Cañón del Río Cauca, Antioquia, Colombia, 27 de
noviembre de 2016
Señores(as):
COMITÉ
EJECUTIVO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
CORPORACIÓN
INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)
Washington D.C.
Cordial saludo.
El próximo 29 de noviembre la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
decidirá si invertirá un total de US$550.000.000,00 en las
Empresas Públicas de Medellín S.A.E.S.P. (EPM), para la construcción de la
represa Hidroituango[1] a través del proyecto número 11794-04.
Las comunidades impactadas por dicha
hidroeléctrica, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, ponemos
en conocimiento de la Corporación la grave situación de violación de derechos
humanos y ambientales que se vive actualmente en el terreno
intervenido por HidroItuango. Dicha situación, que se viene perpetuando desde
que se iniciaron las obras de construcción de la represa, contradice los
principios internacionales de derechos humanos y las propias políticas internas
de la CII.
Por tanto,
las organizaciones firmantes solicitamos tener
en cuenta la información aquí presentada y, en consecuencia, abstenerse de la inversión en Hidroituango considerando que la misión del Grupo del Banco Interamericano
de Desarrollo es “mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe”, y
que uno de los fines primordiales de la CII es “promover el desarrollo
sostenible”, consideramos que se trata de información fundamental para entender
los impactos que este proyecto está teniendo en Colombia.
La
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII, de fecha 1 de
septiembre de 2013 (en adelante “la Política”), declara que la sostenibilidad
ambiental y social de las actividades que apoya es fundamental para lograr
resultados de desarrollo positivos[2]. Luego,
la misma Política estipula que para el resguardo socioambiental de los
proyectos en los que se involucra, la CII se hace responsable de implementar su
propia política y de asegurar que todas las inversiones que financia
la cumplan[3].
Dice además que no financiará operaciones que no vayan a satisfacer sus
requisitos ambientales y sociales en un plazo razonable[4].
Hidroituango atenta gravemente con dichos
principios por ser un proyecto que viola derechos humanos y ambientales. Según indican
los documentos del proyecto, abiertamente disponibles en el sitio web de la CII,
cerca de 700 personas serán desplazadas forzosamente, se afectará la calidad
del suelo y del agua, habrán impactos culturales y ambientales considerables y muchas personas perderán la posibilidad de ejercer sus
actividades de subsistencia[5]. Lo anterior y mucho más ha sido también ampliamente
divulgado en medios colombianos[6], en audiencias de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos[7] y en diversas manifestaciones de las propias comunidades
afectadas[8].
En el
Título sobre los compromisos de la CII, la Política dispone que la CII está
comprometida con las buenas práctica internacionales en los aspectos sociales
de cada proyecto que financia, incluidos los derechos humanos[9]. Lo
anterior supone que los clientes realicen consultas públicas rigurosas, se
acerquen y comuniquen con las comunidades afectadas y que implementen mecanismos
de compensación de reclamos coherentes con los riesgos e impactos sociales y
ambientales del proyecto[10]. Pero
esto no ha sido cumplido en el proyecto en cuestión. Los procesos de
HidroItuango han
vulnerado el derecho a la información y a la participación efectiva.
Por un lado, no toda la población que será
afectada por Hidroituango fue involucrada en los procesos de participación pues
muchas personas ni siquiera fueron incluidas en los censos hechos por la
compañía. Este hecho incluso fue reconocido en la Licencia Ambiental otorgada
por el gobierno a la compañía para poder iniciar actividades[11].
Igualmente, el estudio de impacto ambiental
elaborado por la compañía no fue socializado adecuadamente con las comunidades
afectadas. Por el contrario, las obras del proyecto iniciaron antes de que las
comunidades locales tuvieran conocimiento sobre los impactos del proyecto y
sobre los correspondientes planes de manejo[12]. Además, la licencia ambiental ha sido
modificada 11 veces desde el año 2009, pero ninguno de los cambios ha sido
socializado adecuadamente con las comunidades afectadas y sólo 3 de estas
modificaciones han sido publicadas por la empresa en su página web.
Por otro lado, las comunidades y líderes
sociales que han recurrido a la protesta contra el proyecto Hidroituango han
sido criminalizadas y sus derechos humanos han sido afectados. Desde que las
comunidades campesinas, barequeras, pescadoras y arrieras se empezaron a
organizar en el Movimiento de afectados Ríos Vivos Antioquia, dos personas han
sido asesinadas y 17 han recibido amenazadas de muerte, (tanto individuales
como colectivas). 14 personas ya cuentan con medidas de protección de la Unidad
Nacional de Protección y hubo un intento de secuestro, donde el principal
sospechoso es el cuerpo de vigilancia privada al servicio de EPM. Además se han
denunciado torturas por parte de la fuerza pública y permanente estigmatización por
parte de la empresa e inversionistas del proyecto así como de los medios masivos
de comunicación. Durante
la última movilización social, llevada a cabo en junio de 2016, los
paramilitares pidieron suspender la movilización so pena de muerte y
prohibieron que durante las marchas se manifestara en contra de EPM o de la
obra; a pesar de que estos hechos fueron puestos en
conocimiento de las autoridades y denunciados ante la fiscalía, el ambiente de
inseguridad no cesa, lo que imposibilita la participación efectiva de las
comunidades.
(Estas y otras denuncias han sido publicadas en http:debatehidroituango.blogsp
Con
respecto a los aspectos sociales, laborales y de salud y seguridad, la misma Política
establece claramente que los clientes deben velar por la participación e
inclusión de personas indígenas y otros grupos vulnerables, y prevenir impactos
adversos hacia ellos[13]. Si
bien en la zona de impacto de HidroItuango no existen poblaciones indígenas, si
se trata de grupos altamente vulnerables, por tratarse
de una zona agobiada por más de cuatro décadas por el
conflicto armado. Estas comunidades no han
sido correctamente involucradas en
consideración de su delicada situación, hasta el momento se
desconocen medidas para hacerlo; por tanto ¿Cómo esperar que dichas
comunidades puedan tomar decisiones sobre lo que esperan de sus territorios y
los proyectos que les afectarán
cuando no gozan de paz y tranquilidad en sus casas y
veredas?, La empresa no ha
actuado para mitigar esa victimización, por
el contrario, ha empeorado la situación, según se explica a continuación:
En la región afectada se han perpetrado 50
masacres, en su mayoría por acción de grupos paramilitares. Existe actualmente una
investigación en curso en la Fiscalía 15 de Justicia y Paz de Medellín que
busca aclarar las relaciones del megaproyecto con estos actores armados; no
obstante, después de cuatro años la investigación no ha arrojado resultados. Los
afectados han solicitado información sobre el avance de las investigaciones, pero
ni la fiscalía ni el gobierno nacional han dado respuesta.
Respecto
al reasentamiento involuntario, que deberán sufrir al menos 700 familias, la
misma Política de la CII exige compensación equitativa y restauración de los
medios de subsistencia, y se remite a la Política de Reasentamiento
Involuntario del BID y la norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial[14]. El
proceso de reasentamiento en el caso de HidroItuango no ha cumplido con los
mencionados estándares. Esto se evidencia en el
expediente del proyecto puesto que en el momento de autorizar el inicio
de la construcción del proyecto aún no se habían definido los
lugares donde se reubicarían las personas afectadas[15]. Sin
embargo, ha habido múltiples denuncias sobre desalojos forzados que en un par
de ocasiones han llegado a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos[16].
En
estos casos no se cumplieron los Principios Básicos para los
desalojos forzosos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para este
tipo de proyectos[17]. De hecho, la cifra de 700 familias a
desplazar no contemplan las más de 500 familias que ya han sido desplazadas y
que, a pesar de haber realizado dos declaraciones colectivas juramentadas ante
el Estado colombiano, siguen sin ser reconocidas como afectadas por la empresa.
Igualmente, para la compensación de las
personas afectadas, no se identificaron e individualizaron las actividades
productivas de las comunidades[18], aún cuando la mayoría de las personas se
dedican al barequeo, pesca y agricultura, actividades que dependen del río que
será intervenido. Lo anterior quiere decir que se autorizó un proyecto cuyo
estudio de impacto ambiental no identificó las actividades que serían
afectadas, lo cual es esencial para implementar planes de compensación
adecuados.
Por
otro lado, la Política también se refiere a la problemática del cambio
climático, reconociendo su importancia y estableciendo que la mitigación del mismo,
y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, son aspectos prioritarios de
sus inversiones y actividades[19]. Hidroituango
inundará y deforestará más de 4500
hectáreas de Bosque Seco Tropical incluyendo dos poblados[20];
además las grandes represas son responsables de la emisión de grandes
cantidades de metano a la atmosfera, un gas efecto invernadero mucho más
potente que el CO2[21].
Todas estas vulneraciones, que ya se están
dando, podrían agravarse con la inversión adicional que considerará la CII. Por
estas razones, la CII, como organismo multilateral destinado a promover el
desarrollo regional, debe considerar los hechos y potenciales amenazas y
vulneraciones que se sumarían de concretarse la inversión. El verdadero
desarrollo, el que contribuye a la realización de todos derechos humanos, tiene
la mejora de calidad de vida de las personas y sus comunidades – y no el lucro
– como objetivo principal[22].
Por todo lo aquí narrado, y en consideración de
las propias políticas sociales y ambientales que rigen el actuar de la CII, corresponde
que la Corporación Interamericana de Inversiones se abstenga de invertir en el proyecto
hidroeléctrico Hidroituango y que active los mecanismos que considere
pertinentes para proteger los derechos de todas las comunidades afectadas en el
cañón del Río Cauca, donde se construye el Proyecto Hidroituango.
Para responder a esta comunicación puede
escribir a: riosvivosantioquia@gmail.com
Atentamente,
Organizaciones
y grupos articulados al Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados
por Represas Ríos Vivos Antioquia: Asociación de Víctimas y Afectados por
Megaproyectos ASVAM Ituango, ASVAM El Aro Ituango, ASVAM Toledo, ASVAM Briceño,
ASVAM Orejón, Chiri y
Buenavista de Briceño, ASVAM San Andrés de Cuerquia, ASVAM
Peque, Grupo de jóvenes defensores del agua de Ituango, ASOPESVAL Asociación de
pescadores de Valdivia, Asociación de Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia
AMPA, ASOPESCA Asociación de pescadores de Caucasia, ABC Asociación de
Barequeros del Bajo Cauca, ASOMIAVAL Asociación de Mineros de Valdivia,
ASOMINSAB Asociación de mineros de Sabanalarga, AMARU Asociación de Mujeres
Defensoras del Agua y el International Accountability Project.
[1]
Disponible en Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects
[3] Número 1 del
Título III de la Política, sobre Funciones y Responsabilidades de la CII en la
Evaluación y Supervisión Ambiental y Social.
[4] Número 2 del Título III de la Política, sobre
Funciones y Responsabilidades de la CII en la Evaluación y Supervisión
Ambiental y Social.
[5] Disponible en
Sitio web de la CII: http://www.iic.org/en/projects
[6] http://www.semana.com/opinion/
[7]Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 153 Período
de sesiones, octubre 29 de 2014. Desplazamiento forzado y proyectos de
desarrollo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
[8] En
el blog “Debate HidroItuango” el Movimiento en Defensa de los Territorios y
Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia, organizado en 15 asociaciones y
grupos de pescadores, barequeros (mineros artesanales y ancestrales), cocineras,
arrieros, agricultores, entre otros expresa mediante informes de violación de derechos
humanos y comunicados públicos lo que están viviendo con la construcción de la
hidroeléctrica. Disponible aquí: http://debatehidroituango.blog
[11] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central
hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones.
Disponible en: http://hidroituango.com.co/ima
[12] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central
hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones.
Disponible en: http://hidroituango.com.co/ima
[15] Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental para el proyecto central
hidroeléctrica “Pescader-Ituango” y se toman otras determinaciones.
Disponible en: http://hidroituango.com.co/ima
[16] Ver audiencias de la CIDH sobre derechos humanos,
desarrollo e industria extractiva en Colombia. 31 de octubre de 2013: https://www.youtube.com/watch?
[17] http://www.contagioradio.com/n
[18] Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 0155. 30 enero 2009. Por la cual se otorga una licencia ambiental
para el proyecto central hidroeléctrica “Pescadero-Ituango” y se toman otras
determinaciones. Disponible en: http://hidroituango.com.co/ima
[20] EPM. Proyecto
Ituango. Peque, Sabemos que hay impactos y los manejamos responsablemente.
Disponible en: http://www.epm.com.co/site/Nue
[21] Bridget R. Deemer, et al.
Greenhouse Gas Emissions from
Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. P.1. 2016. BioScience: biw117v1-biw117. Disponible en: http://bioscience.oxfordjourna
No hay comentarios:
Publicar un comentario