¡Cese de hostilidades contra la población que lucha, ya!

¡Cese de hostilidades contra la población que lucha, ya!

El Frente Amplio por la Paz y la Democracia, Antioquia, denuncia y rechaza las repetidas hostilidades de E.P.M., la gobernación e Hidroituango contra la población barequera (lavadores manuales de arena para extraer oro) que deriva su sustento de las aguas del río Cauca en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y aledaños.

El pasado 27 de marzo fueron desalojados de su campamento más de 80 habitantes de La Arenera, vereda la Cascarela (Toledo), entre ellos mujeres, niños y ancianos, sin cumplir las normas nacionales e internacionales humanitarias que regulan esas medidas extremas. Todo tipo de vejámenes se cometen cotidianamente contra esa población re-victimizada que hoy deambula sin techo y al borde del hambre por toda la región de influencia de la futura represa.

Ahora, son las amenazas de muerte para quienes sigan resistiendo. El pasado 11 de junio a través de un mensaje de texto fueron de nuevo intimidados los miembros del movimiento Ríos Vivos, quienes hacen resistencia civil y pacífica a la construcción de la megaobra que beneficiará solo a las multinacionales del desarrollismo, mientras sepultará al río como fuente de alimentación y vida para las comunidades allí asentadas. 

El Frente Amplio por la Paz y la Democracia viene exigiendo un cese bilateral del fuego para avanzar en los diálogos entre el estado y las insurgencias, pero igualmente tienen que cesar las hostilidades contra las luchas populares. La gobernación de Antioquia, Hidroituango y E.P.M. deben respetar la protesta ciudadana, abstenerse de utilizar empresas de seguridad privada para perseguir a los pobladores y satisfacer sus legítimas demandas.

Las autoridades no pueden seguir haciendo la “vista gorda” ante los atropellos a las comunidades; mucho menos participar de ellos. La paz no vendrá de la represión a las luchas populares. Las doctrinas de la “seguridad nacional” y del “enemigo interno” nunca han resuelto el conflicto social en Colombia sino que lo han agravado. Por lo tanto el respeto a los derechos humanos debe convertirse en norma de comportamiento para todas las autoridades. Las amenazas de muerte contra las comunidades y sus líderes deben ser investigadas y, capturados y castigados sus autores materiales e intelectuales cuanto antes.

Medellín, junio 18/15