Boletín de prensa
17 de
enero de 2013
¿Cómo ejercer el derecho a la participación
ciudadana en medio de la agudización del conflicto armado, sin arriesgar la
vida?
Esta es la pregunta que se siguen
haciendo miles de campesinos afectados por el proyecto Hidroituango, del norte
y occidente antioqueño, después de levantada la movilización social en rechazo
a este megaproyecto que acampó por 13 días en el valle de Toledo entre agosto y
septiembre de 2012.
Hasta el momento el gobierno
nacional y departamental no se han pronunciado al respecto pese a los evidentes
hechos que han ocurrido sobre todo en el norte, una de las zonas más
conflictivas del departamento, donde a la vez se adelantan las principales
obras del megaproyecto.
Durante diciembre de 2012 y lo
que va corrido del año 2013, han tenido lugar enfrentamientos entre actores
armados legales e ilegales, incluso con ráfagas desde helicópteros, que han
puesto en peligro la vida de los pobladores del Corregimiento de Pueblo Nuevo
Briceño y zonas aledañas; además, en este mismo corregimiento, las áreas
sembradas por minas antipersonales han aumentado, se escuchan entre tres a
cuatro explosiones por semana lo que incrementa el temor de la población civil,
sobre todo después de la muerte de Diomedes Díaz y las heridas
que dejaron sin visión al joven Arley Vera y otras heridas a Jeison García. La familia de Arley hace
parte del Movimiento Ríos Vivos y ya había sufrido hace menos de un mes, el
asesinato de uno de sus hijos.
Esta situación ha provocado que dos
familias de las veredas directamente afectadas por Hidroituangoya se hayan
desplazado de manera forzada e involuntaria hacia la ciudad de Medellín y
muchas más se preparan pues la situación se torna inaguantable.
Pese a lo anterior, los afectados
y afectadas por Hidroituango de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango,
Sabanalarga, Liborina y Briceño agrupados en Ríos Vivos exigen respeto y
garantías para ejercer sus derechos de asociación, reunión, libre expresión y a
que se les garantice la vida en el ejercicio de los anteriores.
Nos han dicho que conflicto
armado es una cosa y que represa es otra cosa. Nosotros decimos que la
agudización del conflicto es fruto de los avances de la represa en esta zona
del departamento, y con la existencia del conflicto armado no hay garantías
para ejercer una participación real de la ciudadanía, de tal modo que los
derechos de las poblaciones terminan siendo pisoteados bajo la pantalla de
obras y programas con los que las comunidades no están de acuerdo o ni siquiera
están debidamente informadas.
Señores del gobierno nacional y
departamental, empresarios de EPM, solicitamos a ustedes se detengan las obras
de la represa Hidroituango hasta cese el
conflicto armado en la zona. Colombia es un Estado Social de Derecho, por eso
exigimos la detención para que se nos respete nuestro derecho a la
participación, al trabajo, al ambiente sano, a la salud, a la tranquilidad, a
la no discriminación, y a seguir siendo campesinos.
¡Arriba lo mío, queremos el río!
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