Cansados de no obtener respuesta ante su dura situación de desempleo y despojo de su territorio, líderes y lideresas de la zona de influencia del proyecto Hidroituango, deciden denunciar las graves violaciones a sus derechos en la procuraduría regional provincial.
Las principales quejas se refieren a la violación al derecho a la información, al trabajo, a la alimentación, a la equidad, a un ambiente sano, al derecho a la protesta social, al respeto por parte de las autoridades civiles y militares, entre otros.
Las comunidades afectadas por la represa Hidroituango han planteado: El hecho de perder su empleo, de no haber sido consultadas para la realización de esta obra es la mayor muestra de que el proyecto no trae ningún tipo de desarrollo para la zona. Este hecho los ha obligado a salir de sus territorios y “rebuscar” en otras partes, principalmente la ciudad de Medellín su sobrevivencia, otros siguen esperando respuestas a las múltiples cartas enviadas a las empresas que han construido la represa. Pero el límite de la situación se vive ante las escasas oportunidades de empleo. En la zona a los mineros ancestrales no se les permite ingresar a ninguna parte del Río Cauca, en todo el cañón, la militarización de la zona a contribuido con esta situación además de la vigilancia privada lo que pone en riesgo la alimentación de cientos de familias, y lo que muestra como de hecho EL RÍO CAUCA FUE PRIVATIZADO POR HIDROTIUANGO. De la misma manera después de casi cuatro años de declaratoria de falsa “utilidad pública” a varios propietarios de predios no se les han comprado sus fincas, lo que implicó una drástica reducción en la producción pues no tenia sentido seguir cultivando cosechas a largo plazo si “pronto” tendrían que vender y el valor de sus tierras a disminuido por esta “no pronta” resolución, sin olvidar el pésimo Manual de Valores Unitarios firmado sin concertación por la empresa y avalado por el estado.
Otro hecho que viene molestando a las comunidades es la sensación de imposición, de injusticia que viven con la construcción de este proyecto hidroeléctrico, no sólo han sido despojados de su trabajo y forma de vida sino que tienen que aceptar como de manera descarada los mismos funcionarios de EPM Ituango (Carlos Zuluaga y Carlos Ballesteros) reconocen como hoy son muchas las personas que reciben compensaciones económicas sin ser de la zona y sin haber sido afectados por el proyecto, además públicamente el señor Rafael Mazo en una reunión en la cual hacia presencia el Alcalde de San Andrés de Cuerquia expresó como el comprador de oro de Ituango había incluido en el censo a toda su familia, incluso que vive en otras partes del país, lo mismo hicieron presidentes de Junta de Acción Comunal de la zona. No se debe olvidar como han sido las personas afectadas las que han sufrido la estigmatización y el señalamiento de ser “avivatos” o “invasores” ahora comprenden las comunidades como los principales avivatos son las personas de confianza con los que han venido trabajando las empresas que han construido el proyecto. Esto lleva a plantear nuevamente las grandes falencias del Censo Minero realizado y la necesidad de realizar uno nuevo no sólo que incluya a las personas que no fueron censadas sino y principalemente que se asuma con el papel y la responsabilidad histórica de estar indagando sobre una población victima de la violencia
Pero estas grandes falencias no son solo para el sector minero afectado, también por exclusión a muchas otras actividades económicas que no han sido diagnosticadas por EPM Ituango ni lo fueron en su momento por Hidroituango, lo que las dejo por fuera de toda posibilidad de compensación social y económica, y aunque hoy sufran de la misma manera que otros sectores arrasados por el proyecto, han sido invisibilizados, estos son los casos de los paleros, volqueteros, transportadores, jornaleros, mayordomos, caseras de las fincas vendidas, pescadores, comerciantes, agricultores, entre otros.
Muchas de las acciones armadas en los territorios que hoy viven en paralelo las afectaciones por la construcción de la represa y la agudización del conflicto no son visibilizadas con el suficiente detalle por los medios de comunicación, que permitan un seguimiento riguroso de la situación, no obstante, las comunidades expresan su preocupación por la agudización del conflicto en la zona.
La situación de orden público no puede ser más alarmante, se han agravado en la zona, los accidentes con minas antipersonales, los enfrentamientos y detonación de explosivos por parte de los grupos armados ilegales viene viviéndose principalmente en los municipios de Ituango, Toledo y Sabanalarga. Además la ofensiva guerrillera también se ha dirigido a equipos y maquinaria de contratistas de EPM Ituango que adelantan las obras para la construcción de la represa así lo expresa Carlos en un comentario a una noticia del periódico el Colombiano “Son más de 19 equipos de los contratistas quemados y volados con dinamita”. Aunque en muchos casos estos hechos y muchos más referidos a la fuerte relación entre el conflicto armado y la realización del proyecto no se divulgan por los medios de comunicación, es más se insiste en que no hay una relación, los hechos son concluyentes, alrededor de 4.000 hombres del Ejercito Nacional sólo en Ituango, más las muchas compañías que operan en la zona de soldados regulares, policía y unidades contraguerrilla, este hecho ha sido respondido por la insurgencia con fuego en el que han quedado las comunidades en medio exponiendo su vida, los heridos civiles, las infracciones al DIH y violaciones de derechos humanos por cada una de las partes no se ha hecho esperar.
La situación de orden público no puede ser más alarmante, se han agravado en la zona, los accidentes con minas antipersonales, los enfrentamientos y detonación de explosivos por parte de los grupos armados ilegales viene viviéndose principalmente en los municipios de Ituango, Toledo y Sabanalarga. Además la ofensiva guerrillera también se ha dirigido a equipos y maquinaria de contratistas de EPM Ituango que adelantan las obras para la construcción de la represa así lo expresa Carlos en un comentario a una noticia del periódico el Colombiano “Son más de 19 equipos de los contratistas quemados y volados con dinamita”. Aunque en muchos casos estos hechos y muchos más referidos a la fuerte relación entre el conflicto armado y la realización del proyecto no se divulgan por los medios de comunicación, es más se insiste en que no hay una relación, los hechos son concluyentes, alrededor de 4.000 hombres del Ejercito Nacional sólo en Ituango, más las muchas compañías que operan en la zona de soldados regulares, policía y unidades contraguerrilla, este hecho ha sido respondido por la insurgencia con fuego en el que han quedado las comunidades en medio exponiendo su vida, los heridos civiles, las infracciones al DIH y violaciones de derechos humanos por cada una de las partes no se ha hecho esperar.
En este contexto de miedos, incertidumbres y ataques a la vida por parte del conflicto y la construcción de la represa es interesante plantear algunas preguntas: ¿Es posible la participación social y política en este contexto y si lo es como se da, bajo qué condiciones? ¿La construcción de megaproyectos que modifican radicalmente las condiciones de vida de un territorio deben ser consultadas con las comunidades, como es posible realizar esa consulta en condiciones de igualdad y de transparencia para ambas partes si se está en guerra? ¿No es acaso una imposición por parte del gobierno hacia las comunidades, la realización de un proyecto sin garantías de participación democrática?
Contrario a lo que pasa con Porce IV en donde las comunidades y sobre todo las autoridades locales quieren que se realice el proyecto hidroeléctrico y por sus declaraciones lo que se observa es un interés exclusivamente económico, olvidando los duros impactos sociales y ambientales de los Porce anteriores http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11838301.html, en la zona de construcción de Hidroituango las personas directamente afectadas por múltiples razones prefieren tener el empleo que tenían antes a estar despojados como lo están ahora, por eso No desean que se realice este proyecto en la zona y plantean la realización de una gran movilización pacífica en el corregimiento del Valle de Toledo para expresar sus puntos de vista. Esta movilización busca parar definitivamente las obras del nefasto proyecto que llego a la zona, sin embargo las comunidades saben que no es fácil ejercer el derecho a la protesta social en un clima tan convulsionado, lleno de tantos miedos como el que impera en la zona, confían en que la justicia estará de su lado, ya que las empresas dueñas de este proyecto han estado en su contra.
Noticias sobre Ituango
Noticias sobre Sabanalarga
Noticias de Toledo
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/policia-en-alerta-ante-hechos-violentos-en-antioquia/20120501/nota/1680084.aspx
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