Hidroituango engaña a las comunidades y genera violencia en la región

En la campaña mediática desarrollada por los dueños del proyecto hidroeléctrico se promete para las subregiones del norte y occidente de Antioquia muchas cosas: empleo, dinamización de las economías locales a través de inversión en infraestructura pero también en proyectos sociales y productivos, fortalecimiento institucional para que en los municipios beneficiarios de las regalías del proyecto hidroeléctrico éstas no se queden en el bolsillo de los alcaldes y de sus amigos sino que se inviertan en proyectos sociales como está estipulado por ley. Según esta propaganda no es la inversión en canchas de fútbol sino coliseos, no en la ampliación de cobertura en salud sino en calidad, también en educación de buena calidad y en proyectos de vivienda (con servicios públicos). Pero eso es precisamente lo que no se ve.

Analizando estas promesas que vienen haciendo desde hace treinta años políticos, funcionarios, y toda clase de empleados y contratistas que visitan la zona, vemos claramente la falsía de tal propaganda. Podemos comenzar por la generación de empleo, que fue el caballo de batalla de muchos alcaldes para acceder a estos cargos en las últimas elecciones; ahora, cuando sólo en Ituango hay cerca de trescientos jóvenes formados por el Sena, el Tecnológico de Antioquia, la Universidad Católica del Norte y la misma Institución Educativa Pedro Nel Ospina, con el único objetivo de proveer la mano de obra semicalificada para la represa, dice el Operador Social que, según las políticas de empleo del proyecto, los contratistas no están obligados por ley a contratar mano de obra semicalificada de la zona. Estas declaraciones nos dejan ver que hasta el empleo hace parte de la torta que se reparten los dueños del proyecto en las oficinas de Medellín.

¿Dónde queda entonces aquello de que vamos a  fomentar el arraigo permitiendo que los jóvenes se empleen sin salir de la zona, y que mejoren sus condiciones de vida y las de sus familias? Frente a las inconformidades planteadas con justa razón por cientos de jóvenes de la región, se justifica EPM diciendo que estas expectativas se las creó gratuitamente la misma población, los más de cinco mil habitantes de los municipios de la zona de influencia. En definitiva, nadie responde, ni políticos locales ni regionales ni la empresa. Eso sí, en el último año se encargaron de bajar las vallas que anunciaban el número de empleos directos e indirectos que iba a generar el proyecto.

La dinamización de la economía fue otra promesa que se desvaneció, como se desvanecen todos los proyectos que prometen mejorarles las condiciones de vida a las comunidades más empobrecidas en este país. Se pensó que con la llegada de ingenieros y personal del proyecto los pobladores locales invertirían y se dinamizaría la economía por esa vía. Pero no fue así; la cantidad de ingenieros y personal del proyecto que llega a Ituango no es representativa, además del sector comercial de la región no se adquieren ni víveres ni alimentos, ya que todo lo proveen directamente de Medellín a los consorcios y campamentos.
De manera que las construcciones que se levantaron y que se encargaron de encarecer la vivienda hasta en un 200%, siguen esperando albergar al personal del proyecto, mientras los pobladores locales ya no tienen cómo acceder a éstas por los altos costos. Cosa parecida ocurre con los servicios públicos, los cuales se han incrementado en el último año hasta en un 70%: se están pagando en el municipio facturas de luz (sector residencial) de hasta noventa y cien mil pesos, y de agua hasta setenta mil pesos mensuales. Y eso sin represa todavía.

La dinamización de la economía se da cuando en un municipio o ciudad se reporta un buen margen de venta que permita que los capitales circulen, que se genere empleo y que  por esa vía más personas tengan con qué comprar o participar de la economía formal. Esta situación no se refleja en el municipio, ya que las inversiones que se hicieron, con la generación de expectativas, ocasionaron un fenómeno de inflación que encareció el costo de vida en más de un 70%; no hay empleo, las ventas en el sector comercial cayeron en un 70%, y hoy los comerciantes del municipio son un sector golpeado y amilanado, además de estigmatizado y señalado de ser colaborador de la subversión y hasta de testaferros de éstos. Debido a este señalamiento en días pasados se hicieron efectivas nueve capturas en su contra.

Al lado del descontento generado por las falsas promesas al sector del comercio de los municipios de la zona  está el conflicto por la indemnización a los mineros y el censo amañado que realizó EPM. Los propietarios de tierras se sienten estafados; además, el clima en la zona de influencia es de zozobra y miedo porque, sumado a la violación sistemática de los derechos a los pobladores por parte de EPM, está el recrudecimiento del conflicto en la zona por cuenta de la no resolución del conflicto que cuenta con más de 20 años.

En los últimos dos años, en la zona de influencia del proyecto (Sector Taque, vereda Los Naranjos) han sido volados más de 3 vehículos de propiedad del consorcio que adelanta las obras de pavimentación de la carretera; de igual forma han incinerado varios vehículos, entre ellos un bus de servicio público hace menos de un mes. Pero los hechos más recientes obligan a la población civil a tomar cartas en el asunto, primero a denunciar y segundo a presionar para que EPM y los consorcios que tienen a cargo las obras de pavimentación de la carretera busquen soluciones que le pongan fin a esta situación.

El día sábado 16 de abril se presentaron enfrentamientos entre el ejército nacional y la guerrilla de las Farc en la rivera del río Cauca, zona de incidencia directa del proyecto, que dejaron como resultado un guerrillero muerto y un soldado herido. Y el día 1 de mayo se presentaron hostigamientos en la vía y se debió suspender el transporte debido a que la vía se encontraba minada. Dicha situación está trayendo para la población civil  consecuencias graves, como son el riesgo para transitar en las carreteras por los constantes enfrentamientos, así como presencia de minas, quema de vehículos oficiales y de los proyectos, entre otros.

Queda con esto demostrado que lo que pregona el gerente de EPM a lo largo y ancho del país sobre la amplia aceptación por parte de comunidades locales y actores presentes allí con respecto al proyecto es otra mentira.  La población civil solicita a EPM y a los consorcios que tienen a su cargo las obras de la carretera que se manifiesten y asuman su responsabilidad en esta coyuntura, ya que, como población civil, asistimos como nunca a una disputa por el territorio, liderada por EPM y apoyado por el Estado, en la que se nos violan sistemáticamente nuestros derechos a la vida, a la tierra y al territorio, a la movilidad, a un ambiente sano, entre otros.