Las irregularidades No paran. La obra más grande del país NO PAGA IMPUESTOS y no da información siquiera a la administración municipal de Ituango



En la misma edición del Heraldo del Norte N°87, que lamentablemente no se encuentra en la web, y que por eso este blog considera como fundamental difundir en algunos de sus apartados, se publica una carta enviada por el alcalde de Ituango a la empresa EPM Ituango, en la que claramente se observa una respetuosa solicitud que de fondo tiene un incumplimiento de la Ley, de esta manera vemos como los alcaldes, prefieren establecer una relación de sumisión con los que ejecutan el proyecto, asumiendo que esta posición traerá beneficios económicos a los municipios, aún cuando esto implique tener una posición pasiva con relación a la exigencia del cumplimiento de la normatividad vigente.  Resulta paradojico que a las personas humildes de estos municipios se les impida la construcción de cualquier obra por el no pago de altas suman correspondientes al impuesto a la construcción, al impuesto predial, de industria y comercio, los planos, entre otros muchos tramites exigidos a los pobladores y no así a foráneos, y más aún cuando son grandes empresas con grandes proyectos que manejan grandes sumas de dinero y cuyas obras están impactando en diversas formas a las comunidades.

La carta además deja entrever como no sólo las comunidades están desinformadas sobre lo que pasa con este proyecto, sino también la administración municipal de Ituango, lamentable esta violación al derecho a la información no ha sido exigida con contundencia por este alcalde en sus ya seis meses de gobierno.  Apenas la semana pasada los días viernes 25 y sábado 26 de mayo personal que labora para el proyecto hidroeléctrico hizo presencia en las veredas Cortaderal y La Honda, veredas directamente impactadas del municipio de Ituango, pese a la insistencia por diferentes medios en que el proyecto ya había informado a todas las comunidades de la zona de impacto directo, esto no era cierto.  Además la información que dieron se sujetó a los grandes beneficios que esta trayendo esta obra al municipio, la construcción de vías y puentes, que entre otras cosas son para la misma obra, no han realizado ni una sola obra civil que no tenga relación directa con el proyecto hidroeléctrico, pero si venden estas como la gran inversión que hacen en los territorios. 

En estas mismas reuniones realizadas por EPM Ituango, se enfatizó en la posibilidad de realizar contrataciones con las comunidades, cuando uno de los lideres expresó que a ellos no les interesaba que les dieran trabajo, pues trabajo había mucho en el campo, sino que les interesaban proyectos que incentivaran la vocación productiva de la zona, no recibió respuesta. Al igual que no recibieron respuesta en otras reuniones de este estilo realizadas en este mismo mes en la escuela de Mote y en Los Galgos, cuando preguntaron por lo que iba a pasar con los mineros y mineras que no están registrados en el censo, la respuesta fue que ellos eran otro grupo, que el tema minero no lo tocaban.

                           




EPM a través de VISE no sólo esta generando empleo indigno con Hidroituango sino engañando a las familias campesinas


Asaltados en su buena fe se sienten los trabajadores y una familia campesina Ituanguina que creyeron y que por ser proyectos "del gobierno" van a respetar los acuerdos y los documentos firmados.  Esto demuestra que no hay acceso a la justicia en la zona de incidencia del proyecto y que las comunidades estan indefensas ante los multiples engaños a los que son sometidas.

      

Trabajos indignos genera Hidroituango

Periódico de la zona de influencia del proyecto, en su edición N° 87 Mayo -  Junio de 2012, realiza fuertes criticas y denuncias al proyecto hidroeléctrico.


            









Este es el tipo de empleos que genera el proyecto, empleos que no sólo serán temporales sino que son indignos para las comunidades.  Ya se habían denunciado casos de acoso sexual y discriminación que no fueron atendidos ni por la empresa ni por EPM Ituango, que es la ejecutora del proyecto y en quien en todo caso recae la responsabilidad de sus contratistas, por más que estos sean terceros.

"Ups nos equivocamos perdonen ustedes, ya no tienen agua" "un error lo comete cualquiera"...


Un mal cálculo como el del Quimbo y como el de tantas otras hidroeléctricas en el mundo,
Impactos no imprevistos  los ha habido y los habrá siempre en este tipo de proyectos, los peor es que son irremediables, no hay manera de recuperar las especies endémicas, no hay manera de recuperar las quebradas, ni de compensar a las comunidades afectadas mucho menos con dinero, cuando las aguas deben ser fundamentalmente para la producción de alimentos.
Esto mismo ya ha ocurrido con el proyecto Ituango, se conocen varias quebradas dañadas, entre contaminadas y secas, por la construcción de la vía sustitutiva hacia Ituango, pero EPM ha sido más hábil, despojo y desplazo rápidamente a las personas de la zona para que no pudieran dar cuenta de estos hechos, y eso que no apenas comienza la construcción del túnel.
Resulta paradójico que el sustento de estos proyectos sea la técnica, los grandes adelantos tecnológicos que permiten estas megaobras, los estudios científicos, estos mismos que han fayado en tantas ocasiones ocasionando daños irreversibles a los ecosistemas.  Los técnicos y técnocratas llegan con su discurso, del que sabe, a las comunidades, la fuente de dominio es esa ciencia que se equivoca, que los deja sin trabajo, sin comida, sin territorio.

Lío ambiental en la Central Hidroeléctrica La Miel, Caldas

Un mal cálculo de Isagen

Por: Pablo Correa

Sin una solución a la mano para remediar la desaparición de 22 quebradas provocada por la construcción de un túnel, la compañía eléctrica decidió salir del problema comprando todas las fincas afectadas.


Previendo el incremento en la demanda energética de los próximos años, los directivos de Isagen decidieron que una forma fácil y rápida de aumentar su oferta de energía era ampliar el Embalse de Amaní, que hace parte de la Central La Miel, ubicado en límites de los municipios de Samaná y Norcasia (Caldas). Los estudios de ingeniería habían demostrado que con la construcción de un túnel que captara aguas del río Manso y las condujera hasta la planta hidroeléctrica, lograrían el objetivo trazado.
En 2006 todos los requisitos estaban en orden, así que el Ministerio de Ambiente dió vía libre a la obra otorgando una licencia ambiental. Todo lo que pedía la empresa era que les permitieran trasvasar unos 20.000 litros por segundo para llevarlos a su embalse. Con la ampliación, Isagen lograría aumentar en 30% su producción en la zona, que representa el 4% de la que consume el país.
Los trabajos de ingeniería comenzaron en 2008 y todos en la empresa esperaban que a mitad de 2011 entrara en funcionamiento el túnel. Por la carretera que de La Dorada conduce al municipio de Norcasia y de ahí unos 6 kilómetros más adelante hasta Berlín, comenzaron a transitar decenas de volquetas y camiones que alteraron la tranquilidad de los campesinos.
Pero no siempre las cosas salen como están planeadas y algo inesperado sucedió: los habitantes de las fincas aledañas al proyecto notaron que al menos 22 quebradas que antes adornaban esas montañas e irrigaban los campos agrícolas y ganaderos, se fueron secando mientras las máquinas horadaban la montaña. El agua que antes fluía a la superficie, comenzó a perderse bajo el suelo de la montaña por culpa del incipiente túnel.
Testigos silenciosos de ese daño colateral fueron algunos ejemplares de una rana considerada endémica del Magdalena Medio (Pristimantis viejas) y una salamandra (Bolitoglossa lozanoi) listada como amenazada.
Desde marzo de 2010, diferentes habitantes de la zona remitieron al Ministerio de Ambiente quejas sobre lo sucedido. Una de ellas, firmada por José Luis Bustos Mejía y José Arnulfo Bustos Serrato, decía: “respetuosamente solicitamos su intervención ante Isagen para que se agilice el pago de los daños y perjuicios y la compensación por la afectación al recurso hídrico causada en los predios El Mirador y La Cabaña. Por la construcción del túnel se secaron los nacederos Cañaveral 1, 2, 3 y 4 en el predio La Cabaña”.
Jorge Rojas, uno de los habitantes de la zona, quien además fue contratado durante la construcción del túnel, fue testigo de lo que sucedió en las entrañas de la montaña: “las aguas de filtración fueron superiores a lo esperado. Algunas veces las aguas de filtración superaron los 300 litros por segundo”. Según el propio informe de la empresa, al principio de la excavación no se tomaron medidas, pues las infiltraciones eran tan solo de 5 litros por segundo.
“Es un asunto de una trascendencia enorme”, dice un experto en hidrología enterado de lo que sucedió en Caldas, “los túneles asociados a proyectos hidroeléctricos, cuando no se han planeado muy bien, pueden generar impactos terribles al medio ambiente”.
Visitas técnicas de expertos del Ministerio de Medio Ambiente a la zona se intercalaron con nuevas quejas de la comunidad y reportes de la empresa durante los últimos tres años.
Ante la evidencia recopilada, el Ministerio de Medio Ambiente decidió expedir una resolución fechada el 29 de diciembre de 2011, en la que advertía que “permitir que se inicie la operación de trasvase en las condiciones actuales representaría un riesgo sobre las fuentes hídricas y sobre algunas especies de fauna cuya supervivencia y reproducción se vería comprometida”.
Definitivamente las cosas no habían salido de acuerdo con los planes de expansión de Isagen. En la empresa el asunto cobró la mayor importancia y debía tratarse con sigilo. Y considerando que no existía a la vista una solución técnica que enmendara el impacto del túnel y permitiera que las 22 quebradas regresaran con el mismo caudal a la superficie, la orden fue negociar con los propietarios de las fincas.
“Supuestamente pagaron bien eso”, dice un habitante de Berlín que prefiere que se guarde su nombre, “fincas que valían 10 a 20 millones, las pagaron entre 80 y 100 millones”. La Lagunilla prácticamente se convirtió en una vereda fantasma.
Luis Fernando Rico Pinzón, gerente general de Isagen, reconoce que “se presentó un impacto no previsto. Las infiltraciones fueron superiores a lo esperado según los estudios y diseños”. Además de comprar cerca de 350 hectáreas y compensar a otras familias afectadas, Rico aseguró que el objetivo de la empresa es “convertir un problema en una oportunidad” y el terreno afectado por la escasez hídrica será poco a poco restaurado.
Para algunos miembros del Comité Veedor del Proyecto Manso-Amaní, la afectación de las 22 quebradas trasciende las familias, que vendieron sus fincas pues los productos agrícolas y ganaderos que se producían en la zona alimentaban la economía regional.
¿Cuánto vale una quebrada? ¿Cuánto vale un bosque? ¿Cuánto vale el aire sin CO2? Esas son las preguntas que dividen opiniones en un mundo que transita hacia la economía verde.

POR LA TIERRA, EL AGUA, Y LA VIDA CON DIGNIDAD EN NUESTRO TERRITORIO


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA    

La Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP) realizó el pasado Sábado su 22º Asamblea General Ordinaria, en la cual se decidió unánimemente por todos/as los/as participantes de esta asamblea, comunicar a la comunidad que vemos con preocupación la gran amenaza que representa la minería a gran escala que está llegando a nuestro territorio, desconociendo la vocación agropecuaria, la cultura y la identidad campesina, que han posibilitado el desarrollo social y económico del municipio y la región del Suroeste antioqueño.
La minería a gran escala en sus diferentes etapas impacta negativamente sobre derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, como el derecho al agua potable (art 366), el ambiente sano (art 79), a la vida digna (art 1), la autonomía territorial (art 1), al trabajo y otros como la soberanía alimentaria y el territorio en general.
El código minero ha concedido autonomía a las empresas, sea nacional o extrangera, en igualdad de condiciones para extraer los recursos mineros. Según Secretaría Departamental de Minas la totalidad del territorio de Caramanta esta solicitado o concedido en títulos mineros. De igual manera en el municipio se están solicitando el uso de 22 fuentes de aguas  por parte de empresas mineras (según Corantioquia) en las cuales se incluyen 19 fuentes de agua entre Conde y Barro Blanco, y otras 3 en el corregimiento de Alegrías, que abastecen de agua a cientos de campesinos/as. También en Caramanta se viene dando el fenómeno de la concentración de la tierra, en donde al igual que en todo el suroeste, el 0,46% de los propietarios poseen el 45% de las tierras (según el DANE), las cuales seguramente pasarán a ser de uso minero.
Este modelo de desarrollo en nada favorece a la mayoría de los habitantes del país, Caramanta y otros municipios vecinos como Támesis, Jericó, Valparaiso, Pueblo Rico, Tarso, Jardín, Marmato, Supía y Riosucio, en los cuales se presenta esta situación con la minería y que en cambio producen café, plátano, caña panelera, yuca, maíz, hortalizas y legumbres, frutas, leche y carnes desde tiempo de antaño, culturas que quedarán cubiertas por la codicia del oro, riqueza material y poder, y que sólo dejarán como legado a nuestros hijos la DESTRUCCIÓN de los bosques nativos, del aire puro, del agua potable y de la identidad campesina, así como la división de la comunidad y otros males sociales que generalmente rodean las explotaciones mineras como la drogadicción, la prostitución y el encarecimiento del costo de vida.
Bajo la disculpa de sacar al pueblo de la pobreza y la desigualdad se viene proponiendo empleo que sólo abarca sólo el 1% en el país en las diferentes fases, exploración y explotación, pues se requiere de personal altamente calificado para operar la maquinaria que también se trae de otros países.
Así, el cambio climático y los problemas ambientales se agudizan, mientras se cambia el uso del suelo de agrario a minero, sin consultarlo a la comunidad y sin presentar ampliamente sus implicaciones e impactos. Es por eso que debemos exigir claridad entre todos los sectores de la comunidad caramanteña, a las empresas mineras, al gobierno local, a la corporación autónoma regional (Corantioquia) y a la secretaria de minas. Por todo lo anterior acordamos exigir organizadamente NO permitir más la entrega de títulos mineros y concesiones para proyectos minero-energéticos, así como la evaluación de los conflictos y de impactos socio-ambientales no considerados por las empresas mineras.

Caramanta – Antioquia, 28 de Abril De 2012 

Estudios sin independencia para obras con grandes impactos


En algo tiene razón este artículo es necesario “recalcular con independencia su costo-beneficio”* ambiental, social y económico, todos los megaproyectos del país como los de Autopistas de la montaña como lo dice el artículo, necesitan no sólo recalcular con independencia sino realizar todos los estudios de impacto ambiental y social con independencia.

Por más seriedad y objetividad que se aduzca por parte de las firmas que realizan este tipo de estudios y cálculos, no es posible tal seriedad sin independencia, el gran problema está en los intereses que imponen su lógica incluso en los estudios, por no ser estos independientes, son muchos los casos de biólogos, ingenieros, sociólogos en los que las presiones de la empresa que paga el estudio no permiten su actuación científica.

Para el caso del megaproyecto hidroeléctrico Ituango, los mineros y mineras del cañón del Cauca ubicados en la playa conocida como Sardinas han observado como las muestras sobre la existencia de oro en la zona tomadas por personal de la represa –que usan chalecos con el nombre de la Universidad de Antioquia- se extraen por los propios mineros, con indicación expresa en este sentido, de los lugares en los que menos oro hay “hagamos un cateo en donde no saquen casi nada” sin entender porque hacen esta solicitud, los mineros acceden porque les pagan el trabajo. A no ser que esta sea una clara intención para el estudio  (estudio que las comunidades desconocen su finalidad y objetivos) lo cual es difícil, en tanto seria la contratación de los lugares en donde más oro se encuentra con los lugares en donde menos oro se encuentra, contrastación como parámetro científico indiscutible para la mayoría de estudios serios que se quieran realizar.

De tras de esta situación hay una discusión que más que poner en duda el grado de cientificidad del proceso, pone en duda la ética misma de los profesionales, no es nueva esta situación, por más que el procedimiento de laboratorio, de análisis de las muestras sea riguroso, todo depende de la muestra, de su tratamiento y por su puesto del lugar elegido para tomarla, tanto en estudios de aguas, como de suelos, de especies, entre otros, este es un aspecto metodológico fundamental para el estudio, podría decirse, el más débil de la cadena, él más fácil de influenciar.

Pero esto ocurre no sólo en los estudios de las ciencias duras, sino en las ciencias sociales, con grabes impactos sobre las comunidades, estos son los casos de supuestos consensos, o de marcos de referencia para el pago de compensaciones económicas realizados con un reducido número de miembros, por ejemplo sería interesante saber ¿Cuál fue la muestra poblacional que permitió establecer los valores, del Manual de Valores Unitarios?, que además no tuvo en ningún caso, discusión alguna con las comunidades afectadas en sus actividades económicas, distintas a los propietarios de terrenos, pues fueron estos últimos los que eligieron a su representante Rafael Mazo ante la comisión tripartirta y este firmó, aún desconociendo temáticas como la minería artesanal y ancestral del Cañón del Cauca, por toda esta comunidad. Repito Sería interesante saber por ejemplo la muestra poblacional específica para la comunidad minera a la luz de los nuevos datos censales aportados a la opinión pública por el proyecto hidroeléctrico Ituango, 1.402 mineros y mineras afectados, puesto que en el momento en que se firmó dicho manual, la población minera que se suponía censada era de 600 personas, estos datos variables siempre variables, no sólo por los intereses en juego sino por los enfoques y perperpectivas que inciden de forma determinante en los estudios sociales, son sólo la punta del iceberg de un tema que no se ha discutido en el país ¿Quién debe ser el responsable de la realización de estudios de impacto ambiental? ¿A cargo de quien deben estar los estudios sobre megaproyectos que afectan el ambiente y a las comunidades? ¿Será que en algún momento las empresas mineras y de generación de energía han tenido la seriedad suficiente para reconocer este sesgo evidente en sus estudios?

Sobre esta última pregunta vale la pena resaltar como recientemente se vienen utilizando los nombres de reconocidas universidades que legitimen los estudios, aunque la fuente del recurso sea la misma.  Esta estrategia ha servido para ocultar las reales presiones que sienten los trabajadores y científicos de las distintas áreas, así sean contratados por una universidad, quien pone el dinero pone las condiciones.  Resulta no menos que preocupante que las universidades públicas y sus profesionales se presten para este juego de intereses que más que beneficiar a la sociedad a la que se deben, lo que generan es aumento de desconfianza en las instituciones públicas, esta vez en las académicas.