DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA VISITA ZONA DE INFLUENCIA DE HIDROITUANGO ESCUCHA Y ACOMPAÑA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA VISITA  ZONA DE INFLUENCIA DE HIDROITUANGO ESCUCHA Y ACOMPAÑA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS

8 de noviembre de 2017

Durante el 1 y 2 de noviembre de 2017 el Cañón del río Cauca en Antioquia fue visitado por dos representantes de la delegación de la Unión Europea en Colombia, un representante de la embajada de España, una delegada de la Embajada de Francia y un representante del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR para llevar a cabo la Misión de observación solicitada por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia a la zona de afectación de  la represa más grande que se construye en Colombia, Hidroituango. 

En el primer día la delegación se desplazó al norte de Antioquia, visitó la vereda Altos de Chirí del municipio de Briceño, en donde fue recibida por la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de las veredas Orejón, Chirí y Buenavista ASVAM ORCHIBU, la delegación observó el levantamiento del muro de hidroituango, la zona de campamentos y la apertura de vías del proyecto, constató el impacto que perciben las comunidades al tener una iluminación día y noche, el aire contaminado, implicaciones ambientales de la apertura de vías que incluye la construcción de túneles, el desasosiego frente a la inminente destrucción del bosque que ya deja sus huellas y la inundación de la zona que deja un manto de dudas sobre los impactos para los cultivos, movilidad y otros aspectos de  la  formas de vida y medios de subsistencia de la población. A lo largo del proyecto se ha violado el derecho a la libre locomoción, con impedir ingresar a las riberas del río por medio de la vigilancia privada o la fuerza pública pagados ambos por Empresas Públicas de Medellin EPM, con la instalación de la reja sobre el puente de Chirí donde fueron permanentemente empadronamientos por la fuerza pública y la seguridad privada del proyecto, con vallas que anunciaban “prohibido el paso” hacia las riberas del río a pesar de que son imprescriptibles; también se constató la violación al derecho a tener una vivienda digna luego de que explosiones agrietaran viviendas y los desalojos forzados que obligaron  a las comunidades a movilizarse para que EPM reconociera sus derechos como afectados, en ese proceso de reclamación EPM se levantó de la mesa en el año 2012 de manera unilateral sin dar ninguna explicación a las comunidades. Así mismo las comunidades expresaron su preocupación por los incumplimientos del gobierno nacional en relación a los acuerdos de La Habana, especialmente los relacionados con la sustitución de cultivos de uso ilícito y la manera como estos incumplimientos generan aumento del riesgo para los líderes de la zona. 

Posteriormente la delegación se desplazó al puente Pescadero que será inundado por la obra, allí se reunió con delegados de las asociaciones de Víctimas y Afectados por Megaproyectos –ASVAM- de Ituango, Toledo, ORCHIBU y San Andrés de Cuerquia de quienes escucharon que este puente representa un sitio de referencia para las víctimas del conflicto armado y como en muchos otros puntos en la zona de inundación, fue en donde vieron o supieron por última vez de sus seres queridos, que en muchas ocasiones fueron arrojados desde allí a las aguas del río Cauca.

A lo largo del Cañón del Cauca se sabe que aún hay cadáveres, muchos de los cuerpos arrojados al río fueron sacados y enterrados por los ribereños, en otros casos, los victimarios construyeron fosas comunes, esto ha sido fruto de los asesinatos selectivos y las cincuenta (50) masacres documentadas hasta el momento, en su mayoría cometidas por grupos paramilitares, que según cifras oficiales, han dejado cerca de 2.238 víctimas de desaparición forzada (directas e indirectas según la UARIV dato al 01/11/2017), 4.706 homicidios - en el año 2010 cuando inició la construcción de Hidroituango, se presentaron 1481 homicidios, siendo el pico más alto en la historia de la zona-, 13.335 desplazamientos forzados. La fiscalía ha dicho que ha exhumado más de 159 cuerpos en esta zona desde el año 2013 (un año después de que realizaremos las denuncia pública) hasta septiembre de 2017, lo que demuestra no sólo la veracidad de las denuncias sino la gravedad del fenómeno en la zona y la certeza de que faltan muchos cuerpos más por exhumar. Las expresiones de dolor al rededor de este hecho fueron narradas a los visitantes así como la exigencia al Estado Colombiano como víctimas del conflicto armado de que se brinden plenas GARANTIAS DE NO REPETICIÓN y se certifique por parte de la Fiscalia que no hay cuerpos en la zona antes de iniciar el represamiento del río. Inundar con el afán de generar energía dejaría bajo las aguas la posibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos, violando el derecho a la verdad y reparación en tiempos donde todos los sectores de la sociedad se esfuerzan por construir la paz. Una lider narro como fue víctima de la una de las masacres ocurridas en el Cañón del Cauca y como la manera en que salió huyendo de los paramilitares para salvar su vida, se parece a como ha tenido que huir con los desalojos forzosos que esta realizando hidroituango en la zona. 

Se denunció que en los primeros años del proyecto, la fuerza pública cortó la Garrucha a los barequeros intentando sabotear la movilidad de un lado a otro del río, fue una forma de presionar su salida de las playas del río Cauca, generándoles altos riesgos a su vida e integridad física y emocional; también un señor de 74 años, oriundo del valle de Toledo, expresó con profunda tristeza e indignación el nivel de pobreza al que lo ha sometido hidroituango, compartió con la delegación que era pescador y barequero, que con el trabajo del río levantó una familia de 12 integrantes y hoy no ve de qué manera el Estado colombiano garantiza sus derechos, a su edad nadie le da trabajo y está pasando necesidades; respecto al censo asegura que como EPM no fue a todas las playas a adelantar el censo lo que significa que la mayoría de barequeros quedaran por fuera, “nadie barequea en la carretera, aseguró”. Se sabe que uno de los criterios para escoger los sitios de los censos fue el orden público, es decir, el conflicto armado si guarda relación con el proyecto, y en este caso terminó en situaciones graves de exclusión pues por la seguridad de los funcionarios no se visitaron todas las playas, donde trabajaban los barequeros, implicando que las comunidades asumieran el riesgo de desplazarse hasta el lugar del censo; además este proceso no fue debidamente informado por lo que fue imposible recibir comunicación a tiempo para desplazarse.

Por otra parte, quienes lograron ser censados manifiestan que la compensación no tiene en cuenta su forma de vida, se les compensa como barequeros, pero la empresa es renuente en reconocer que muchos de ellos también son pescadores, arrieros y jornaleros, no vivían solo de cosechar oro de manera artesanal. La compensación económica ofrecida por la empresa no les permite recomponer o construir sus proyectos de vida; se preguntan ante esto, ¿cuál es el papel que debiera cumplir la ANLA para la garantía de sus derechos?, así mismo fueron insistentes en expresar las presiones indebidas en las que ha incurrido la empresa, amenazando a la población con reducir la compensación económica cada día que se demoren en aceptar la imposición del valor asignado, única opción para la población. 

La tala y destrucción de Bosque Seco Tropical –BST- es algo que preocupa a las comunidades. Por una parte la tala iniciada por EPM no tuvo en cuenta los impactos colaterales, por ejemplo la remoción de rocas y debilitamiento de taludes, lo que ha significado que varios barequeros hayan perdido la vida o resultado gravemente heridos por deslizamientos y derrumbes; y por la otra, la destrucción del BST implica el incumplimiento de pactos y acuerdos internacionales por parte del gobierno colombiano en materia de reducción de emisiones, de deforestación y de protección de este bioma tan fragmentado.

Muchos manifestaron que han sido objeto de exclusión, señalamiento y persecución por el simple hecho de haberse articulado en el Movimiento Ríos Vivos para defender sus derechos. Estas acciones de señalamiento, persecución y violación de derechos han provenido de la empresa constructora del proyecto que ha señalado que con opositores no dialoga, de los funcionarios públicos de las alcaldía municipales, la policía, el ejército, los inspectores y fiscales locales que se han negado a recibir las denuncias y de los medios de comunicación que insinúan estar infiltrados por grupos guerrilleros o señalando a quienes protestan de avivatos o de no saber porque protestan.

Los desalojos también son una gran fuente de preocupación frente al periodo de inundación que planea acelerar la empresa. Hasta ahora se han llevado a cabo varios desalojos que han afectado más de 500 familias, entre ellos el de la playa la Arenera en 2015, donde se pasan por alto los derechos de las víctimas del conflicto y sin tener en cuenta los lineamientos de Naciones Unidas. “El estado sólo ha llegado a las playas donde trabajamos con el ESMAD, para desalojarnos”, aseguró una de las víctimas”. Otra manera de desalojarlos, fue con engaños y mentiras: “A muchos se nos dijo que saliéramos que iba a ver una voladura, y con la voladura, nos taparon el rancho y sitio de trabajo”. 

Al segundo día la delegación visitó el bajo cauca, municipio de Valdivia, en donde se reunieron con comunidades articuladas en ASVAM el Aro, Briceño, Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia AMPA, Asociación de Mineros de Valdivia ASOMIAVAL, Asociación de Pescadores de Caucasia ASOPESCA y Asociación de Barequeros del Bajo Cauca ABC. En un jonson, que es un sistema de transporte local bajo amenaza de desaparecer por causa de la represa, los visitantes se desplazaron aguas arriba hasta el sector Sevilla, donde observaron uno de los lugares donde se disponen escombros y material de excavación de las obras, gran parte de ese material termina en el río, agravando la sedimentación aguas abajo, motivo por el cual se sancionó el proyecto mediante resolución 0027 de 2016, la situación pese al levantamiento de la medida, no ha cambiado. Hoy el proyecto sigue avanzando y las comunidades aguas abajo sobreviven en medio de necesidades, hambre y evidenciando la destrucción del río donde prácticamente ha desaparecido la pesca y el barequeo. EPM dice que el río ya estaba contaminado, pero lo que constatan pescadores, es que desde que inició la construcción de Hidroituango todo ha cambiado, la pesca desapareció, los sedimentos impiden barequear aguas abajo y pese a que hay nuevas afectaciones, no se les reconoce como afectados, tal y como sucede con los Pesadores y Barequeros de Caucasia.

Sobre las riberas también se detuvo la comisión en la casa de la familia Gutiérrez Nohavá donde el taponamiento de La quebrada del Medio y debilitamiento de taludes, generaron  obstrucción del cauce que desemboco en una creciente y desviación. Pues bien, nefastamente lo  alertado por parte de ellos a la alcaldía de Valdivia y al consorcio MISPE/EPM ocurrió, la creciente destruyó cultivos y destruyó parte de la vivienda, sin que hasta ahora la empresa remedie el impacto. El DAPARD fue hace un mes a la zona para levantar un reporte y a la fecha no se sabe de nada al respecto. 

Frente al proceso de imposición de Hidroituango cabe destacar las siguientes violaciones: 

• En 2012 EPM se levantó de la mesa de diálogo que tenía con los afectados articulados en Ríos Vivos, hasta el momento no ha comunicado las razones de su incumplimiento. En ese mismo año el ejército nacional disparo hacia las montañas desde el campamento de la población civil que protestaba por las afectaciones de hidroituango, lo que obligó a las comunidades a abandonar la protesta por el riesgo para su vida e integridad física. En este mismo año se reportan pagos con sumas millonarias de EPM a la Fuerza Pública en el marco de convenios de cooperación, en los que la empresa hace solicitudes de seguridad directas a la Fuerza Pública. 

• En 2013, una protesta pacífica fue boicoteada por la policía al capturar de manera ilegal a más de 80 personas y judicializar a 11. Dentro del grupo a ser judicializados se encontraba un menor de edad

• El Gobernador de la época, Sergio Fajardo, dijo que Hidroituango era indiscutible y se rehusó a dialogar recurrentemente con Ríos Vivos. Desconociendo que la gobernación es la inversionista mayoritaria del proyecto.

• En 2013, la policía nacional ocasionó con sus amenazas y retención ilegal el desplazamiento forzado de quienes protestaban pacíficamente hacia Medellín. Allí las comunidades permanecieron por más de siete meses, hacinados en la universidad de Antioquia, sin lograr resolver lo que los llevó a Medellín: la violación de sus derechos. A Nelson Giraldo Posada le arrebataron la vida el 17 de septiembre de 2013 cuando evaluaba las condiciones de retorno para su grupo en la playa Sardinas del rio Cauca. A Robinson Mazo lo asesinaron en noviembre de 2013 a menos de un mes de haber retornado el grupo en el municipio de Toledo, 

• En 2013, dado el alto grado de analfabetismo se solicitó asistencia letrada para un posible diálogo y fue negado por parte de la Empresa.

• En 2013 en la intermediación solicitada a la defensoría nacional del pueblo, EPM manifestó que no tenía interés de sentarse a dialogar con Ríos Vivos.

• Las amenazas y persecuciones han sido permanentes y a pesar de que el Movimiento cuanta con medidas colectivas y algunas individuales por parte de la UNP, ademas de un Plan de Prevención y Protección elaborado con el Ministerio del Interior sobre el cual hasta el momento no se ha iniciado su implementación que en un 80% son medidas políticas y en un 20% medidas materiales. Hasta el mes de junio de 2017 los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han recibido 51 amenazas individuales, 4 amenazas colectivas, 2 casos de tortura, 2 ataques con explosivos, 16 casos de estigmatización por parte de funcionarios públicos, 10 casos de discriminación por el hecho de pertenecer al Movimiento, las situaciones más graves se presentan en los municipios de Valdivia, Briceño e Ituango; 25 procesos judiciales y 2 asesinatos entre otros.

• En 2016 en medio de una movilización masiva en Valdivia los medios y funcionarios públicos estigmatizaron al Movimiento Ríos Vivos. También grupos paramilitares les amenazaron y les prohibieron gritar consignas en contra de hidroituango y EPM.

• Acompañar e impulsar escenarios de dialogo local, regional y nacional del Movimiento Ríos Vivos Antioquia ante la problemática generada por hidroituango, como espacios para dirimir los conflictos por la vía democrática, que dan letalidad a los procesos y por tanto reducen los riesgos. 

• Que se rechace por parte de la comunidad internacional el abuso de poder y el uso de la fuerza ante las manifestaciones de descontento por la construcción de hidroituango.

• Acompañar, promover e impulsar que las distintas instituciones del Estado, especialmente el Ministerio del Interior den inicio a la implementación del Plan de Prevención y Protección del MRVA. Así mismo apoyar con algunas de las medidas que le sean posibles a la comunidad internacional.  

• Hacer un llamado urgente al gobierno colombiano para que tome las medidas necesitas a fin de evitar la ocurrencia de ataques en el escenario de alto riesgo que se avecina para las comunidades, como lo es el llenado del embalse. 

• Hacer un llamado urgente a la Fiscalía Nacional a fin de que se esclarezcan los hechos relacionados con los disparos realizados por el alcalde e Valdivia que ponen en riego a la ciudadania en general y en especial a los integrantes del MRVA.

• Instar al gobierno colombiano para que se otorguen de manera urgente y antes del llenaron del embalse, tierras colectivas para cada una de las asociaciones articuladas al MRVA, así mismo que se otorguen proyectos productivos y viviendas que generen posibilidades de permanencia en los municipios a pesar de las afectaciones.

• Promover e impulsar ante distintos organismos internacionales y nacionales, públicos y privados para que se realicen donaciones de tierras, se financien proyectos productivos y de vivienda para los afectados por hidroituango que impidan el desplazamiento generado por el desarrollo y permitan la permanencia en los territorios rurales.  

• Hacer un llamado a las instituciones del gobierno como ministerio de agricultura, AUNAP para atender con proyectos productivos estas zonas de acuerdo a la cultura y tradiciones de estos pueblos.

• Hacer un llamado al gobierno nacional para reencausar el sentido de la utilidad pública y atender la hambruna que se está padeciendo en el bajo cauca, norte y occidente de Antioquia relacionados con hidroituango.

• Que se detenga el apoyo económico internacional para este tipo de megaproyectos que destruyen la vida. Al igual que apoyo económico de cooperación, a menos que este dinero llegué directamente a organizaciones locales, pues se percibe que esos fondos que vienen para educación y mejoramiento de condiciones de vida, a los territorios, no llegan.

• Hacer un llamando a la ANLA y al Ministerio del Ambiente para el respeto al derecho a la participación, para que atienda la solicitud de los afectados de una audiencia pública ambiental de seguimiento y otras, de modificación.

• Respaldar a las organizaciones de la sociedad civil del los territorios que realizamos seguimiento en materia de violación de derechos humanos para que esta labor de sistematización y denuncia se haga cada vez mejor. 

• Impulsar la construcción de un plan de salvaguarda del barequeo en el Cañón del Cauca como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

• Hacer llamados a las alcaldías locales, la empresa constructora de la obra y la gobernación de Antioquía por el respeto a los derechos humanos en la zona de afectación por hidropituango.

• Hacer llamados para que se supere los altos indices de impunidad investiguen, hallen los responsables sobre todo intelectuales de los ataques en contra de as organizaciones sociales y de la sociedad civil y apliquen las sanciones, preocupan las aumentos de violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia en contra de las niñas y niños, así como el consumo de estupefacientes, los asesinatos de jóvenes, las extorsiones, los robos, la presencia de cada ve más personas armadas en los diferentes municipios, las violaciones a los derechos de reunión y protesta, la persecución y estigmatizaron de líderes y organizaciones sociales, entre otras.

• Que se continue velando desde la comunidad internacional para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Habana, se han llamados en este sentido de manera reiterativa y en relación al riesgo que implica para las comunidades los incumplimientos. 

• Solicitar al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades de la zona de desminado piloto de la vereda Orejón y claridades en relación a las razones por las cuales se desminó prioritariamente una propiedad de la empresa EPM. La Unión Europea puso dinero para este proceso y se sorprendió en como la comunidad vio la participación ciudadana y sobre lo que aún esperan respuesta.

• Solicitar al gobierno nacional garantías reales a los líderes y campesinos que hacen parte del proceso de sustitución de cultivos ilícitos. La incursión armada de febrero en el Alto de Chirí y los recientes asesinatos en este sector guardan relación con los cambios que se están generando en la zona, poniendo en riesgo a los afectados pero también la misma labor de los defensores del pueblo. Estos sucesos ya habían sido alertado en el informe defensorial 003 del 13 feb 2017.

Por otra parte, también se relató a la Unión Europea la diversidad de acciones que el Movimiento Ríos ha emprendido como aporte a la construcción de paz territorial para la permanencia en los territorios. Entre ellas se resaltó la constitución de una Mesa de diálogo para la solución de conflictos generados por proyectos mineroenergéticos creada mediante decreto departamental en mayo de 2016, de manera similar la creación de mesas por decreto municipal en Valdivia, Ituango y Sabanalarga, talleres de licencia ambiental con concejos municipales y alcaldías, procesos de autoformación y de sanación colectiva.

A lo largo de la gira las comunidades realizaron diversas peticiones a las y los delegados de la Union Europea y embajadas en las que nos gustaría que nos apoyaran.

1. En relación al riesgo para la vida e integridad física de líderes y defensores de derechos humanos articulados al Movimiento Ríos Vivos Antioquia MRVA:  

• Acompañar e impulsar escenarios de dialogo local, regional y nacional del Movimiento Ríos Vivos Antioquia ante la problemática generada por hidroituango, como espacios para dirimir los conflictos por la vía democrática, que dan letalidad a los procesos y por tanto reducen los riesgos. 
• Que se rechace por parte de la comunidad internacional el abuso de poder y el uso de la fuerza ante las manifestaciones de descontento por la construcción de hidroituango.
• Acompañar, promover e impulsar que las distintas instituciones del Estado, especialmente el Ministerio del Interior den inicio a la implementación del Plan de Prevención y Protección del MRVA. Así mismo apoyar con algunas de las medidas que le sean posibles a la comunidad internacional.  
• Hacer un llamado urgente al gobierno colombiano para que tome las medidas necesitas a fin de evitar la ocurrencia de ataques en el escenario de alto riesgo que se avecina para las comunidades, como lo es el llenado del embalse. 
• Hacer un llamado urgente a la Fiscalía Nacional a fin de que se esclarezcan los hechos relacionados con los disparos realizados por el alcalde e Valdivia que ponen en riego a la ciudadania en general y en especial a los integrantes del MRVA.

2. Frente al inminente destierro o desplazamiento forzado por hidroituango, la hambruna, la perdida de medios de vida y el deseo de permanencia en los territorios de las comunidades: 

• Instar al gobierno colombiano para que se otorguen de manera urgente y antes del llenaron del embalse, tierras colectivas para cada una de las asociaciones articuladas al MRVA, así mismo que se otorguen proyectos productivos y viviendas que generen posibilidades de permanencia en los municipios a pesar de las afectaciones.
• Promover e impulsar ante distintos organismos internacionales y nacionales, públicos y privados para que se realicen donaciones de tierras, se financien proyectos productivos y de vivienda para los afectados por hidroituango que impidan el desplazamiento generado por el desarrollo y permitan la permanencia en los territorios rurales.  
• Hacer un llamado a las instituciones del gobierno como ministerio de agricultura, AUNAP para atender con proyectos productivos estas zonas de acuerdo a la cultura y tradiciones de estos pueblos.
• Hacer un llamado al gobierno nacional para reencausar el sentido de la utilidad pública y atender la hambruna que se está padeciendo en el bajo cauca, norte y occidente de Antioquia relacionados con hidroituango.
• Que se detenga el apoyo económico internacional para este tipo de megaproyectos que destruyen la vida. Al igual que apoyo económico de cooperación, a menos que este dinero llegué directamente a organizaciones locales, pues se percibe que esos fondos que vienen para educación y mejoramiento de condiciones de vida, a los territorios, no llegan.

3. Frente a las violaciones a los derechos humanos en la zona de impacto de hidroituango. 

• Hacer un llamando a la ANLA y al Ministerio del Ambiente para el respeto al derecho a la participación, para que atienda la solicitud de los afectados de una audiencia pública ambiental de seguimiento y otras, de modificación.
• Respaldar a las organizaciones de la sociedad civil del los territorios que realizamos seguimiento en materia de violación de derechos humanos para que esta labor de sistematización y denuncia se haga cada vez mejor. 
• Impulsar la construcción de un plan de salvaguarda del barequeo en el Cañón del Cauca como patrimonio cultural inmaterial de la nación.
• Hacer llamados a las alcaldías locales, la empresa constructora de la obra y la gobernación de Antioquía por el respeto a los derechos humanos en la zona de afectación por hidropituango.
• Hacer llamados para que se supere los altos indices de impunidad investiguen, hallen los responsables sobre todo intelectuales de los ataques en contra de as organizaciones sociales y de la sociedad civil y apliquen las sanciones, preocupan las aumentos de violencia contra la mujer, la violencia sexual, la violencia en contra de las niñas y niños, así como el consumo de estupefacientes, los asesinatos de jóvenes, las extorsiones, los robos, la presencia de cada ve más personas armadas en los diferentes municipios, las violaciones a los derechos de reunión y protesta, la persecución y estigmatizaron de líderes y organizaciones sociales, entre otras.

4. Ante los incumplimientos del gobierno nacional de los acuerdos de la Habana y el riesgo que esto representa para las comunidades: 

• Que se continue velando desde la comunidad internacional para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Habana, se han llamados en este sentido de manera reiterativa y en relación al riesgo que implica para las comunidades los incumplimientos. 
• Solicitar al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades de la zona de desminado piloto de la vereda Orejón y claridades en relación a las razones por las cuales se desminó prioritariamente una propiedad de la empresa EPM. La Unión Europea puso dinero para este proceso y se sorprendió en como la comunidad vio la participación ciudadana y sobre lo que aún esperan respuesta.
• Solicitar al gobierno nacional garantías reales a los líderes y campesinos que hacen parte del proceso de sustitución de cultivos ilícitos. La incursión armada de febrero en el Alto de Chirí y los recientes asesinatos en este sector guardan relación con los cambios que se están generando en la zona, poniendo en riesgo a los afectados pero también la misma labor de los defensores del pueblo. Estos sucesos ya habían sido alertado en el informe defensorial 003 del 13 feb 2017.

Con estos sucesos que dan cuenta de violación del derecho al trabajo, a la movilidad, derecho al ambiente sano, y todos ellos relacionados con la violación de derechos humanos, se afecta el fortalecimiento comunitario y de esta manera la calidad de vida. Por tanto, las familias campesinas, pescadores, barequeras y de arrieros se declaran revictimizados, en un primer momento por el agudo conflicto que se vive en la zona –llegando a generarles varios desplazamientos forzados y múltiples hechos vitimizantes- y en un segundo momento, por el  destierro - desplazamiento forzado que está generando la obra, un desplazamiento con licencia sin posibilidad de retorno.

El futuro es incierto para todos, y más aún con los nuevos proyectos que avanzan en el territorio de represas como Hidroespiritu Santo, represa el doce, represa del rio raya, represa el pescado y las líneas de transmisión, títulos mineros especialmente de Continental Gold  que con las mismas metodologías de Hidroituango desconocen la realidad cultural y social de los afectados, sin dar plenas garantías para la participación y respeto de los derechos de las víctimas y afectados.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

¡EL RÍO CAUCA NOS ABRAZA Y EPM NOS DESPLAZA!.