Miles de familias en Colombia perderían la posibilidad de encontrar a sus seres queridos si se llega a inundar la zona del Cañón del río Cauca afectada por el megaproyecto Hidroituango en donde existen aún cientos de cuerpos por exhumar.
El siguiente mapa muestra la diferencia entre la zona que la empresa pública EPM dice ser afectada por la obra y la que constatamos como comunidades afectadas que realmente es la zona de impacto, aguas arriba del muro mucho más de las 26 mil hectáreas y aguas abajo del muro hasta su desembocadura en el río Magdalena.
Ante la gravedad de la situación relacionada con la desaparición forzada y la existencia de cuerpos en la zona de afectación del proyecto, el Movimiento Ríos Vivos convocó a una Misión de Observación Internacional que concluyo con un informe completo que fue entregado a las distintas instituciones del Estado.
Resumen realizado por las comunidades afectadas por este megaproyecto que hacemos parte de las 15 organizaciones articuladas al Movimiento Ríos Vivos Antioquia en adelante MRVA.
Contexto y problemáticas en materia de violación de Derechos Humanos y DIH. El proyecto Hidroituango esta siendo construido en el Cañón del río Cauca en el departamento de Antioquia, afecta según la empresa ejecutora, Empresa Públicas de Medellin (EPM), 12 municipios y según el MRVA 19 municipios. Es la hidroeléctrica más grande de Colombia y pretende generar 2.400 MW con un embalse de 79 km de largo y un muro de 225 mts de alto, afectando más de 26 mil hectáreas de tierra en donde han habitado comunidades en su mayoría víctimas del conflicto armado y la violencia socio-política que agobia al país. Ha sido una zona de disputa entre diferentes actores armados ilegales como cuatro frentes de la guerrilla de las FARC y del ELN, hoy hay una zona de reincorporación y presencia de algunos grupos de disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de la Habana; además, históricamente ha habido múltiples grupos paramilitares y masiva presencia de las Fuerzas Militares. Disputa que ha dejado 73 masacres cometidas en su mayoría desde el año 1997, el mismo año en el que se creo por parte del gobierno del departamento de Antioquia (Accionista mayoritario) la Sociedad promotora de la hidroeléctrica (el gobernador de la época y máximo promotor de la obra es Alvaro Uribe Vélez). La mayoría de las masacres han sido cometidas por los paramilitares, seguidas por las guerrillas y después por las fuerzas militares de Colombia. Más del 60% de la población ha sufrido un permanente desplazamiento forzado por el conflicto armado al que se le suma el desplazamiento que Hidroituango mediante el uso de la fuerza ha generado en más de 700 familias. Quizás una de las más graves situaciones es la destrucción de zonas de posible enterramiento en donde se han encontrado fosas comunes y cuerpos dispersos, hasta ahora las autoridades han exhumado en el área de impacto 159 cuerpos pero las comunidades denuncian que faltan muchos más, las cifras oficiales documentan más de 650 casos de desaparición. Pero la proximidad del llenado del embalse tiene en vilo a las familias que ven el riesgo para la verdad, la justicia y las garantías de no repetición puesto que de inundarse la zona perderían la posibilidad de encontrar los cuerpos de sus seres queridos y poder ejercer el derecho al duelo.
Principales problemas sociales: afectación a los medios de vida de las comunidades sin compensación y/o reubicación. Hidroituango no realizó una debida caracterización de la población afectada, desconoció la vulnerabilidad asociada a la gran pobreza en la zona, el analfabetismo, no tuvo en cuenta nuestra cultura y medios de vida y de subsistencia asociados al río, a las montañas y al bosque que está siendo destruido. Por esta razón muchos de los afectados estamos sin medidas de reparación y/o reubicación, no tenemos otros medios para obtener el sustento que los derivados del río Cauca y los funcionarios de la empresa EPM lo único que nos dicen es que el agua nos sacará. Desde que iniciaron la destrucción del Bosque Seco Tropical tenemos un alto riesgo para la vida e integridad física pues las rocas que se encuentran en las altas pendientes se desprenden con facilidad y ruedan hasta el lecho del río en donde habitan y trabajan las comunidades, ya un barequero (minero ancestral) perdió la vida y otro uno de sus dedos. Ruben Espinosa y Guillermo Builes líderes del MRVA fueron amenazados directamente por funcionarios de la obra por haberles reclamado el riesgo en el que se encontraban.
Seguridad y protección de las comunidades afectadas y criticas a la obra: 151 ataques han sido cometidos en contra de los integrantes del MRVA hasta el momento: dos asesinatos y dos intentos de asesinato, 63 amenazas de las cuales tres son colectivas una de ellas por paramilitares que prohibieron gritar consignas en contra de Hidroituango y realizar protestas, dos ataques con explosivos, dos casos de tortura, 17 casos de estigmatización en su mayoría por funcionarios de gobierno, 10 casos de discriminación por el hecho de pertenecer al MRVA, un intento de desaparición forzada, dos casos de hostigamientos que buscan que la organización desaparezca el caso más grave en el municipio de Valdivia en donde el alcalde disparó un arma de fuego en estado de embriaguez en contra de la vivienda de un integrante del MRVA, 26 procesos judiciales en los cuales se usa el derecho penal en contra de los integrantes del MRVA, dos capturas masivas ilegales en medio de las protestas en contra de Hidroituango, 10 casos de seguimiento y vigilancia a los lideres, 11 casos de desalojos masivos que condujeron al desplazamiento de más de 700 familias. Diferentes actores son los responsables entre los cuales se destacan las empresas de seguridad privada de la obra, así como grupos armados legales e ilegales especialmente paramilitares. Actualmente el MRVA cuenta con un Plan de Prevención y Protección colectivo construido durante cuatro años con el apoyo del Ministerio del Interior, en este plan se encontraron nueve escenarios de riesgo generales y 48 específicos; se construyeron colectivamente 49 medidas de las cuales el 80% son medidas de carácter político y el 20% medidas materiales, pero hasta el momento no inicia su implementación por parte del gobierno.
Es importante destacar que la empresa EPM ha sostenido convenios militares para Hidroituango por más de 60 mil millones de pesos (17 millones de euros) e innumerables contratos con empresas de seguridad privada. Así mismo ha sido evidente el pago a actores armados ilegales quienes abiertamente han expresado sus cobros a la obra.
Principales problemáticas ambientales: Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deficiente, incumplimientos de la Licencia Ambiental (LA). Siete procesos sancionatorios por violación a la LA expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) han sido iniciados en contra de Hidroituango, así mismo tiene apertura de investigación penal por parte de la Fiscalía, proceso de Auditoria por denuncias iniciada por la Contraloría General de la República y otras investigaciones por la Procuraduría General de la Nación. Hidroituango esta afectando el patrimonio ambiental puesto que esta destruyendo el Bosque Seco Tropical uno de los habitat en mayor peligro de extinción en el planeta, así mismo a contaminado y secado fuentes hídricas, generado contaminación de suelos y del aire, realizado obras sin los permisos y hasta hoy tiene 24 modificaciones a la LA inicial que dan cuenta de las múltiples deficiencias de su EIA. Actualmente tramita dos modificaciones para que le permitan inundar la zona sin retirar la capa vegetal lo que traería graves consecuencias para la calidad del agua y generaría muchos más GEI especialmente metano con graves consecuencias para el cambio climático, además de los problemas de salud que traería para la población aledaña y una mayor mortandad de especies. La segunda modificación en curso es un “llenado rapido” con consecuencias para la adaptación de las montañas a la presión del agua y que traería movimientos en masa y mayor inestabilidad geológica de la zona. Así mismo la participación en materia ambiental ha sido prácticamente nula, aunque la sociedad civil ha solicitado audiencias públicas (cuatro solicitudes) hasta el momento sólo han realizado una en la que la ANLA impidió que todos los inscritos expresaran su opinión y de la cual participaron más de 1.200 personas en su mayoría en desacuerdo con el proyecto, las modificaciones y la ausencia de compensaciones socio-ambientales y, el riego para la verdad y la justicia.
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