Propuestas para el proceso de Desminado Humanitario en Orejón Briceño

El día de hoy 6 de julio de 2015 la comunidad de Orejon esta a la expectativa, con temor muchos se refugian en sus casas de la llegada de los delegados de la Habana para iniciar formalmente el proceso de desminado, es lamentable que hasta hoy ninguna de las partes haya escuchado sus solicitudes y se avance a pesar de los reparos de la comunidad, sólo han avanzado en trabajos en la cancha que es necesaria para el aterrizaje del helicóptero. Desde días anteriores habían llegado más de 40 hombres expertos en explosivos pero poco o nada conocen del tema las comunidades. El presidente de la Junta de Acción Comunal ha pesar de la expectativa y temor ha estado ebrio la mayoría de los días lo que deja a las comunidades con mayor incertidumbre sin tener quien los represente. 

La vereda Orejon del municipio de Briceño Antioquia fue elegida como laboratorio del proceso de desminado humanitario en el Colombia a partir de los dialogos de la Habana entre las el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP. Las veredas cercanas y muchas de las familias de la zona apenas si se han enterado del proceso, desconocen las razones por las cuales fue elegido esta zona y no otras, pero agradecen en el gesto y solicitan mayor participación para que sea un real proceso de paz.  s necesario que se aclare para las comunidades y para el país si este proceso esta o no en relación con los megaproyectos minero energéticos en la zona, si es para facilitarlos o facilitar el proceso de erradicación de la coca, que ha sido la única forma de sobreviviencia en la zona para cientos de pobladores.

Mediante el siguiente escrito que entregaron a las partes y a los garantes cuando visitaron su territorio en el mes de junio, expresaron sus preocupaciones y solicitudes al Estado Colombiano, a las FARC E.P. y a los representantes del gobierno de Noruega. Quizás el tema más crucial son las garantías para que el proceso de desminado no viole los derechos de las víctimas y sea una acción sin daño, este punto debe ser el primordial para avanzar en el proceso.  

















¡Cese de hostilidades contra la población que lucha, ya!

¡Cese de hostilidades contra la población que lucha, ya!

El Frente Amplio por la Paz y la Democracia, Antioquia, denuncia y rechaza las repetidas hostilidades de E.P.M., la gobernación e Hidroituango contra la población barequera (lavadores manuales de arena para extraer oro) que deriva su sustento de las aguas del río Cauca en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y aledaños.
El pasado 27 de marzo fueron desalojados de su campamento más de 80 habitantes de La Arenera, vereda la Cascarela (Toledo), entre ellos mujeres, niños y ancianos, sin cumplir las normas nacionales e internacionales humanitarias que regulan esas medidas extremas. Todo tipo de vejámenes se cometen cotidianamente contra esa población re-victimizada que hoy deambula sin techo y al borde del hambre por toda la región de influencia de la futura represa.
Ahora, son las amenazas de muerte para quienes sigan resistiendo. El pasado 11 de junio a través de un mensaje de texto fueron de nuevo intimidados los miembros del movimiento Ríos Vivos, quienes hacen resistencia civil y pacífica a la construcción de la megaobra que beneficiará solo a las multinacionales del desarrollismo, mientras sepultará al río como fuente de alimentación y vida para las comunidades allí asentadas. 
El Frente Amplio por la Paz y la Democracia viene exigiendo un cese bilateral del fuego para avanzar en los diálogos entre el estado y las insurgencias, pero igualmente tienen que cesar las hostilidades contra las luchas populares. La gobernación de Antioquia, Hidroituango y E.P.M. deben respetar la protesta ciudadana, abstenerse de utilizar empresas de seguridad privada para perseguir a los pobladores y satisfacer sus legítimas demandas.
Las autoridades no pueden seguir haciendo la “vista gorda” ante los atropellos a las comunidades; mucho menos participar de ellos. La paz no vendrá de la represión a las luchas populares. Las doctrinas de la “seguridad nacional” y del “enemigo interno” nunca han resuelto el conflicto social en Colombia sino que lo han agravado. Por lo tanto el respeto a los derechos humanos debe convertirse en norma de comportamiento para todas las autoridades. Las amenazas de muerte contra las comunidades y sus líderes deben ser investigadas y, capturados y castigados sus autores materiales e intelectuales cuanto antes.

Medellín, junio 18/15

Integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia reciben amenazas de muerte por oponerse a ser desarraigados de las playas del Río Cauca

Denuncia Pública 

Integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia reciben amenazas de muerte por oponerse a ser desarraigados de las playas del Río Cauca 

Junio 15 de 2015

El día jueves 11 de junio de 2015 a las 6:19 A.M. María Eugenia Gómez mujer barequera y líder del Movimiento se encontraba en una de las playas del río Cauca en jurisdicción del municipio de Ituango cuando recibió un mensaje de texto con una amenaza de muerte dirigida a todas las personas que se opongan a salir de la playas del Río Cauca, dichas playas vienen siendo desalojadas con el apoyo de la policía desde el año 2010 para dar lugar a la construcción de la represa Hidroituango. Este tipo de intimidaciones ya venían ocurriendo en la playa La Arenera, desalojada el 27 de marzo de 2015,  donde también estaba Eugenia y su familia trabajando como lo han hecho ancestralmente en el Cañón del Río Cauca como barequeros recolectores de oro.

Eugenia es esposa de Martín Alonso Monsalve quien fue víctima de amenazas e intento de secuestro el día 18 de diciembre de 2014 en playa La Arenera en una acción por agredirlo a él y al equipo de Derechos Humanos del Movimiento integrado por Jorge Mario Goez, Katherine Delgado e Isabel Cristina Zuleta quienes al día siguiente llevarían a cabo una asamblea popular sobre los desalojos forzosos que viene realizando Hidroituango; la investigación sobre este caso la esta adelantado la Fiscalía 29 seccional Santa Rosa de Osos Antioquia pero hasta el momento se desconocen sus avances. Los presuntos responsables de este hecho son hombres de la vigilancia privada de EPM de quienes se encontró en el sitio un carnet de una escopeta, de las características a las que portaban los encapuchadas esa noche y similares a las que usan de dotación para la seguridad en las obras de la represa.

Con recurrencia se ha observado que ha sido el personal de vigilancia privada de EPM los que a diario persiguen y presionan a barequeros para que salgan de las playas del río Cauca, argumentando que fueron contratados para no permitir que alguien este allí(trabajando en el río).. Estos han insistido a los barequeros en que deben salir y han llegado a impedir el ingreso por los caminos que conducen a las playas. Esto suma a la violación del derecho a la libre movilidad que también ha sido provocada por el batallón Bajes del Ejército Nacional, cuyos hombres en repetidas situaciones han impedido y presionado a la población barequera afectada por Hidroituango para que no ingrese a las playas o salgan de ellas.

En la misma playa donde se recibieron las amenazas también se encontraban Martin Monsalve, Gregorio Chavarria, Estela Mazo y dos menores de edad, todos  líderes destacados del Movimiento y que en otras ocasiones han recibido amenazas. Al día siguiente las víctimas de la amenaza se dirigieron al municipio de Ituango a realizar la respectiva denuncia pero ninguno de los fiscales se encontraba, tampoco el personero municipal quien está de vacaciones, la secretaria de personería y miembros de la SIJIN se negaron a recibir la denuncia, la juez les dijo que no podía hacer nada. Poco después las víctimas se enteraron que las razones por las que la mayoría de los funcionaros no estaban en sus oficinas y no podían atenderlos era porque estaban en un acto con el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo en el municipio.

Por lo anterior exigimos

  1. Se brinde medidas de protección urgentes a los miembros del Movimiento directamente afectados
  2. Se implementen las medidas de protección colectivas e individuales, las cuales se comprometió a adoptar la Unidad Nacional de Protección desde el año 2013 y hasta el momento no lo ha realizado.
  3. Se realicen las investigaciones pertinentes con agilidad y se hallen a los responsables, además de las razones por las cuales las amenazas y violaciones del derecho a la vida, libertad, integridad hacia miembros del Movimiento se han convertido en un asunto sistemático desde que se conformó en el proceso organizativo de afectados por Hidroituango.