En algo tiene razón este artículo es necesario “recalcular con independencia
su costo-beneficio”* ambiental,
social y económico, todos los megaproyectos del país como los de Autopistas de
la montaña como lo dice el artículo, necesitan no sólo recalcular con
independencia sino realizar todos los estudios de impacto ambiental y social
con independencia.
Por más seriedad y objetividad que se aduzca por parte de las firmas que
realizan este tipo de estudios y cálculos, no es posible tal seriedad sin
independencia, el gran problema está en los intereses que imponen su lógica incluso
en los estudios, por no ser estos independientes, son muchos los casos de biólogos,
ingenieros, sociólogos en los que las presiones de la empresa que paga el
estudio no permiten su actuación científica.
Para el caso del megaproyecto hidroeléctrico Ituango, los mineros y mineras
del cañón del Cauca ubicados en la playa conocida como Sardinas han observado
como las muestras sobre la existencia de oro en la zona tomadas por personal de
la represa –que usan chalecos con el nombre de la Universidad de Antioquia- se
extraen por los propios mineros, con indicación expresa en este sentido, de los
lugares en los que menos oro hay “hagamos un cateo en donde no saquen casi nada”
sin entender porque hacen esta solicitud, los mineros acceden porque les pagan
el trabajo. A no ser que esta sea una clara intención para el estudio (estudio que las comunidades desconocen su
finalidad y objetivos) lo cual es difícil, en tanto seria la contratación de
los lugares en donde más oro se encuentra con los lugares en donde menos oro se
encuentra, contrastación como parámetro científico indiscutible para la mayoría
de estudios serios que se quieran realizar.
De tras de esta situación hay una discusión que más que poner en duda el
grado de cientificidad del proceso, pone en duda la ética misma de los
profesionales, no es nueva esta situación, por más que el procedimiento de
laboratorio, de análisis de las muestras sea riguroso, todo depende de la
muestra, de su tratamiento y por su puesto del lugar elegido para tomarla,
tanto en estudios de aguas, como de suelos, de especies, entre otros, este es
un aspecto metodológico fundamental para el estudio, podría decirse, el más débil
de la cadena, él más fácil de influenciar.
Pero esto ocurre no sólo en los estudios de las ciencias duras, sino en las
ciencias sociales, con grabes impactos sobre las comunidades, estos son los
casos de supuestos consensos, o de marcos de referencia para el pago de
compensaciones económicas realizados con un reducido número de miembros, por
ejemplo sería interesante saber ¿Cuál fue la muestra poblacional que permitió establecer
los valores, del Manual de Valores Unitarios?, que además no tuvo en ningún
caso, discusión alguna con las comunidades afectadas en sus actividades económicas,
distintas a los propietarios de terrenos, pues fueron estos últimos los que
eligieron a su representante Rafael Mazo ante la comisión tripartirta y este
firmó, aún desconociendo temáticas como la minería artesanal y ancestral del Cañón
del Cauca, por toda esta comunidad. Repito Sería interesante saber por ejemplo
la muestra poblacional específica para la comunidad minera a la luz de los
nuevos datos censales aportados a la opinión pública por el proyecto
hidroeléctrico Ituango, 1.402 mineros y mineras afectados, puesto que en el
momento en que se firmó dicho manual, la población minera que se suponía censada
era de 600 personas, estos datos variables siempre variables, no sólo por los
intereses en juego sino por los enfoques y perperpectivas que inciden de forma determinante
en los estudios sociales, son sólo la punta del iceberg de un tema que no se ha
discutido en el país ¿Quién debe ser el responsable de la realización de
estudios de impacto ambiental? ¿A cargo de quien deben estar los estudios sobre
megaproyectos que afectan el ambiente y a las comunidades? ¿Será que en algún momento
las empresas mineras y de generación de energía han tenido la seriedad
suficiente para reconocer este sesgo evidente en sus estudios?
Sobre esta última pregunta vale la pena resaltar como recientemente se vienen
utilizando los nombres de reconocidas universidades que legitimen los estudios,
aunque la fuente del recurso sea la misma.
Esta estrategia ha servido para ocultar las reales presiones que sienten
los trabajadores y científicos de las distintas áreas, así sean contratados por
una universidad, quien pone el dinero pone las condiciones. Resulta no menos que preocupante que las
universidades públicas y sus profesionales se presten para este juego de
intereses que más que beneficiar a la sociedad a la que se deben, lo que
generan es aumento de desconfianza en las instituciones públicas, esta vez en
las académicas.
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