La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- aceptó nuevamente la solicitud
del Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectados por
represas Ríos Vivos y de organizaciones colegas como Justicia y Paz, AIDA, NOMADESC y Corporación Jurídica Libertad
para hablar sobre el desplazamiento por meaproyectos en el país, donde
cobra especial importancia el desplazamiento generado por las represas
en Colombia.
Organizaciones solicitan que la CIDH
inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y
declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la
constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades
Pidieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema.
Washington D.C., EE.UU. En una audiencia
celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el marco de su 153º Periodo de Sesiones,
organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano
internacional, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento
forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” como
una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita.
Las organizaciones expresaron su
profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran
personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural.
Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y
amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el
reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la
mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Cordoba.
Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido
territorios, ecosistemas, culturas ancestrales, causando daños
irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de
poblaciones.
Los solicitantes presentaron ante la
CIDH tres causas principales que favorecen el desplazamiento forzado por
proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la
implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de
normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los
impactos directos por la puesta en marcha de estos.
Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo.
Adicionalmente, señalaron que el Estado
esta haciendo uso arbitrario de figuras jurídicas legales como la
declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos proyectos,
sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente,
asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha
convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en
consecuencia, causal de desplazamiento forzado.
Los megaproyectos están afectando
gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños
irreparables como la contaminación ambiental que están provocando
desplazamientos de poblaciones.
Están causas, que han generado por lo
menos 200.000 desplazados victimas de la implementación de proyectos
hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las
organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de
minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y
prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se
evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos
fundamentales de los afectados.
Finalmente, las organizaciones pidieron
la intervención de la CIDH para que en Colombia se instale de inmediato
una Mesa Integrada, donde participen los afectados, con el propósito de
debatir la política minero energética y construir un modelo que no
propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y
tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional
y la Contraloría General de la Republica sobre la necesidad de definir
otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas
por la Comisión Mundial para Represas.
Vea nuevamente la audiencia en:
Movimiento Ríos Vivos, riosvivoscolombia@gmail.com
Astrid Puentes Riaño, AIDA (Washington), +1 (202) 330-1831, apuentes@aida-americas.org
María José Veramendi, AIDA (Washington), +1 (202) 468-7535, mveramendi@aida-americas.org
Rafael Figueroa Rincón (Colombia) + (051) 3212584960 rafael.figueroa@pas.org.co
Videos:
- cómo las represas con su lema desarrollo generan desplazamiento de miles de comunidades.
- Además conoce el testimonio de una de las niñas afectadas por el megaproyecto Hidroituango.
Buenas tardes, me gustaría comunicarme con ustedes, porque medio lo lograría
ResponderEliminar