Pescadero - Ituango o Hidroituango: Otra estrategia de despojo de territorios para la explotación de recursos minero – energéticos / Arrantza - Ituango edo Hidroituango: Baliabide meatz- energetikoen ustiapenerako beste murrizte estrategia bat
Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro descendientes y ambientalistas, así como de sectores políticos y económicos de carácter internacional, han denunciado desde hace décadas los altos impactos que tienen para el medio ambiente y las comunidades los proyectos hidroeléctricos y de minería desarrollados en las distintas regiones del mundo. Pese a ello, se avalan y se siguen imponiendo este tipo de obras en nombre del “Desarrollo”.
Para la Comisión Mundial de Represas (informe del 2000), existe una gran variedad de impactos que abarcan las vidas, los medios de subsistencia y la salud de las comunidades locales. Según dicha Comisión entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por las represas. Millones de ellas, que viven río abajo de las represas, han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados. Muchas de las personas desplazadas no fueron reconocidas (o registradas como tales) y por lo tanto no fueron reasentadas o indemnizadas. En los casos en los que se entregó una indemnización, ésta fue con frecuencia insuficiente, y entre las personas desplazadas reconocidas como tales, muchos no fueron incluidas en programas de reasentamiento. A las que fueron reasentadas, rara vez se les restituyó sus medios de subsistencia, ya que los programas de reasentamiento se han centrado en el traslado físico, y no en el desarrollo económico y social de las personas afectadas.
En cualquier región del mundo donde se desarrolle una obra de este tipo los métodos e impactos serán siempre los mismos. Ya sea en la represa de las Tres Gargantas en China, Yacyretá en Argentina, El Quimbo ó Hidroituango en Colombia, son las comunidades locales las que asumen el costo económico, ambiental y en vidas de estos proyectos.
Esto esta relacionado con que son iniciativas que responden a otras lógicas y mercados globales, que no consultan las necesidades de estas comunidades, sino que más bien son impuestas a sangre y fuego. Es común encontrar que a estas comunidades, como en el caso de la población del municipio de Ituango (ubicación geográfica de Hidroituango), sus derechos fundamentales sean vulnerados sistemáticamente, especialmente el derecho a la vida, a la tierra y al territorio, y a un medio ambiente sano.
Es común que simultáneamente, con la construcción de estos megaproyectos, en las zonas se vaya desarrollando un conflicto por la ocupación y transformación del territorio que impacta negativamente a las comunidades. Eso sí, con la participación directa o indirecta de los estados.
Frente a esta realidad las organizaciones sociales, populares y campesinas defienden su propia visión del desarrollo y luchan valientemente todos los días a favor de un progreso y un desarrollo justo, equitativo, sostenible y armónico dentro de una relación con la naturaleza que la preserve para las generaciones venideras.
Sin embargo, esta tarea resulta casi imposible de defender cuando el capital nacional y transnacional cuenta no sólo con el dinero, los profesionales, la tecnología, sino también con gobiernos locales, regionales y nacionales que por encima de sus comunidades entregan sus territorios, borrando con esta acción el proyecto de vida de comunidades enteras.
Este municipio padece el impacto de dos megaproyectos hidroeléctricos (Hidroituango y Urrá I –por nacer en sus territorios el Río Sinú, quien es el que lo abastece-). Y en el mes de diciembre de 2010 se publicaron las más de ocho mil concesiones firmadas por el anterior presidente, Álvaro Uribe, dentro de las cuales en Ituango se contemplan cuatro concesiones en ejecución para exploración y explotación de minerales preciosos (oro, plata y platino), ubicados sobre el Río Cauca, Rio sobre el cual se va a construir Hidroituango. Entre las empresas que obtuvieron dichas concesiones se encuentra la Anglo Gold Ashanti.
Conocidos estos datos se puede comprender porque la empresa responsable (Empresas Públicas de Medellín –EPM-) de la construcción de dicha represa expulsó violentamente a los mineros artesanales que han derivado su sustento de allí por décadas. Además, se encuentran legitimados por el pronunciamiento que hiciera el actual presidente Juan Manuel Santos en el mes de enero del presente año, donde señala tajantemente que la minería artesanal además de ser ilegal, está sirviendo para financiar las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley (FARC-ELN) en Colombia. Situación que deja en desventaja a cientos de mineros que ejercían su actividad allí; con el agravante, de que en el censo de mineros realizado por la empresa (EPM) no se reconoce ni a la mitad de las personas que históricamente han ejercido esta actividad económica en el Río Cauca, dejándolos sin posibilidad alguna de reclamar indemnización o compensación por la pérdida de dicha actividad.
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