COMUNICADO – MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DDHH A BURITICÁ, ANTIOQUIA Diciembre 15 de 2013



COMUNICADO – MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DDHH A BURITICÁ, ANTIOQUIA
Diciembre 15 de 2013

La misión ad-hoc de verificación de la situación de derechos humanos a Buriticá, Antioquia, en visita del 15 de diciembre de 2013, encontró graves irregularidades y la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades administrativas y policiales que atentan en forma indiscriminada contra las garantías fundamentales de los habitantes de la localidad, a raíz de los desalojos forzados que vienen realizándose en la zona.
Entre los hechos más graves verificados mediante videos, fotografías, audios y documentos, se tienen:
El decreto No. 089 de octubre 19 de 2013 está basado en un artículo de la Ley de Atención y Prevención de Desastres que no le confiere al alcalde municipal facultades para declarar la calamidad pública.
El municipio vive un estado de sitio de facto y se encuentra bloqueado por parte de la Policía Nacional, que restringe la entrada y salida de la población civil hacia y desde la localidad, en clara violación a la Constitución Política colombiana.
Desde hace al menos tres semanas, la Alcaldía de Buriticá se encuentra clausurada y es custodiada por personal del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).
Pese a que desde el pasado 4 de diciembre, el Juez Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia falló una tutela en contra del alcalde municipal, Carlos Varela, por la vulneración de los derechos de petición y al debido proceso de los mineros desalojados, éste no ha acatado la orden judicial y, además, no despacha desde la localidad.
El Puesto de Mando Unificado en el cual operan diferentes instituciones del departamento se encuentra en el sector de Pinguro y no está abierto al público para la recepción de denuncias, ni ningún tipo de documento.
Helicópteros de la empresa Helicargo hacen sobrevuelos nocturnos en la localidad invitando a los mineros a “desmovilizarse”. No obstante, el comandante operativo de la Policía de Antioquia, coronel Ramiro Riveros, quien se encuentra dirigiendo los operativos en Buriticá, afirmó a la misión que tales helicópteros son de la Fuerza Aérea e informan sobre los desalojos.
La población es víctima de empadronamientos y registros similares a los realizados en las zonas de consolidación que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.
Los desalojos han ocasionado graves afectaciones a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libre circulación, a la asociación, a la libertad personal, a la vivienda digna, al mínimo vital, al debido proceso, al interés superior del niño, y a la participación de la ciudadanía en las decisiones que la afectan, entre otros. Por ello, se interpondrán ante las autoridades las acciones jurídicas necesarias para lograr la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
Hasta el momento, 1.600 personas han resultado afectadas por los desalojos, que han generado desplazamientos forzados y en medio de los cuales la Policía Nacional ha hurtado bienes y muebles enseres, así como oro y dinero en efectivo de los mineros.
Fueron documentadas agresiones físicas contra la población y se recibieron denuncias de detenciones arbitrarias. La Misión verificó una detención arbitraria durante su permanencia en la zona y tiene en su poder videos que prueban golpizas contra varios habitantes de Buriticá.
Varias personas testimoniaron cómo al menos 2 muertos más a los reportados oficialmente el día 21 de noviembre fueron transportados en tanquetas de la Policía hacia lugares desconocidos.
También se denunció la muerte de una niña, que la Misión no está en condiciones de verificar en forma independiente.
Durante la primera semana, se impidió el acceso a la zona del personal médico tanto privado como público y los insumos para el Hospital San Antonio de Buriticá.
La Misión verificó la grave afectación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de los adultos según el artículo 44 de la Constitución.


Movimiento Ríos Vivos Antioquia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Antioquia
Equipo Nizkor / Radio Nizkor
Central Unitaria de Trabajadores CUT-DDHH
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá
Cahucopana
Corporación Jurídica Libertad
Corporación para el Desarrollo Social (Corpades)
Organización SumaPaz
Equipos Cristianos de Acción por la Paz


I N F O R M E SITUACIÓN DE DDHH EN ZONA AFECTADA POR HIDROITUANGO



 DESCARGAR INFORME

"La construcción del megaproyecto Hidroituango de propiedad del Departamento de Antioquia como principal accionista y de EPM como segundo accionista mayoritario y ejecutor del proyecto ha venido generando una serie de violaciones a los derechos humanos de manera directa e indirecta, al mismo tiempo la construcción de la obra necesaria para la extracción de la energía se ha visto afectada por los ataques que ha recibido de la insurgencia y beneficiada por la zozobra, el miedo y los desplazamientos  forzados que produce la agudización del conflicto armado que dificultan la organización social de los afectados y afectadas para exigir procesos de reparación, mitigación, restitución o compensación por los daños y vulneraciones ocasionadas, así como se ve reducida la posibilidad de ejercer oposición al megaproyecto."



https://www.youtube.com/watch?v=yArxVJjfa20

https://www.youtube.com/watch?v=Pyy_l_GiYIE

https://www.youtube.com/watch?v=OtEHJy9WE0Y

https://www.youtube.com/watch?v=PyA9JZo1ing

https://www.youtube.com/watch?v=9EsWJ3sI-Vg

https://www.youtube.com/watch?v=B35anS1SGVE

https://www.youtube.com/watch?v=ai2GbeF51a0

https://www.youtube.com/watch?v=yDp-naViX2E

https://www.youtube.com/watch?v=taB8CxVGbZ8

https://www.youtube.com/watch?v=JfL1dhSE4ms

http://youtu.be/yArxVJjfa20
http://youtu.be/Pyy_l_GiYIE
http://youtu.be/OtEHJy9WE0Y
http://youtu.be/PyA9JZo1ing
http://youtu.be/9EsWJ3sI-Vg
http://youtu.be/B35anS1SGVE
http://youtu.be/ai2GbeF51a0
http://youtu.be/yDp-naViX2E
http://youtu.be/taB8CxVGbZ8
http://youtu.be/JfL1dhSE4ms





Desalojos en Buritica Antiqouia

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/buritica.html


Nuevo desalojo de Defensa Civil y Policía Nacional en Buriticá (Antioquia)


Decenas de campesinos y mineros habitantes del municipio antioqueño de Buriticá están siendo expulsados a la fuerza en un nuevo operativo realizado en el sector de San Antonio por efectivos de la Defensa Civil y la Policía Nacional. El balance inicial es de un minero herido en una pierda por una bala de goma disparada a quemarropa por miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) .
De acuerdo con la información transmitida por la Asociación Castilla de Oro, con base en Buriticá, a Radio Nizkor, en este momento, siendo las 13:00 h. (UTC/GMT -5) del 11 de diciembre de 2013, y amparados en un decreto de calamidad pública (emitido por el alcalde del municipio, Carlos Mario Varela Ramírez), los afectados están siendo transportados en camiones hacia el sector conocido como Tiguro, en las afueras de la localidad, donde se encuentra instalado un puesto de mando del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia. Los desalojados, en su mayoría mineros provenientes de otros municipios de la región, son dejados a la intemperie y no se les permite el reingreso.
Hasta el momento el reporte desde Buriticá indica que 15 ranchos más han sido destruidos, mientras los mineros huyen por la montaña para evitar ser subidos a los camiones que les llevan hacia la salida de Buriticá. Según la información obtenida, el alcalde habría decretado toque de queda a partir de las 14:00 horas. Los testigos informan que el ESMAD grita consignas de provocación como: "mineros segovianos, vengan y nos damos".
Es de recordar que según las denuncias recibidas el pasado 22 de noviembre de 2013, en una intervención similar de la fuerza púca 2 mineros murieron, 17 resultaron heridos, 6 están desaparecidos y 10 fueron detenidos. (ver http://radionizkor.org/colombia/#colburitica) y que desde esa fecha más de mil ranchos han sido destruidos.
El domingo 8 de diciembre de 2013, durante una asamblea popular realizada pese a la obstrucción por parte de las autoridades policiales, los habitantes de Buriticá denunciaron que se encuentran en un estado de excepción de facto, pues se les restringe incluso la movilidad y a aquellas personas cuyos documentos de identidad han sido expedidos fuera del municipio se les exige un certificado policial para circular en la localidad.
Asimismo fueron denunciados robos y extorsiones por parte de la Policía, golpizas contra mujeres por parte del ESMAD, amenazas a los líderes de los mineros, así como políticas discriminatorias contra los mineros de fuera del municipio.
La canadiense Continental Gold descubrió una veta de oro en el año 2007 y desde entonces se viene presentando una tensión entre los mineros artesanales y la multinacional. La declaratoria de calamidad pública se dio después del derrumbe en una de las bocaminas artesanales el pasado 18 de octubre de 2013.
Es de anotar que el decreto de calamidad pública Nro. 089 de 19 de octubre 2013, cuya vigencia ese establece hasta el próximo 19 de diciembre de 2013, se basa en el artículo 56 de la ley 1523 de 2012, de Atención y Prevención de Desastres (ver: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1523_2012_pr001.html#56) que sólo faculta al Presidente de la República para la declaratoria de desastre nacional. El artículo 57 de la misma, en cambio, permite a los alcaldes declarar la calamidad pública.
No obstante lo anterior, los desalojos forzados como los que se están ejecutando en este momento en Buriticá, los cuales constituyen un evidente abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.
Adicionalmente, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el desalojo forzoso, ya sea por vía de expropiación o por medios ilegales, afecta de sobremanera no sólo la calidad de vida de los habitantes, sino otros derechos en conexidad con ésta, tales como el mínimo vital y la dignidad humana, la salud física y psíquica, los derechos de menores de edad, entre otros. Existe un riesgo cierto de que estos desalojos se traduzcan en desplazamiento interno.
En efecto, esta organización ha constatado que: "las personas desalojadas no sólo pierden su hogar y su vecindario, en los que suelen haber invertido una buena parte de sus ingresos a lo largo de los años, sino que también se ven obligadas frecuentemente a abandonar sus efectos personales porque normalmente no se les avisa que las excavadoras o los equipos de demolición van a destruir sus asentamientos. Los desalojados también pierden las relaciones mutuas, a menudo complejas, que sirven de red de protección o supervivencia ante el costo de las enfermedades, la pérdida de ingresos o el desempleo, y que permiten compartir muchas tareas. Suelen perder una o más fuentes de sustento ya que tienen que abandonar el lugar en que tenían un empleo o su fuente de ingresos.
"El costo humano del desalojo forzoso es sin duda considerable y puede entrañar una amplia gama de repercusiones negativas adicionales para la vida y el sustento de los afectados, entre las que cabe mencionar las siguientes: la multiplicación de la pobreza particular y colectiva, incluida la falta de vivienda y el desarrollo de nuevos barrios de tugurios; los traumas físicos, psíquicos y emocionales; un futuro incierto; las dificultades de orden médico y la aparición de enfermedades; los gastos de transporte mucho más elevados; la pérdida del sustento y de las tierras tradicionales; el empeoramiento de las condiciones de vivienda; las lesiones físicas o la muerte por actos de violencia arbitraria; la necesidad de retirar a los niños de las escuelas; la detención o prisión de quienes se oponen al desalojo; la pérdida de la confianza de las víctimas en el ordenamiento jurídico y el régimen político; el descenso del número de viviendas para personas de renta baja; la segregación racial; la pérdida de lugares de importancia cultural; la confiscación de efectos personales y bienes particulares; el aumento considerable del costo de la vivienda; la falta de otras posibilidades de alojamiento; la tipificación como delito de las opciones de vivienda basadas en el esfuerzo propio; el incremento del aislamiento social, y la tirantez con las personas que ya residen en los lugares de reasentamiento."
Texto completo del Folleto Informativo No. 25 "Los Desalojos Forzosos y los Derechos Humanos" en: http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs25_sp.htm#back3

Radio Nizkor
11dic13, 21:11 h. UTC/GMT +1 hour

Asesinato a otro miembro del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia




Asesinato a otro miembro del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos Antioquia

Mientras el Gobierno Nacional incumple compromiso adquirido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de avanzar en la protección de defensores de derechos ambientales

El pasado 31 de octubre El Movimiento Ríos Vivos expuso en Washington la gravedad de las amenazas y violaciones a los derechos humanos que hemos tenido que sufrir por la labor de exigencia de derechos que realizamos. En este escenario el gobierno colombiano adquirió el compromiso de adelantar un encuentro el día 21 de noviembre con diversas organizaciones implementar medidas de protección específicas para defensores de derechos ambientales.  El gobierno incumplió la cita y hoy lamentamos un nuevo asesinato. 
En medio del dolor y la angustia de ver las playas del Cañón del Río Cauca destruidas por retroexcavadoras que con la complicidad y por empresas del Estado Colombiano han ingresado y destruido lo que por siglos ha sido el trabajo ancestral de barequeras y barequeros,  las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos por segunda vez en menos de tres meses perdemos a uno de los nuestros que, como todos, asumimos con dignidad y valentía el atrevernos  a decir NO a la construcción de la represa más grande de país –HIDROITUANGO-
Robinson David Mazo un joven de 22 años, empeñado en aprender por sus propios medios mecánica, transportador en las protestas, encargado de solucionar asuntos diversos y preocupado por lo que ocurría a su alrededor,  recibió siete impactos de bala  el día 30 de noviembre a las diez de la mañana aproximadamente, a las afueras del municipio de Toledo norte de Antioquia en el sitio conocido como La Matanza, después del hecho los habitantes de la zona observaron una camioneta y dos motos subir del sitio. Con gran temor se encuentra su madre y hermana con quienes vivía.
Robinson participó de las protestas en el año 2012 en contra de los atropellos de Hidroituango, al igual que lo hizo en marzo de 2013, también salió de la zona por temor a las amenazas proferidas por la fuerza pública y  las capturas masivas ocurridas en el corregimiento El Valle municipio de Toledo el 16 de marzo.  Llego a Medellín el 20 de marzo y compartió con las más de 300 personas desplazadas por cerca cuatro meses, cuando por la difícil situación económica que atravesaba y por el hecho de ser responsable de la manutención de su madre y hermana, se vio obligado a regresar a pesar del riesgo, como lo tuvieron que hacer SIN GARANTIAS y aún sin protección el resto de las familias el 25 de octubre de 2013 fecha desde la cual hemos insistido en la URGENCIA de establecer por parte del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, medidas colectivas para las y los integrantes del Movimiento, no obstante la respuesta recibida por parte de esta entidad fue el no poder realizar nada al respecto por no contar con funcionarios contratados para Antioquia.
Exigimos:

1.      Verdad, Justicia y Reparación para los asesinatos de Nelson Giraldo y Robinson David Mazo. La investigación sobre el asesinato de Nelson Giraldo aún se encuentra en la fiscalía de Ituango y el Movimiento y la familia desconocemos los avances de la misma.
2.      Solicitamos que por la gravedad de los casos las investigaciones sean trasladadas a fiscalías especializadas y se saquen del departamento por la alta incidencia política y económica que tienen los dueños de Hidroituango.
3.      Requerimos con carácter urgente que se implementen medidas de protección colectivas para todos y cada uno de los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, tal y como había sido solicitado desde el año 2012.

4.      El cumplimiento de los acuerdos mínimos relacionados con la alimentación suficiente y digna para la población que retorno al Cañón del Cauca, situación en la que faltando a su palabra la Gobernación de Antioquia quien incumplió, rechazamos los paupérrimos mercados que entrega el DAPAR y exigimos respeto en la entrega de las ayudas humanitarias. 

INDIGNANTES fueron las condiciones en las que se dio el retorno de la mayoría de las comunidades desplazadas por Hidroituango.

INDIGNANTES fueron las condiciones en las que se dio el retorno de la mayoría de las comunidades desplazadas por Hidroituango.

Medellín, 27 de octubre de 2013

Después de ocho meses de desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín más de 300 campesinos y mineros artesanales afectados por Hidroituango, los cuales han sufrido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario;  la Gobernación de Antioquia de manera indignante propicio su retorno entre el 25 y 26 de octubre a las playas del Río Cauca y a los municipios impactados por el megaproyecto.
El desarrollo del acuerdo logrado con autoridades departamentales relacionado con la logística para el proceso de retorno de la mayoría de las comunidades fue INDIGNANTE y lleno de nuevas humillaciones por parte de la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales. Los vehículos que debieron ser contratados con anticipación sólo se concretaron después de múltiples cambios hasta pasadas las 10 p.m. del día anterior al programado para el retorno.
Todos incluso niños y niñas salieron de la ciudad sin haber recibido ningún tipo de alimento, esto ocasionó incluso que una de las mujeres se desmayara en el camino y tuviera que ser internada en el hospital de Santa Rosa de Osos. Todos llegaron a altas horas de la noche del viernes e incluso al día siguiente. Sin en donde pernotar algunos fueron dejados a la deriva, a otros se les improvisó lugares que no contaban con las mínimas condiciones. Ni una comida completa recibieron por parte de la Gobernación de Antioquia durante los dos días que duró el recorrido. ¿En dónde queda la dignidad humana? ¿En dónde se materializa la supuesta preocupación por los niños y niñas que decía tener la Gobernación de Antioquia?
La salida del último vehículo se dio después de las dos de la tarde, a pesar de las múltiples ocasiones en las que las comunidades insistieron en la necesidad de llegar temprano por la delicada situación de orden público en la zona. Hasta el día siguiente sábado 26 de octubre a las 5:00 p.m. estaban llegando las últimas familias a sus sitios de destino, después de haber vivido la varada del vehículo que los transportaba. Además, no los llevaron hasta el sitio que se comprometieron, más de 15 personas fueron dejadas a su merced en el corregimiento El Valle de Toledo y cuando la justa molestia del líder del grupo fue expresada por el evidente incumplimiento la inmediata respuesta de los funcionarios públicos fue llamar a la Policía.
Como si no fuera suficiente esta serie de agravios, ya en los municipios la entrega de los paupérrimos mercados  y apoyos para albergues se ha convertido en todo un suplicio para las comunidades.  La coordinación entre alcaldías y gobernación ha sido casi nula y ambas instituciones se eximen de responsabilidad atribuyéndosela a la otra sin ningún tipo de respeto por la población.
Más difícil aún la situación de más de 70 personas que no pudieron retornar después de haber hecho parte del proceso de dialogo con la Gobernación de Antioquia, propietaria del Proyecto Hidroituango, pues deja en la Alcaldía de Medellín la responsabilidad de cumplir con la atención básica de estas familias, esta institución afirma no tener ningún tipo de responsabilidad con las personas que por amenazas, situaciones de riesgo y de salud no regresaron.  Muchas permanecen, ahora más solas, en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia. La Alcaldía de Medellín incumplió el deber consagrado en el artículo 63 de la Ley 1448 de prestar ayuda humanitaria inmediata a las comunidades que declararon la situación de desplazamiento forzado ante la Personería de Medellín y ratifica tal inobservancia frente a los desplazados que aún permanecen en la ciudad.  
Causa preocupación que Empresas Públicas de Medellín prohíba sin ningún tipo de argumentación el ingreso de las comunidades al Río sin haber realizado ningún tipo de reparación por la destrucción de los proyectos de vida de los afectados y sin brindar soluciones por la pérdida de la actividad productiva y la vivienda que está ocasionando Hidroituango.


¡Río arriba, Río abajo, nos dejaron sin trabajo!

A pesar de que sus vidas están en riesgo, las comunidades deciden regresar a sus territorios

Rueda de prensa: Con la evidente inseguridad en los territorios impactados por Hidroituango, las comunidades deciden regresar.

Octubre 23 de 2013

Sean todos invitados a rueda de prensa mañana jueves 24 de octubre de 2013 a las 7 a.m. en el lugar que ha sido el refugio de los afectados por Hidroituango, o sea el antiguo coliseo de la Universidad de Antioquia.  Mañana 24 de octubre, las personas afectadas por el megaproyecto Hidroituango acompañadas por el representante a la cámara señor Wilson Arias, presentarán el balance de su situación de desplazamiento por el estado, tras permanecer involuntariamente durante 213 días en la ciudad de Medellín.

Los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia consideran que no hay condiciones de seguridad para el retorno, dados los recientes acontecimientos que en días anteriores han puesto en riesgo la vida de familias que hacen parte del Movimiento, tal como es el caso del atentado contra la seguridad de Genaro Graciano y su familia, e igualmente el asesinato del líder Nelson Giraldo quien deja una familia en luto y además las amenazas de las cuales son víctimas varios líderes y liderezas. No obstante, la presión económica y la falta de soluciones pertinentes de parte de las autoridades y promotores de la obra los y las afectadas han decidido regresar a su territorio por lo que alertamos a las organizaciones de derechos humanos e instituciones de control a mantenerse atentos y alertas sobre cualquier eventualidad en el retorno y permanencia en el territorio.

Se hace una advertencia a la sociedad en general en cuanto a que los impactos de esta megaobra, que comenzó a construirse a finales del 2008 iniciaron mucho tiempo antes de esta fecha, y los promotores de Hidroituango en nombre del “desarrollo” aún no hacen lo necesario para no generar más impactos, resarcir los ya causados y aceptar que los impactos de la megaobra son proporcionales a su tamaño.


Recuerde… Todos somos afectados. La vida no se represa.


Lugar: Antiguo coliseo de la Universidad de Antioquia
Hora: 7: 00 a.m.
Fecha: Jueves 24 de octubre de 2013




Sobre la amenaza a los docentes del municipio de Ituango ANtioquia

Ante la indignación creciente en el municipio de Ituango por las amenazas de las que fueron victimas siete docentes de Ituango, diferentes organizaciones sociales han realizado comunicados de apoyo y difundido vía electronica las denuncias.

El día sábado en el correo de una de estas organizaciones aparecio el siguiente mensaje, el cual se transcribe es este blog para que la ciudadanía analice las posibles relaciones que este hecho puede tener o no con la construcción de Hidroituango, se solicita a las autoridades competentes investigar este  nuevo hecho.

Date: Sat, 19 Oct 2013 15:02:52 -0500
Subject: El Valle de Toledo-- Aclaraciòn comunicado a profesores de ituango
From: 
arangurensol@gmail.com


Cuando decimos nosotros  estamos de acuerdo con las causas sociales pero que nos parece peligroso que los  docentes sean quienes las lleven  cabo solo estamos obedeciendo a comentarios que hemos recibido de parte los directores de educación de ituango y de san andres de cuerquia  y de Toledo cuando se refieren a algunos profesores. en muchas oportunidades nosotros hemos compartido mesas de trabajo y estos señores  nos dicen que los profesores allí involucrados  gastan mas tiempo en pleitos con el pueblo y con el estado  que  en dar soluciones  al  trabajo en educación. sabemos que todos gozan de un reconocimiento del pueblo pero se nos atraviesan en la búsqueda de nuestros objetivos  políticos 
Nosotros trabajamos para Camargo correa no somos el consorcio pero trabajamos para ellos, hay en nuestro grupo ingenieros civiles, topografos, ingenieros eléctricos y mas profesionales contamos también con un numero de personas importantes en los pueblos de San andres, Toledo, Ituango,  Briceño, liborina, peque, Sabanalarga Yarumal  y estamos consolidando una propuesta de acción para la democracia de estos pueblos, actualmente  tan golpeados por el accionar de los terroristas, en los trabajos que adelantamos esta entrar en confianza con el personal  administrativo de los municipios y recoger información para saber que personas podemos vincular a nuestro proyecto político.

Aclaramos que no quisimos amenazar a nadie tan solo  advertir el error de estos funcionarios y poner en conocimiento de todos nuestro objetivo el papel que  se  les entregó fue personalmente  a cada unos de los profesores allí involucrados  cuando algunas personas adquieren compromisos con nosotros esperamos siempre que ellos los cumplan y los directores de educación así habían quedado- de no permitir el trabajo en nada que no tenga que ver en educación a estos profesores.

estamos de acuerdo con las luchas sociales pero con argumentos políticos que lleven a todos a conseguir la tan anhelada paz.

POR LA PAZ DE LOS PUEBLOS DEL  PROYECTO HIDROELÉCTRICO.


VOTE POR  LAS LISTAS DE ALVARO URIBE  VELEZ AL SENADO.

PEDIMOS LA PRONTA LIBERACIÓN DE LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

POR LA CONSOLIDACIÓN DEL ACCIONAR DEMOCRÁTICO VIVA LA PAZ


Aranguren solano y compañia

Líder del Movimiento Ríos Vivos sufre atentado en su vivienda de Ituango

ACCIÓN URGENTE

Líder del Movimiento Ríos Vivos sufre atentado en su vivienda de Ituango

GENARO GRACIANO, aproximadamente a las 10:30 p.m. del día 17 de octubre de 2013, diez minutos después de haber ingresado a su vivienda sintió una gran explosión en la puerta, poco después se dio cuenta de que todas las ventanas estaban rotas, las líneas telefónicas quedaron dañadas

Genaro ha liderado en múltiples ocasiones marchas y protestas en contra de la construcción de Hidroituango tanto en el municipio de Ituango como en los demás municipios de la zona. Esta incluido entre los 11 líderes que habían solicitado medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección pero no le hicieron el estudio de riesgo porque el analista no fue hasta el municipio de Ituango.

Genaro Graciano de 49 años, Omaira Macías de 55 años y su pequeño hijo Víctor Manuel Graciano Macías de 10 años, además de una vecina Valentina Dorado de 14 años tienen heridas leves derivadas de los vidrios de las ventanas.  Otras cinco casas del sector aledaño a la Institución Educativa Antonio José Araque resultaron averiadas, la más afectada fue la vivienda del líder del Movimiento Ríos Vivos.

Genaro convive con la docente Omaira Macías coordinadora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, quien ha liderado con otros docentes las denuncias por las infracciones al DIH cometidas por el Ejército Nacional con la ocupación de bienes destinados a la educación y quien participo este mismo día en una manifestación por las amenazas a siete docentes el día 15 de octubre de 2013.

ANTE ESTOS HECHOS EXIGIMOS:
1.      Se realicen las investigaciones pertinentes de carácter urgente y se judicialice a los autores intelectuales y materiales de este hecho.
2.      Se reúna de carácter inmediato el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos capitulo Hidroituango para que se analice este caso, el asesinato de Nelson Giraldo y las amenazas a los docentes del municipio de Ituango.
3.      Al ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección se brinden todas las medidas de protección que garanticen la vida e integridad física de Genaro Graciano y su familia.
4.      Se agilicen las gestiones para garantizar medidas de protección colectivas a todos y cada uno de los integrantes del Movimiento Ríos Vivos en todo el país.


¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Repudio por amenazas a educadores de Ituango Antioquia que defienden los derechos humanos


Repudio por amenazas a educadores de Ituango Antioquia que defienden los derechos humanos

Las denuncias hacia la Fuerza Pública crecen en los municipios impactados por Hidroituango y así mismo crecen las amenazas

El Movimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Territorios Ríos Vivos expresa su repudio ante las amenazas que el día 15 de octubre de 2013 recibieron siete (7) educadores de Ituango, uno de los 12 municipios impactados por el Megaproyecto Hidroituango.


La educación en Antioquia está en crisis. La situación de los docentes en Ituango y en toda la zona de influencia de Hidroituango es crítica, el Ministerio de Educación, así como la Secretaria de Educación departamental, y el Ministerio del Interior no ha tomado las medidas pertinentes para que la comunidad educativa tenga las medidas de protección a las que está obligado el Estado. Ya han sido múltiples las amenazas que han recibido docentes en la zona, en Ituango ya se habían desplazado hace poco otros docentes por las mismas circunstancias.

Hay que recordar que los docentes amenazados lideraron (entre otros actores sociales) la primera gran marcha que se vivió en Ituango por los impactos del megaproyecto más grande del país Hidroituango en el año 2010, además en el año 2012 y 2013 realizaron fuertes denuncias por la ocupación de bienes destinados a la educación por el Ejército Nacional y de la infracción al principio de distinción con los niños, niñas y adolescentes cometidas por la Policía Nacional. Han participado de diferentes iniciativas sociales y comunitarias en defensa de los Derechos Humanos y principalmente el Derecho a la Educación, por tal razón son Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que requieren la actuación prioritaria de las instituciones para su protección.
En las Seis escuelas del municipio de Briceño se encuentran en situación crítica por el temor a los enfrentamientos armados en la zona, por las minas antipersonales en sus alrededores y por las infracciones al DIH.
El gobierno departamental desconoce en sus actuaciones las dinámicas de la ruralidad, el 80% de la infraestructura educativa en el departamento requiere atención, es muy escasa la conectividad y se vio reducida en el último periodo de gobierno. La Secretaría de Educación Departamental no tiene respuestas claras para la situación de inseguridad y los requerimientos de garantías para las comunidades educativas en las zonas de conflicto.

Las y los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia exigimos:

1.    A la justicia colombiana investigar y judicializar a los autores intelectuales y materiales de estos hechos lo más pronto posible.
2.    A la Unidad Nacional de Protección brindar  medidas de carácter urgente a todos y cada uno de los docentes amenazados que les permitan continuar con su labor docente y en defensa de los Derechos Humanos.
3.    Al Ministerio del Interior analizar las condiciones de seguridad de las comunidades educativas rurales de cada uno de los municipios de la zona de influencia de Hidroituango y tomar medidas para garantizar el derecho a la vida e integridad física y emocional de las comunidades educativas
4.    Al gobierno departamental tomar acciones inmediatas para que las reivindicaciones de las y los educadores que como defensores han liderado, no sean opacadas por estas viles acciones y por el contrario se concreten lo más pronto posible.   


¡Ríos para la vida, no para la muerte!

Aumenta el riesgo de los afectados por Hidroituago ante la ausencia de soluciones por parte de la Gobernación de Antioquia y EPM

Aumenta el riesgo de los afectados por Hidroituago ante la ausencia de soluciones por parte de la Gobernación de Antioquia y EPM

La muerte de Nelson Giraldo y las amenazas a decenas de afectados por Hidroituango se habrían evitado si no existiera decidida en la actuación gubernamental

Más de seis meses llevan esperando los cientos de personas desplazadas por los desalojos forzados y las actuaciones irregulares de EPM, la fuerza pública y administraciones municipales, cuya responsabilidad recae en la Gobernación de Antioquia como accionista mayoritario de Hidroituango; sin embargo, a pesar del interés manifestado por los delegados de la Gobernación la solución de las problemáticas está supeditada a las decisiones empresariales y con fines de lucro que defiende EPM.

En las mesas de diálogo  sostenidas entre Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Gobernación de Antioquia e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, son múltiples las propuestas que ha hecho el Movimiento y NO ha habido soluciones por parte de las otras entidades para el sin número de afectaciones que ha generado el megaproyecto más grande de Colombia, sentimos que en gran medida esto se debe a que EPM determina las decisiones y la Gobernación las acepta sin cuestionamiento alguno,  a pesar de tener más del 52% de las acciones del Megaproyecto.

La Gobernación de Antioquia doblegada ante Empresas Públicas de Medellín
En el mes de agosto de 2012 se presentan las primeras movilizaciones que reúnen a afectados por Hidroituango de los distintos municipios del norte y occidente de Antioquia, en ese momento el Secretario de Gobierno del Departamento llega al acuerdo con Ríos Vivos de instalar una Mesa de Diálogo, a la primera reunión EPM no asistió y dejó plantadas no sólo a las comunidades sino a la Gobernación.  Este comportamiento se repitió en el mes de diciembre cuando ante la ausencia de nuevos encuentros y avances en el proceso el Movimiento se reunió con el Secretario de Gobierno Santiago Londoño para preguntar si estas entidades se habían levantado de la Mesa de Diálogos sin informar al Movimiento, el secretario Santiago Londoño ASEGURÓ que NO, sin embargo se suspendieron los diálogos sin hasta ahora conocer las razones.  Por este motivo, el Movimiento inicia nuevas protestas en el mes de febrero de 2013 con una única petición retomar los diálogos para avanzar en las soluciones.

Las reclamaciones han tenido como uno de sus principales sustentos los desalojos forzosos y la ausencia de medidas para la restitución de las actividades productivas de las y los afectados, desde la llegada a Medellín la tensión entre lo que propone EPM y la Gobernación ha sido evidente, los primeros no tienen ningún interés en diálogo alguno y menos en propuestas de solución y los segundos tratan de mitigar el impacto político con algunas medidas paliativas que no solucionan el problema de fondo. Es por esto, que a pesar de la mediación de la Defensoría del Pueblo, ambos se negaron a reinstalar la Mesa de Diálogo. 

Las preguntas que quedan son ¿Quién controla a Empresas Públicas de Medellín en lo relacionado con Hidroituango? ¿Puede más el orgullo empresarial de EPM que reconocer los derechos de todos y cada uno de los afectados?

El discurso de Empresas Públicas de Medellín
Esta empresa ha sustentado sus negativas al diálogo en el temor a que se vea impactado económicamente el megaproyecto pues se aumentarían las reclamaciones y esto tendría serios costos sobre el mismo, así lo entendemos cuando se desconoce la condición de afectados bajo el eufemismo de que quienes reclaman son avivatos. Bajo esta premisa, a la cual se han sumado mandatarios municipales,  ha insistido, usando un discurso de doble juego, en los supuestos “infiltrados” o “avivatos” que quieren salir “beneficiados” sin ser afectados. El uso de la expresión “infiltrados” evidentemente hacen alusión al contexto de la región utilizando el conflicto armado como excusa, y el de “avivatos” tratando de enarbolar la defensa del dinero público al que se deben los ciudadanos de bien. Este discurso logra al tiempo crear varios tipos de enemigos para las y los afectados, pero también expone de esta manera su principal interés: el lucro a pesar de las violaciones a los derechos humanos. 

La pregunta que queda es: ¿Es un negocio o una necesidad la energía en Colombia?
EPM juega todo el tiempo con este doble discurso buscando posicionar ambas necesidades, para enmascarar las afectaciones que genera en los campos colombianos y ahora latinoamericanos. Es por eso su molestia con un Movimiento conformado por afectados que reivindican no sólo sus derechos con la restitución de las actividades económicas impactadas, sino un proceso serio que va más allá del tema económico e implica todo un análisis de lo que es un territorio.

El negocio de la energía no está en la generación de la misma,  sino en  lograr máximas ganancias a partir de desconocer los derechos de todos los afectados y del despojo de pueblos y culturas de sus territorios, costumbres y tradiciones, en el caso de Hidroituango esto se refleja en el inminente etnocidio de la cultura cañonera, con actividades productivas ancestrales, como el barequeo, en el Cañón del Río Cauca. Las externalidades ambientales, sociales y culturales no están contabilizadas claramente en Hidroituango por eso es el proyecto que aspira a tener la mejor tasa de rentabilidad  de Colombia, favoreciéndose de la historia de dolor, muerte y desolación de esta región.

Las estrategias para deslegitimar o desvirtuar al Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
·        Derechos de los niños y las niñas: La Gobernación de Antioquia y EPM buscan evadir las responsabilidades que tienen al no reconocer los derechos de las familias afectadas por Hidroituango compuestas por adultos, jóvenes, niños y niñas y desvían la atención al hacer suponer a la opinión pública que son las familias desplazadas las que atentan contra sus derechos fundamentales esta ha sido una de las estrategias más ruines que estas entidades han usado contra el Movimiento, olvidan que cuando se afecta a un padre o madre se afecta toda su familia, y que en este caso, son afectados por un proyecto de la Gobernación de Antioquia y de la empresa pública EPM. Al respecto, el juzgado cuarto civil de Medellín falló una tutela a favor de la restitución de los derechos de los niños y niñas y reafirmó la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Todo este drama y dolor de la población se pudo haber evitado si esta represa antes de imponerse se hubiera concertado con TODAS las comunidades afectadas, no es posible que en el actual grado de avance de las obras, aún existan comunidades que no tienen pleno conocimiento de las maneras en que el proyecto les afectará directa o indirectamente sus formas de vida.
El siguiente video presenta el testimonio de la hija del líder asesinado, sus opiniones antes de la muerte de su padre, sobre lo que ocurre con Hidroituango esto, sin lugar a dudas, desmiente la vil acusación de que Nelson Giraldo había llegado a la zona en el último año, Nelson era Barequero al igual que su familia pero también era agricultor, no olvidemos que los afectados son barequeros, pero también son campesinos, pescadores, arrieros, cocineras, docentes, estudiantes, comerciantes, entre otros:  http://www.youtube.com/watch?v=f5F3alLdCl8&feature=youtu.be

·        Judicialización y estigmatización dos estrategias que van de la mano: A las capturas masivas e ilegales le han sucedido denuncias y la pretensión de EPM de declararse víctima de las y los afectados por Hidroituango; en paralelo y desde las primeras protestas masivas, el Gobernador de Antioquia y los Altos mandos militares usaron como principal estrategia para invisibilizar las reclamaciones sobre el megaproyecto, la estigmatización, aduciendo que éstas eran impulsadas e “infiltradas” por grupos al margen de la ley, no obstante, esta estrategia de la cual hacen eco los medios de comunicación,  no ha cesado y aumenta nuestro riesgo al ejercer el derecho constitucional que tienen todos los colombianos a la protesta social en los términos que lo demanda la ley.

Al día siguiente del asesinato del líder del Movimiento Nelson Giraldo, con asombro escuchamos las declaraciones irresponsables de un  desmovilizado, las cuales aumentan el riesgo y nuestras condiciones de inseguridad para la protesta social. Rechazamos con vehemencia el testimonio en mención, dado que pone en riesgo a TODOS los que se consideran afectados por el Megaproyecto y que hacen uso de su derecho constitucional a la protesta y a la oposición; el Movimiento Ríos Vivos, no es el único proceso social que articula a los afectados por Hidroituango, y por ende, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la integridad y los derechos de todas estas organizaciones y que son puestas en riesgo bajo este testimonio malintencionado: http://www.teleantioquia.co/v2_base/index.php?sub_cat=34742&command=ap_secc&ap_secc=viewver&idx=2876&ap=19&nombre=Se+entreg%F3+al+Ej%E9rcito+%22el+Negro+Tom%E1s%22%2C+ide%F3logo+del+frente+18+de+las+Farc+que+hace+presencia+en+el+Bajo+Cauca

Estas declaraciones han generado temor e indignación, pues además de aumentar nuestro riesgo y minar las posibilidades de hallar prontas soluciones a nuestra problemáticas, no respeta el momento por el cual estamos pasando dado el dolor, el vacío y la desesperación que sentimos por la pérdida un líder y compañero; también sentimos violado nuestro derecho al duelo por parte de la administración municipal de Ituango al impedir que un grupo personas pertenecientes al Movimiento asistiera al sepelio de Nelson Giraldo aduciendo que el cuerpo estaba descompuesto y no podía esperar la llegada de los representantes hasta Ituango, esto fue desmentido por la Policía Nacional, además la administración municipal de Ituango también le mintió a la Gobernación y viene liderando junto con la administración de San Andrés de Cuerquia cada vez más afirmaciones y hechos que ponen en riesgo a las y los afectados por Hidroituango.

A la apuesta de desprestigio se han sumado muchos de los medios de comunicación locales, pero el principal ha sido TELEANTIOQUIA, medio de comunicación de la Gobernación de Antioquia, al presentar las notas de tal manera que sirvan a la intensión de desvirtuar y estigmatizar al Movimiento Ríos Vivos, sólo por poner un ejemplo después de la nota sobre el asesinato de Nelson Giraldo sugestivamente ubicaron las declaraciones de alias el Negro, y esta manera irresponsable de hacer periodismo también aumenta nuestro riesgo, por ende, lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

La muerte del líder de Ituango Nelson Giraldo.
En una queja colectiva realizada ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de Medellín y en la misma declaración de desplazamiento forzado por Hidroituango, este líder víctima en varias ocasiones del delito de desplazamiento decide realizar serias denuncias contra supuestos paramilitares que están llegando a la zona, específicamente a la playa Sardinas del municipio de Ituango, la misma en donde fue asesinado. Los hechos ocurrieron en el marco de la convocatoria a la Segunda Audiencia Popular Ambiental citada  por el Movimiento para el 20 de enero de 2013 en el corrimiento El Valle municipio de Toledo, la noche anterior, denunció Nelson, entraron más o menos 12 hombres fuertemente armados y dijeron “Nosotros en un tiempo nos titulábamos como Autodefensas Campesinas, resulta y sucede que el gobierno nos engañó con la desmovilización y ahora estamos conformados en un grupo que se llama los Urabeños y venimos a recuperar este territorio”. En este hecho, otros líderes y miembros del Movimiento fueron atacados, dos estuvieron amarrados por más de 12 horas, los desconocidos consultaron los datos de las más de 100 personas que estaban en la playa, además robaron sus enseres y los maltrataron, estamos a la espera de los resultados de las investigaciones pues entre otros hechos, para las comunidades es indignante  que los supuestos paramilitares portaran objetos con logotipos de EPM, vistieran prendas de obreros y dijeran a las víctimas del suceso que eran pescadores de la zona.

El Movimiento Ríos Vivos desconoce quiénes han sido los autores materiales e intelectuales y los móviles de este asesinato, de las amenazas que han recibido más de 21 integrantes, pero conoce muy bien a los autores de las capturas ilegales, de las judicializaciones injustificadas, de la estigmatización creciente, de la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos en la zona. Para todas estas violaciones a los derechos de los pueblos exige verdad, justicia y reparación.

Exigimos a las autoridades competentes tomar las acciones respectivas para garantizar la integridad de todas las comunidades que hacen parte del Movimiento Ríos Vivos, así como debatir abiertamente y a profundidad la situación de los afectados por Hidroituango, los impactos de Hidroituango y dar celeridad al seguimiento y estudio de la situación de los derechos humanos en el área de influencia del Megaproyecto.