lo señala la columnista, investigaciones de este tipo son necesarias para que nuestra sociedad revise la manera en que se dota de contenido a nociones como el “interés general” y el “bien común” y cómo en nombre de ellas se impone una cierta visión del desarrollo, materializada en megaproyectos que dejan una honda huella en las vidas de las personas que habitan los territorios en donde tales proyectos se ejecutan. El balance ambiental, económico y social que deja el proyecto Urrá I, quince años después de concluida su construcción, lleva a cuestionar muy seriamente que aquello que llamamos “interés general” coincidiera realmente con el interés por obtener nuevas fuentes de energía eléctrica o si acaso aquél estaba mejor representado por las voces que alertaban sobre las funestas consecuencias de represar el río.
Pero además, lo que nos muestra la investigación de César Rodríguez y Natalia Orduz sobre el caso Urrá es cómo en nuestro país las poblaciones locales que reciben directamente las cargas derivadas de la ejecución de estos megaproyectos, han sido también las encargadas de abrir el debate público sobre los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la construcción de represas y sobre la manera equitativa de prevenir, mitigar y compensar tales impactos, en los casos en que este tipo de proyectos deciden llevarse a cabo. Sobre estas personas, que en general habitan zonas rurales y andan ya suficientemente atareadas gestionando su supervivencia, resolviendo cómo afrontar su presente y su futuro ante la inminente inundación de las tierras donde estaban asentados, casi siempre acosados por la presencia de grupos armados en sus territorios, es sobre quienes además hoy recae la carga de mantener abierto un debate que, en rigor, nos correspondería dar a todos los ciudadanos y no sólo a los directamente afectados por el proyecto. Abrir estos espacios de discusión ha representado para estas personas no sólo un costo extraordinario en términos de tiempo, energías y recursos económicos, sino también en términos de vidas humanas. Por levantar la voz contra el proyecto Urrá I fueron asesinados Kimy Pernía y Lucindo Domicó, dos importantes líderes de la comunidad embera del Alto Sinú.
Un trabajo como Adiós Río lleva a preguntarnos, finalmente, sobre el papel que le corresponde desempeñar a la academia y a la universidad en el debate público sobre las consecuencias de los megaproyectos. Esta obra muestra la importancia de la investigación social para incrementar el conocimiento disponible sobre las consecuencias perniciosas de poner en marcha megaproyectos de alto impacto sin tomarse en serio la voz de la población directamente afectada; sobre los efectos lesivos que tiene para todos la manera arrogante e irreflexiva con la que a veces se imponen decisiones en nombre del “interés general”. Pero al leerla en el momento actual, cuando avanza en nuestro país y, en particular en nuestra región, la construcción de otros proyectos hidroeléctricos similares a Urrá, es inevitable preguntarse si el lugar de los académicos en este debate ha de limitarse a observar la marcha de los acontecimientos y luego registrar a posteriori las consecuencias que traiga consigo la ejecución de este tipo de proyectos, o si además le corresponde a la universidad asumir un papel más pro-activo en el debate público sobre las consecuencias sociales, ambientales y económicas de este tipo de proyectos y sobre la manera más adecuada y equitativa de compensar sus impactos. Un papel que, en definitiva, no deje a las poblaciones rurales afectadas por estos proyectos, como los únicos y casi siempre solitarios promotores de un debate que nos concierne a todos.
Quienes suscribimos esta comunicación creemos que el rol de los académicos y de la universidad como institución consiste en contribuir al aumento y difusión del conocimiento disponible, de modo tal que éste contribuya a elevar la calidad de los debates públicos y, en definitiva, pueda ser utilizado por los demás actores – gobierno, empresas, sociedad civil – en la solución de los problemas y necesidades sociales. Por eso encontramos razones para el optimismo cuando en el Plan de Desarrollo “Antioquia, la más educada”, sitúa a la educación como motor de la transformación del departamento, tanto en el sentido de procurar el aumento de la cobertura y calidad de la educación, como en el de desarrollar su programa de gobierno “de la mano del sector educativo”. Muchas de sus intervenciones públicas como Gobernador, así como las de miembros de su gabinete, destacan la importancia de promover un diálogo permanente entre universidad, gobierno y sociedad.
Asimismo, nos alienta encontrar que dentro de los principios fundamentales de su administración, contenidos en el Plan de Desarrollo, se incluye el respeto por la deliberación pública, al señalar que esta “es fundamental para el fortalecimiento de una sociedad abierta, pluralista y democrática” y declarar, a renglón seguido, que “somos un movimiento que respeta la divergencia, no acalla por ningún medio la opinión diferente y procura un debate constructivo sin oponerse ni atacar a personas o grupos específicos”. En ese orden de ideas, hace expreso su compromiso con la participación ciudadana, al declarar que “la participación del mayor número de personas y agentes sociales en procesos abiertos y permanentes de transformación social contribuye a la cooperación, el aprendizaje colectivo y la acumulación de conocimiento y experiencias. Somos un movimiento que promueve la construcción colectiva de los proyectos sociales y políticos, así como de la gestión pública”. Finalmente, es clara su defensa de la prevalencia del bien común y del interés general, definidos en el Plan de Desarrollo “como el interés de todas las personas y no de algunas, y ni siquiera como el de la mayoría, pues agentes políticos y gobernantes deben mantener igual consideración por cada ciudadano y ciudadana”[2].
Sobre la base de estas consideraciones, queremos formularle algunas inquietudes respecto al manejo que se viene dando al conflicto socioambiental que ha generado la construcción de la hidroeléctrica HIDROITUANGO y sobre el papel que corresponde desempeñar a los académicos de la región y del país en general en el debate público sobre una obra que en el Plan de Desarrollo se califica como de importancia estratégica para la región y el país. Si bien Empresas Públicas de Medellín – EPM, es la entidad ejecutora del proyecto, nos dirigimos a Usted dado que el departamento es el principal accionista de la Sociedad Hidroituango S. A., que es la entidad impulsadora y responsable del proyecto.
En las últimas semanas nos hemos enterado, principalmente a través de las redes sociales y por su presencia durante varios días en el campus de la Universidad de Antioquia, de la movilización de centenares de campesinos, pescadores, barequeros y mineros artesanales provenientes de los municipios del norte de Antioquia donde se localiza el proyecto. Ellos plantean reparos tanto frente a la construcción de la hidroeléctrica, como sobre la forma en que se han determinado los impactos sociales y ambientales del proyecto y a las medidas implementadas para prevenirlos, mitigarlos y compensarlos. A través de su movilización, la población afectada por el proyecto Hidroituango pretende abrir espacios para una deliberación pública, de alcance regional y nacional, sobre si realmente el “bien común” y el “interés general” coincide con el interés en la construcción de la represa y sobre la manera en que deben distribuirse de manera equitativa las cargas que origina la realización de proyectos de desarrollo. Y aunque quienes suscribimos esta comunicación no disponemos aún de los elementos de juicio suficientes para mediar en la discusión, sí coincidimos en afirmar que, a la vista de las lecciones que dejó la experiencia de Urrá, el debate que hoy proponen los afectados por el proyecto Hidroituango es socialmente necesario y en modo alguno puede calificarse como fuera de lugar o no recibir la atención necesaria.
En ese orden de ideas, y en ejercicio del derecho de petición de informaciones, nos permitimos formularle las siguientes inquietudes:
[1] El libro puede descargarse en el siguiente vínculo: http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1288 La columna de María Teresa Ronderos puede leerse en: http://www.elespectador.com/opinion/columna-410403-urra-y-el-tan-mentado-interes-general
- ¿Qué espacios de deliberación pública y de participación ciudadana ha abierto hasta el momento o se propone abrir en el futuro próximo la Gobernación de Antioquia, para reflexionar sobre los impactos sociales, ambientales y económicos del proyecto Hidroituango en el ámbito local y regional y sobre la manera de prevenir, mitigar y compensar dichos impactos?
- Dado que comunidades afectadas por el proyecto se encuentran en este momento en la ciudad de Medellín ¿cómo está protegiendo la Gobernación de Antioquia el ejercicio de su derecho a la participación, a la protesta pacífica y facilitando la implementación de esos procesos participativos?
- ¿Cómo se ha concebido por parte de la Gobernación de Antioquia la participación de los académicos en este debate público?, en particular, ¿qué canales se han dispuesto para promover la participación de la universidad en este debate?
- ¿Cómo ha participado la Gobernación en los espacios de debate propuestos por las comunidades afectadas?
- Es por muchos conocida la agudeza del conflicto armado en la zona de construcción de Hidroituango ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la participación, deliberación e incluso oposición al proyecto en medio de estas circunstancias?
[1] El libro puede descargarse en el siguiente vínculo: http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1288 La columna de María Teresa Ronderos puede leerse en: http://www.elespectador.com/opinion/columna-410403-urra-y-el-tan-mentado-interes-general
[2] Documento consultado en:http://antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/3_Fundamentos.pdf (las citas fueron tomadas de la pág. 3, principios 3, 4 y 7).
No hay comentarios:
Publicar un comentario