Alumbrando con velas y cocinando con leña, evocamos en Ituango, la década remota en que llegó la luz eléctrica al municipio. Se ven pasar las señoras, madres cabeza de hogar con sus numerosos niños y niñas a recolectar leña para cocer los pocos alimentos que se consiguen en el pueblo por esta época, debido a la falta de empleo.
Esta situación se vive en la región, gracias a la disputa por el territorio para la implementación del megaproyecto hidroeléctrico, entre el estado y las Farc. El día miércoles 14 de septiembre de 2011 en horas de la noche, fueron derribadas 3 torres de energía que surten los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Peque y Toledo.
Estas acciones, que son ya repetitivas y sistemáticas en la zona (son casi 10 cortes de energía en los últimos dos años) generan, además de inseguridad, inconformidad y rechazo por parte de los habitantes, el deterioro de las ya deprimidas economías locales; además de la ratificación de que la garantía de los derechos civiles y políticos de los habitantes de la zona no son una prioridad para el estado. Los pobladores no encuentran coherencia entre las pérdidas que tienen que asumir con cada corte de energía, además de las molestias e interrupción de las actividades normales, y las altas tarifas que mes por mes, con corte o sin corte, deben asumir, claro está, en el mes donde se presenta la interrupción de energía la facturación es un poco más baja que de costumbre, pero, al mes siguiente, según los propios habitantes: “nos cobran lo que no nos facturaron el mes anterior”. Frente a esta situación han sido innumerables las quejas, reclamos y denuncias que los pobladores han instaurado en la oficina de Atención al cliente de EPM en Ituango, sin recibir a la fecha una respuesta clara frente a lo denunciado. Así las cosas, y según el sentir de los pobladores “somos nosotros los que tenemos que pagar el arreglo de las torres vía tarifas, para EPM esto no constituye ningún problema, ni pérdidas económicas en la reparación de la infraestructura, es la única que no pierde nada, al contrario, deja de prestar el servicio y cobra lo mismo, eso sí es un negocio redondo”.
Lamentablemente, frente a estos hechos, como a tantos otros que han puesto y ponen en riesgo, no sólo la vida sino la permanencia en el territorio y demás derechos fundamentales de los habitantes de la zona del proyecto Hidroituango, donde el estado ha jugado un papel preponderante, la solución llega por cuenta de cada poblador o sector, los comerciantes, han tenido que hacerse a plantas eléctricas para garantizar el fluido en los establecimientos; los demás habitantes ven como sus electrodomésticos sufren averías, debido a las constantes descargas de energía, ven además como sus alimentos perecen; la prestación de servicios médicos, las actividades agropecuarias (el beneficio del café, cuidado de animales y mantenimiento en general de las fincas) también se ven interrumpidas. Esta situación de igual forma entorpece actividades como la educación, el esparcimiento, la tranquilidad, la seguridad, y el despacho en la administración municipal, resumiendo la falta de fluido eléctrico paraliza el municipio y sus actividades.
Este corte de energía que se prolongó por espacio de 20 días, según lo manifestaron funcionarios de EPM, por falta de garantías de seguridad para acceder a la zona donde fueron derribadas las torres, ocasionó pérdidas cuantiosas. En el sector del comercio, por ejemplo, según un reconocido comerciante del municipio de Ituango, las ventas se redujeron en un 40%, debido, a que el costo del combustible que demanda la plata eléctrica es muy alto como para garantizar la energía durante las 24 horas, razón por la cual se dejan de comercializar productos perecederos (pollo, embutidos, leche y derivados, helados).
Los costos económicos del conflicto, los costos políticos, culturales y sociales siempre son asumidos por la población de los municipios de la zona de influencia del proyecto, población que ha venido siendo diezmada por cuenta de acciones violentas que cada vez se focalizan más y deterioran sus condiciones de permanencia en el territorio y la garantía de sus derechos. También hacen parte de estas condiciones desfavorables, las leyes que mercantilizan los derechos, como en el caso de los servicios públicos. Según el Senador Jorge Enrique Robledo “Cuando el gobierno impone a la brava la utilidad privada como el aspecto medular de los servicios públicos, surgirá siempre en forma inevitable una contradicción que se resuelve en contra del usuario. Para poder sacar mayor ganancia, el monopolio se ve obligado inexorablemente a incrementar las tarifas y a rebajar la calidad”.
La población reclama una respuesta por parte de EPM frente a la falta de claridad en los criterios para el cobro del servicio de energía, que mes a mes, con o sin corte puede variar, como se ve en esta factura, hasta en más de $100.000. Las respuestas que dan los funcionarios de la oficina de EPM del municipio no son claras, ya que, según el comerciante, el consumo no varía de mes a mes. Hoy las empresas prestadoras de servicios públicos se amparan en que los criterios los define la CREG y que es ante ella, que se deben hacer los pronunciamientos y elevar las quejas, pero ¿Quién es la CREG? ¿Tiene la posibilidad un campesino de la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango, de formular una queja frente a la prestación del servicio de energía, y los altos costos de ésta en las zonas urbanas y rurales? ¿Será que el proyecto hidroeléctrico influye o no en los costos de la energía en la zona?
Comparativo tarifas energía sector comercial en el municipio de Ituango
Factura energía/mes Valor factura
Noviembre 2010 300.753
Diciembre 2010 187.469
Febrero 2011 295.917
Septiembre 2011 200.105
Sector residencial del municipio de Ituango
Factura energía/mes Valor factura
Noviembre 2010 79.086
Enero 2011 76.235
Febrero 2011 56.367
Septiembre 2011 61.815
Si bien en el mes de septiembre sólo se disfruto del servicio de energía 14 días solamente, las facturas de energía llegaron con valores promedio que se pagarían en cualquier mes con el servicio completo. Lo que significa que el comerciante dueño del establecimiento donde llegan estas facturas, que hace un año y medio tuvo que adquirir una planta eléctrica que le costó 4 millones de pesos, en el mes de septiembre, tuvo que pagar además de esta factura, el valor de $35.000 pesos/día de ACPM, durante los 20 días de corte. De igual forma ocurre con la tarifa residencial, los valores de la factura no se reducen en los meses en que ocurren los cortes de energía.
¿Será que estas son las estrategias de dinamización de las economías locales, plateada por el proyecto hidroeléctrico hace más de 30 años? ¿Será que estos comerciantes son competitivos hoy para hacerle frente al proyecto? ¿Y las comunidades están lo suficientemente fortalecidas como sacar partido del proyecto?
¿Cómo sería vivir sin luz eléctrica?
Si bien lo plantea el periódico La Voz de Hidroituango, en su publicación del mes de septiembre, en un artículo titulado ¿cómo sería vivir sin luz eléctrica? Haciendo referencia al proyecto de electrificación de EPM “Antioquia iluminada”, a través del cual se han electrificado unas 42.000 viviendas en Antioquia, y en Ituango unas 350 de 8 veredas, llevando el desarrollo a estas zonas, según lo afirma un funcionario de EPM. En pleno siglo XXI donde la mayor parte de las actividades, oficios, tareas, educación-formación, que desarrollamos, requiere de luz eléctrica, es bastante traumático carecer de ella, contando además, con que habitamos la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico más grande en la historia de Colombia, que va a ser precisamente para generar más energía ¿Será que los habitantes de esta zona serán beneficiados con tarifas justas y cobertura del 100%? Esperemos que los cuantiosos recursos que va a generar el proyecto hidroeléctrico se vean reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales, quienes han sido los que han puesto, los muertos, la sangre, la vida, la tierra y el territorio, para que este proyecto se materialice.
Hidroituango puede vender U$ 700 millones por año, sin contar los ingresos de otros U$ 15 millones al año por la asignación de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. Con una rentabilidad mínima del 60%, los U$ 2.800 o 3.000 millones que cuesta el proyecto, más los costos financieros, pueden ser recuperados en diez años de operación.
El proyecto de “Antioquia iluminada”, como muchos otros que están llegando y llegaran a la zona, con más de 20 años de retraso, no obedecen a políticas sociales de EPM, ni a la obligación de redistribuir los cuantiosos rendimientos financieros anuales que genera, mucho menos nace la necesidad apremiante de los campesinos y habitantes de las zonas más alejadas, surgen como estrategias de legitimación del megaproyecto hidroeléctrico, estrategias alienantes que inmovilizan las conciencias de muchos. De no ser así, este regalo no tendría costo. Pero como todos los servicios que presta EPM, estas tarifas se vienen incrementando inexplicablemente con el tiempo y llegará el momento en que se harán impagables para los campesinos y demás pobladores, como lo es para las miles de familias en Medellín que estando en la ciudad, son desconectadas, porque no tienen con qué pagar las facturas de energía, y muchas de estas familias por el mismo motivo carecen del servicio de agua, así sea este un derecho fundamental.
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