Informe de DDHH y DIH Afectados por Hidroituango
Ríos vivos Antioquia
Junio 15 de 2013
Desde hace varias décadas se ha previsto la construcción en el norte y
occidente de Antioquia, del proyecto Hidroeléctrico más ambicioso de Colombia:
Hidroituango. Este proyecto prevé inundar 3800 hectáreas de bosque tropical,
desplazó y desplazara miles de personas, y afectará la producción agrícola de
12 municipios para generar 2.400 megavatios de energía, los cuales serán
destinados a abastecer el mercado internacional de la energía y la industria
extractiva en Colombia.
La Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. obtuvo mediante resolución 155 del 30
de Enero de 2009, la Licencia Ambiental para la construcción, llenado y
operación del embalse, generando a partir de esa fecha una situación de cambio
permanente en la que, debido al avance de obras, miles de pobladores de los
doce municipios del área de influencia de la represa, se han visto afectados por
la vulneración de sus derechos.
El gran descontento se empezó a sentir, cuando las obras empezaron a
avanzar sin que la gente fuera debidamente informada sobre el proyecto, a la
fecha muchos no saben que es una represa, ni mucho menos, en que le beneficia o
impacta; por otra parte, quienes dependen del Río Cauca por la pesca, la
agricultura o el barequeo son los que ya han entendido o encarnado los
problemas que trae consigo la represa. Muchos de los pobladores quedaron por
fuera del censo socieconómico adelantado por la firma Integral, dado que los
funcionarios decidieron hacer los censos sobre la vía pública, y no en los
lugares de trabajo donde se encontraba
las personas trabajando debido –quizás- al miedo por el conflicto armado en la
zona; no obstante, la empresa Empresas Públicas de Medellín EPM quien es la
segunda accionista mayoritaria y la operadora de la obra, se ha negado a
responder por los agravios de esa estrategia, y se ha negado a abrir un nuevo
censo pero tampoco ha estado dispuesta a solucionar los problemas de la mano
con las comunidades por medio del diálogo; el Movimiento Ríos Vivos ha
cuestionado el conducto de reclamaciones de la empresa EPM, pues solo es
posible hacerlo por escrito mediante derecho de petición desconociendo la
realidad cultural de la zona, donde muchos de los afectados no saben ni leer ni
escribir entre otros aspectos.
Por otra parte el conflicto armado en la zona, y su posterior agudización
han imposibilitado que las comunidades puedan tener un ejercicio pleno de su derecho
a la participación ciudadana, además, ante esta situación, el Estado no ha
garantizado ni aclarado como en medio del conflicto armado garantiza y
garantizará el pleno ejercicio de este derecho, esto no es claro a pesar de
citarse en la Licencia Ambiental del proyecto: artículo 79 de la Constitución Política
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.
De esta manera ante la pérdida del trabajo, de la tranquilidad, ante la
agudización del conflicto armado en la zona, las injusticias en las
negociaciones con la empresa EPM, afectación de predios por la construcción de
la represa, conflictos socioambientales por la contaminación auditiva, de las
aguas, destrucción de paisajes, afectación agrícola, etc, las comunidades se
han venido movilizando paulatinamente hasta el punto de tener que traer por
razones de seguridad su movilización pacífica hasta la ciudad de Medellín,
donde permanecen desde el 20 de marzo de 2013, a donde tuvieron que llegar tras
ser hostigados y detenidos algunos de ellos ilegalmente por la policía luego de
haber iniciado una movilización pacífica el 10 de marzo para mostrar su
descontento con la represa e intentar hallar canales de diálogo para la
solución de las problemáticas y conflictos sociambientales.
I.
Agudización del conflicto armado en la
zona de influencia de Hidroituango en el 2013.
Desde diciembre de 2012 se intensificó la presencia militar por parte de la
fuerzas armadas Ejercito y Policía en todos los municipios impactados por el
megaproyecto. Desde este mismo mes la guerrilla de las FARC anuncio el
sembrado de minas antipersonal en estos mismo municipios, especialmente en
Ituango y Briceño.
Lo anterior ha provocado que la población civil pierda su movilidad natural
para el ejercicio de sus actividades de sobrevivencia. Con estos artefactos se
ha ocasionado la muerte de un menor de edad Diomedes Chavarría, dos más
resultaron heridos[1] y causaron el desplazamiento
forzado de cuatro familias en el municipio de Briceño; el cierre de la vía
que conduce a Ituango por cargar con dinamita un bus de transporte público, los
ataques a la fuerza pública por parte de francotiradores de las guerrilla y los
enfrentamientos armados, son constantes en la zona.
En el mes de febrero de 2013 los atentados de la guerrilla en Ituango
ocasionaron la muerte de una mujer, hirieron a una niña y a varios militares. A
estos hechos se le suman en Briceño enfrentamientos armados, bombardeos (8 de
febrero), la ocupación de la escuela de la Vereda Orejón por parte del
Ejército, la instalación de más minas cercanas a la Escuela por parte de la
guerrilla y el trágico accidente que dejó una joven de 16 años muerta y nueve
heridos de los cuales cinco son menores de edad (18 de febrero). En el mismo
sentido el Alcalde de Ituango realizó una alerta sobre la presencia de minas en
cercanía a instituciones educativas. El mayor riesgo para la vida y la
integridad física en la zona lo tiene la población infantil y juvenil.[2]
El 15 de febrero, en medio de un gran despliegue militar hicieron presencia
en el municipio de Ituango el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el
alcalde de Medellín Aníbal Gaviria y el gerente de EPM Juan Esteban Calle. La
noche anterior en el casco urbano se escucharon tres fuertes explosiones y se
observaron amenazantes grafitis por parte de la guerrilla. No obstante,
las instituciones educativas realizaron con niños y niñas un desfile en honor a
los visitantes. Lo que claramente, según las delicadas condiciones de
seguridad, fue una utilización de los niños como escudos de protección.
A los dos días, 17 de febrero, fue dinamitado un bus de transporte público
que se dirigía al municipio de Toledo; un carro tanque y otro vehículo cargados
de dinamita fueron dejados en la vía pública quedando confinada la población
del norte de Antioquia y en medio de la oscuridad por la voladura de una torre
de energía la noche anterior.
El mismo 17 de febrero de 2013 el ELN y las FARC declararon objetivo
militar las obras de Hidroituango[3].
El 11 de marzo del 2013 aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango
firmados por el Frente 18 de las FARC alusivos a la exigencia de retiro de la
zona de personas foráneas y advertencias de dos días para salir.
El 13 de marzo de 2013 hubo un atentado explosivo en el corregimiento El
Valle del municipio de Toledo, en el que salieron heridos varios soldados y una
de las manifestantes, pues este hecho ocurrió en las afueras de la institución
educativa muy cerca de la concentración humana que se preparaba para la jornada
del 14 de marzo.
El día 14 de marzo de 2013 aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango
alusivos a los grupos paramilitares “Las AUC están en el pueblo”
En San Andrés de Cuerquia la guerrilla mató a un presidente de la Junta de
acción comunal y lo vistieron o estaba vestida con uniforme de EPM. Esto
ocurrió entre el día 17 al 18 de marzo de 2013.
Los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército han aumentado en las
veredas cercanas al Río, el día 23 de mayo de 2013 entre las 2 y las 6 p.m. se
presentaron fuertes enfrentamientos en la vereda Buena Vista del municipio de
Briceño.
Ø
El temor a la presencia paramilitar.
Si bien en la zona hacen presencia múltiples actores armados especialmente
guerrillas, la huella que dejo la presencia paramilitar hace que la población
sienta un gran temor al ver señales de su nueva presencia relacionada con la construcción del obra y en
contra de las protestas realizadas por
la población.
Tres han sido las mayores evidencias en lo corrido del 2013 de su presencia
en la zona, la primera un hecho ocurrido en la playa conocida como Sardinas en
el municipio de Ituango en enero de 2013 (se relata con mayor detalle en el
siguiente apartado). Segunda: Algunos de los empleados de consorcios y empresas
contratistas de la obra han escuchado que otros, también empleados, hablan de
su experiencia como paramilitares y/o reinsertados y de las actuaciones de
estos grupos en otras obras hidroeléctricas como las del cañón del Río Porce.
También algunos de los empleados notaron como el día en el que sucedieron los
hechos en las playas de Sandinas por supuestos Urabeños el número de obreros
que pernoto en los campamentos disminuyo en comparación con otras noches. Tercera:
El día 14 de marzo de 2013, día anunciado para las movilizaciones en contra de
Hidroituango aparecieron grafitis en el Municipio de Ituango alusivos a los
grupos paramilitares “Las AUC están en el pueblo”
II.
Amenazas, Judicialización y
estigmatización que limitan la participación y la organización social
17 personas del Movimiento han sido amenazadas. Llamadas, medios
electrónicos y amenazas directas e indirectas realizadas por desconocidos y la
Fuerza Pública son las principales características. Los líderes y lideresas son
los más afectados, 11 personas han pedido medidas de protección al Ministerio
del Interior, para el Movimiento en pleno se han pedido medidas colectivas, más
de 700 personas que conforman el Movimiento en Antioquia.
Hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Estado.
Cada uno de los eventos programados por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia
ha sufrido atropellos por parte de la Fuerza Pública o actores armados ilegales
o los mismos empleados que laboran para
Hidroituango, entre los cuales se cuentan funcionarios de la Gobernación de
Antioquia cuya única función ha sido la promoción de este megaproyecto por
encima de las comunidades, es el caso del cargo creado con este fin denominado
Gerencia de la zona de Hidroituango. Lo anterior demuestra una clara violación a los derechos de
asociación, de reunión, de protesta pacífica, de participación y el derecho
al buen nombre.
El primer evento del año fue la segunda
Audiencia popular ambiental realizada el
20 de enero de 2013, el día y la noche
anterior a este evento encapuchados ingresaron a la paya del Río Cauca
conocida como Sardinas (Ituango) en donde laboraban más de 80 mineros y mineras
artesanales. Traían varios rehenes también del gran grupo, se presentaron como
Urabeños, amenazaron con armas cortas y largas a toda la población, además les
robaron sus enseres y les propinaron maltratos.
Por distintas razones se sospecha relación de estos hombres con la
construcción de la hidroeléctrica.
La protesta realizadas en el mes de febrero fue detenido arbitrariamente
uno de los manifestantes, al cual se le maltrato física y verbalmente, se le
señalo de pertenecer a las FARC y se le hurtaron sus enseres por parte de la Policía
Nacional en el corregimiento de El Valle municipio de Toledo, Norte de
Antioquia. El Ejército Nacional constriño a un grupo de manifestantes a
abandonar la protesta.
La mayor represión se inició desde el 10 de marzo de 2013 cuando el
Movimiento se preparaba para las jornadas de protesta en contra de las represas
mundialmente y específicamente para la zona, en contra de Hidroituango a
realizarse el 14 de marzo. Este mismo día iniciaron los atropellos de la fuerza
pública policías fuertemente armados sin identificación generaron gran temor en
la población campesina. AL día siguiente
12 de marzo se vieron muy cerca de los campamentos establecidos por la
población personal del Ejército Nacional.
Ese mismo día ya casi entrando la noche las comunidades fueron atacadas
con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento por parte del ESMAD
(Escuadrón Móvil Antidisturbios) lo que generó una huida masiva del lugar,
algunas personas quedaron heridas y otras estuvieron desaparecidas durante toda
la noche, corriendo un alto riesgo por las extensas áreas sembradas de minas
antipersonales.
A los líderes y lideresas que se dirigían hacia la zona acompañados de un
importante grupo de personas el 14 de marzo, después de participar el 13 de
marzo en un debate en la Asamblea Departamental de Antioquia, fueron retenidos
injustificadamente en varias ocasiones durante el trayecto lo que ocasiono que
llegaran en horas de la noche y el resto de los y las afectadas no pudieran
realizar la tan anunciada jornada de protestas.
El 16 de marzo estaba citada una asamblea a las 10 a.m. y a eso de las 9:20
son capturadas más de 80 personas y llevadas a la estación de Policía de El
Valle. De estas fueron retenidas 12 y
transportadas en helicópteros de la empresa EPM al municipio de Santa Rosa de
Osos, de los capturados uno es menor de edad, la juez de garantías determino
ilegal la captura y fueron dejados en libertad
a las 12 p.m. del 17 de marzo. El proceso continúa y EPM pretende
declararse víctima de los afectados y afectadas.
Desde que se inició el proceso organizativo no han parado los señalamientos
y la estigmatización de servidores públicos y militares. El mismo gobernador de Antioquia ha
protagonizado estos señalamientos injustificados. Durante la captura ilegal a los
judicializados la Policía los y las señalo de ser guerrilleros, no teniendo
esto relación con el delito por el cual están siendo acusados “obstrucción en
la vía pública”
Las personas que se quedaron en la zona sufrieron fuertes amenazas por
parte de la Policía Nacional lo que no les permitió deliberar, reunirse y
protestar. Además lo que los y las
obligo a desplazarse, como tantas otras veces hacia la ciudad de Medellín.
III.
Desplazamiento forzado por la construcción
de Hidroituango y por la agudización del conflicto armado
En el caso del área de influencia de Hidroituango, especialmente en
jurisdicciones del Municipio de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de
Cuerquia han tenido lugar diversos hechos que provocaron el desplazamiento
forzado de la población civil. En primer lugar, se ha producido la pérdida de la
actividad económica habitual hecho que desmejora las condiciones de vida en la
zona, afectando la salud y la alimentación. Está pérdida del trabajo se
relaciona directamente con los DESALOJOS por medio de amparos policivos que ha
interpuesto EPM para sacar a los barequeros del Cañón del Cauca; a la fecha se
han adelantado TRES DESALOJOS MASIVOS, con presencia de funcionarios de EPM,
Policía, ESMAD y Ejercito; estos ocurrieron en la playa Tenche, Ituango donde
más de 26 personas fueron desalojadas por la fuerza en diciembre de 2010, en las
diferentes playas de la finca Capitán, Briceño, el 30 de mayo de 2011 donde se
sacaron en contra de voluntad a más de 200 personas y en la Playa Plan de
Icura, Briceño, donde sacaron por la fuerza a más de 90 barequeros el 26 de
marzo de 2011.
Como complemento de esta situación la vigilancia privada de EPM restringe
la movilidad de las comunidades por las riberas del Río Cauca, impide el
ingreso a muchas zonas, esta labor ha sido compartida con la Policía y el
Ejercito, muchos no han vuelto al Río a trabajar por el miedo a un desalojo y
los consecuentes maltratos a pesar de su derecho natural sobre el territorio,
el Río y la necesidad de garantizar su subsistencia.
En segundo lugar, en todos los casos hubo excesos y abusos, los
ranchos (casa de madera y platico
trdicional de la población barequera o minera tradicional) junto con todos los
enseres personales de las personas que habitaban allí fueron quemados o
destruidos y tirados al rio. Lo mismo
ocurrió con sus herramientas de trabajo
(bateas y cajones, palas, etc) mucho solos pudieron sacar la ropa que llevaban
puesta.
Frente a esta situación Naciones Unidas ha publicado hace algunos años una
serie de directrices que deben tenerse en cuenta antes de proceder con
desalojos en proyectos de desarrollo,
como por ejemplo garantizar que el desalojado va a tener otra casa o lugar de
trabajo mejor que el que está dejando en contra de su voluntad, similares
condiciones ha estipulado la Licencia Ambiental de Hidroituango, pero pese a
esto, los desalojos se han hecho sin que la gente sepa a donde va ir, o la
restitución de sus actividad productiva garantizada.
Por otra parte, con la agudización del conflicto armado en la zona, las
comunidades afectadas no ven de qué manera pueden realmente participar en la
toma de decisiones, por esa razón se han adelantado diversas protesta, cada vez
con un número mayor de participantes, entre los que se resalta la movilización
adelantada para celebrar la primera Audiencia Popular sobre hidroituango el 29 de
agosto de 2012 en el Valle municipio de Toledo, que fue levantada por la
infracción denunciada del DIH por parte de soldados del Batallón Bajez, quienes
e la noche se metieron entre la población civil, posteriormente las comunidades se movilizaron en rechazo al
megaproyecto para buscar espacios de diálogo el pasado 10 de marzo de 2013,
donde debido al hostigamiento constante de la fuerza pública, a pesar de contar
con permisos para la movilización pacífica, las comunidades decidieron iniciar
una marcha hasta Medellín el 17 de marzo para salvar su vida e integridad
física, ejercer su derecho a la protesta y lograr su objetivo, establecer una
mesa de diálogo para que se atienda con celeridad y rigor la grave situación de
derechos humanos, conflictos sociales y ambientales que padecen en la zona con
la Gobernación de Antioquia y la Empresa EPM.
IV.
Situación humanitaria de las y los
afectados por Hidroituango que se encuentran en el Valle del aburra.
Luego de caminar extensa jornadas, cerca de 235 personas arribaron al Valle
del Aburra, municipio de Bello el 19 de marzo de 2013 y al día siguiente al
municipio de Medellín. Desde este momento los afectados por Hidroituango se han
sentido defraudados por la respuesta del municipio de Medellín, Ministerio Público,
entidades encargadas de atención humanitaria, EPM y sobre todo la Gobernación
de Antioquia.
Violando los postulados
referidos a la ayuda humanitaria como un derecho, no se ha recibido ayuda
alguna en alimentación, albergue, protección y salud.
Los malos tratos de las administraciones municipales y gubernamentales se
dan además en virtud de negarse a tener un debate público con los afectados y
de llegar a precisar, sin adelantar las indagaciones necesarias, que no hay
razones para que las comunidades estén en Medellín. Los medios de comunicación
locales y algunos nacionales han jugado a desinformar a la población en
general, emitiendo notas y artículos que ponen en riesgo a los integrantes del
Movimiento Ríos Vivos.
Más de 250 familias se encuentran en el Valle del aburra entre personas
desplazadas por la contrucción de hidroituango y la agudización del conflicto
(hechos relacionados en el aparte anterior) y otros afectados por la obra que
desean participar en las acciones de protesta por su desacuerdo con la
misma.
El 10% de las personas se encuentran enfermas, el 19% son niños y niñas, el
7% son adultos mayores, el 24% mujeres,
muchas cabeza de familia con dos o más hijos, y el 51% hombres.
Las principales dolencias son infecciones respiratorias, hipertensión
arterial en adultos mayores y gastritis.
La alimentación se constituye de verduras y granos donados en las plazas de
mercado de la ciudad y por organizaciones y personas. Es muy variable. Se cocina en una olla para
todos y con leña.
El alojamiento durante todo este tiempo ha sido principalmente en el
antiguo coliseo de la Universidad de Antioquia, una vieja edificación cuyos
techos en mal estado hacen que durante las lluvias se inunde lo que aumenta los
riesgos para la salud.
Muchos duermen en el piso, algunos tienen carpas y colchonetas, y la
mayoría cuenta con frazadas donadas por la Cruz Roja Internacional, estudiantes
y personas solidarias.
V.
Lo que revelo la Audiencia pública
realizada por el Congreso de la Republica a Hidroituango
Audiencia realizada
el 27 de abril de 2013. Resumen Ejecutivo[4]
A. Violación de DDHH e infracción del DIH, son un asunto histórico en el
territorio. Los actores armados legales
e ilegales son los responsables de estos hechos.
Dos momentos históricos han marcado el desarrollo de Hidroituango y el
desarrollo del conflicto armado en la zona.
1996. 26 Asesinatos en masacres ocurridas en Ituango,
Valdivia (tres desaparecidos) y Santa Fe de Antioquia.
- 51
Asesinatos en masacres ocurridas en Liborina, Peque, San Andrés de Cuerquia e
Ituango.
1998. –Actualización estudios de
factibilidad
-29 Asesinatos
en Masacres en Peque, Liborina, Sabanalarga e Ituango[6]
-desplazamiento
de 55 familias en Ituango (No se tienen los datos concretos de otros municipios
La creación de
la Sociedad promotora del Proyecto constituye un hecho histórico rodeado de
hechos de violencia. La escalada de violencia en la zona cierra este primer
ciclo alrededor del año 2005 cuando los frentes paramilitares (AUC y Bloque
mineros que se disputaban la zona) fueron derrotados miliarmente por la
insurgencia de las FARC. Esta escalada
produjo miles de desplazados, prácticamente todas las comunidades del Cañón han
sido desplazadas alguna vez en su vida y, en todos los municipios afectados se
presenta este fenómeno.
No se registran para el
municipio de Ituango desplazamientos masivos entre el año 1999 y el 2000. A
partir de este la frecuencia de este fenomeno para el municipio es la
siguiente: 2000, 2001, 2001, 2004 y 2005.
Hasta el año 2009 y 2010 en donde se superaron todas las cifras de
anteriores años.
2006. Realización de censos en
la zona, estudio de socioeconómico y predial. Complementación
de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental
2007. Se termina el estudio de Complementación de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental
2008. Toma Hostil. Operación financiera por parte del
departamento de Antioquia y el IDEA para lograr el control del proyecto. Se termina el estudio iniciado en el 2006 Actualización
Socioeconómica y Predial.
Primera declaratoria de utilidad pública
-
Detonación de artefacto
explosivo en la principal calle comercial del casco urbano Municipio de Ituango,
La Peatonal. Resultaron 7 personas muertas y alrededor de 53 heridos.
Segundo Momento: 2009. Licencia ambiental, Asamblea General de Propietarios e Inicio de las obras.
-
Cerca de 1.200 personas fueron desplazadas de
veredas enteras en el municipio de Ituango.
2010. Aprobación del Manual de Valores
Unitarios de los predios y componente socioeconómico, firma acuerdo de
voluntades, Segunda declaratoria de utilidad pública, adición de zonas al
proyecto.
- Más de 1.500 personas fueron desplazadas de veredas
enteras en el municipio de Ituango
Los
asesinatos selectivos se convirtieron en el remplazo a las masacres, sobre todo
de líderes de la zona, es por eso que en los mismos estudios realizados para el
Hidroituango se encuentra una alta debilidad en las organizaciones
sociales. Se desconocen aún muchas de
las cifras relacionadas con estos momentos históricos pero es necesario que se
indague al respecto.
Propuesta del Movimiento: Una mesa de alto nivel que verifique la situación actual y concerté una ruta
que supere la impunidad y respete el derecho a la verdad y memoria histórica de
las víctimas con las instituciones respectivas.
B. Delitos culturales y ambientales.
Ø
Inminente etnocidio. El barequeo una práctica ancestral. La
cultura cañonera (transhumantes, permanencen en las riberas del río Cauca), y
montañera (intercambio de productos con cañoneros, barequeros cuando no hay
cosecha) ambos en una estrecha interacción relación con el río Cauca.
Propuesta del Movimiento: El Barequeo como patrimonio cultural inmaterial, plan de salvaguardia para
proteger esta cultura.
Ø
Impactos ambientales
subvalorados por el Proyecto. Migración y desaparición de especies,
contaminación de aguas y aire. Incertidumbre generada por cambios en el
microclima y sus respectivas implicaciones en la producción agrícola.
Propuesta del Movimiento: Fortalecimiento del Movimiento, organizaciones sociales y comunitarias que
realicen una inspección y denuncia cotidiana.
Seguimiento a las misma que permita las sanciones y mitigación
respectivas.
C. Problemas en el desarrollo de la obra
Ø
Los estudios no coinciden con
su implementación. Las metodologías no
expresan lo planteado en los estudios y propuestas conceptuales.
Ø
Censos que dejaron por fuera a
muchos afectados, especialmente por el momento en el que se hicieron y la
manera como se realizaron.
Ø
El Manual de Valores Unitarios
no conto con la participación de muchos grupos poblacionales afectados. Las compensaciones propuestas no son acordes
con una real compensación social y económica acorde con las características
culturales de la zona.
Propuesta del Movimiento: Realización de un nuevo censo y un nuevo manual de valores unitarios
concertado con las comunidades.
VI.
Se espera.
Ø Se realicen las investigaciones
pertinentes sobre todas las violaciones de derechos humanos e infracciones al
DIH en la zona de construcción de la hidroeléctrica para que haya acceso a la
Verdad, Justicia y Reparación. Para esto se ha propuesto la constitución de una
mesa de alto nivel con la participación de actores del orden nacional que
garanticen que los análisis y toma de decisiones no sean parcializados, dado
que Hidroituango tiene como socios mayoritarios a la Gobernación de Antioquia
(52%) y EPM.
Ø La Mesa de Alto Nivel deberá abordar la
complejidad de violaciones a los derechos humanos y conflictos generados por
Hidroituango agrupados en diversas temáticas garantizando de ser necesario, que
la obra no avance hasta que no se garantice el respeto a los derechos humanos.
Ø Un nuevo manual de valores unitarios pues
dadas las condiciones irregulares en que se construyó el único beneficiado son
las EPM por medio de negociaciones injustas aprovechándose de los altos grados
de analfabetismo de la zona.
Ø Se demuestre que Hidroituango no se
benefició con los desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos que
antecedieron el inicio de obras de la represas, se aclare a la población civil
porque el conflicto se ha recrudecido con la construcción de la represas.
Ø Se reconozca el derecho a la libre
asociación de todos los afectados; por tanto se respete la articulación social
“Ríos Vivos Antioquia” a quienes se les ha estigmatizado, llegando a
condicionar los diálogos con la población afectadas por parte de la gobernación
y empresa afectada, por medio exclusivamente de las Juntas de Acción Comunal en
claro desconocimiento e invisibilización del Movimiento Ríos Vivos Antioquia,
una organización regional que además de oposición presenta propuesta legítimas.
[4]
La relatoría completa realizada por
la Oficina del Congresista Wilson Arias consta de cada una de las denuncias y
exposiciones realizadas durante la audiencia y reposa en las oficinas de los
congresistas Ivan Cepeda y Wilson Arias, además fue radicada y todos los
organismos de control del país y los ministerios correspondientes.
[5]
Por iniciativa de Álvaro Uribe
Vélez, gobernador de Antioquia para la época, se firma la Ordenanza No. 35 creando
la Sociedad Hidroeléctrica Pescadero S.A. E.S.P: constituida por ISAGEN, EADE,
Dpto. de Antioquia, ACIC e Integral S.A., con un capital de 4 mil millones de
pesos. Objetivos: 1) Ejecutar, operar,
distribuir y comercializar la energía generada por la represa; además, conformar una segunda sociedad promotora
del desarrollo turístico y ambiental de la zona del proyecto
una vez estuviese en construcción
la hidroeléctrica 2)Declarar zona de
reserva natural, turística y ambiental
la cuenca media del Río Cauca, desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hasta el corregimiento de Puerto
Valdivia, 2 kilómetros a cada lado del eje del Río Cauca. Congelar un total de
115 predios (Ituango de los cuales sólo 31 cuentan con matrícula inmobiliaria)
[6] Asesinato de Jesús María Valle Defensor de
Derechos Humanos
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